Comunicado de prensa

 

La CMDPDH promueve punto de acuerdo sobre seguridad pública y derechos humanos en el estado de Baja California, ante el Senado de la República; la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República lo dictaminará en febrero de 2010.

Amnistía Internacional presentó el día de ayer su informe “México. Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del Ejército”, en el que retoma como ejemplo dos casos documentados por la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN) y la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDPDH): 25 policías arraigados en el 28vo Batallón Militar “Aguaje de Tuna” y 4 civiles detenidos y arraigados en la Segunda Zona Militar, ambos en Tijuana, Baja California.

Cabe mencionar que Amnistía Internacional en su informe resalta que “El arraigo es una forma de detención preventiva sin cargos en la cual la persona detenida no es llevada ante el juez y con frecuencia se le niega el acceso a sus familiares o a un abogado independiente de su elección. Los sospechosos pueden ser detenidos en lugares no siempre reconocibles como centros de detención oficiales. Mecanismos internacionales de derechos humanos como el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (E/CN.4/2003/8/Add.3, 17 de diciembre de 2002, párrs. 45‐50) y el Comité contra la Tortura (CAT/C/MEX/CO/4, 6 de febrero de 2007) se han referido al arraigo como una forma de detención arbitraria en la que los detenidos son vulnerables a la tortura, y han pedido su supresión.” Como ya habíamos establecido anteriormente, los casos presentados por la CCDHN y la CMDPDH documentan las torturas, tratos crueles e inhumanos de los cuáles fueron víctimas las personas bajo arraigo en Baja California; de esta manera fue presentado también el tema durante la Audiencia Temática “Seguridad Pública y Derechos Humanos en Tijuana, Baja California” que la CCDHN y la CMDPDH, junto con algunos familiares de las víctimas, sostuvieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 5 de noviembre.

Suscribimos las recomendaciones hechas por Amnistía Internacional, entre las que destacamos: que las acciones del Ejército cumplan estrictamente con el derecho internacional de los derechos humanos, que se asegure que las autoridades civiles investiguen inmediatamente las denuncias y casos referidos, que se revise la legislación que permite que el Ejército se involucre activamente en actividades de seguridad pública, que se eliminen las órdenes de arraigo que permiten que los militares llevar a cabo esta práctica sin la supervisión de las autoridades civiles, que la PGR haga públicos los centros de detención en los que se lleva a cabo la práctica del arraigo y se restrinja el alcance de la jurisdicción militar, y finalmente que se “asegure que las víctimas, sus familiares y los defensores y defensoras de los derechos humanos que hacen campaña para que se haga justicia en casos de graves violaciones de estos derechos perpetradas por miembros del ejército reciban protección eficaz contra amenazas y agresiones para que puedan continuar con su actividad legítima de conseguir que se sepa la verdad y se haga justicia sin temor a sufrir represalias”.

Asimismo, la CMDPH promovió la presentación de un punto de acuerdo ante el Senado de la República; dicho punto de acuerdo sobre seguridad pública y derechos humanos en el estado de Baja California fue presentado por José Luis García Zalvidea y por Salomón Jara Cruz, senadores del Partido de la Revolución Democrática, el jueves 3 de diciembre, durante la sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Senado de la República; el punto de acuerdo ya fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que encabeza la senadora Rosario Ibarra del Partido del Trabajo y se espera que dicha Comisión trabaje su dictaminación en febrero de 2010.

En este contexto, el 25 de agosto del año en curso, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, la CCDHN y la CMDPDH enviaron una carta abierta a Felipe Calderón en la que exponían diversos casos documentados de graves violaciones de derechos humanos a manos de militares en varios estados de la República. En respuesta a esta comunicación, la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación envió información sobre los casos a través del oficio UPDDH/911/4515/2009, en la que refiere que PUNTEO MAYRA.

 

Para conocer más información visite www.cmdpdh.org
Mayra López, abogada de la CMDPDH, defensa2@cmdpdh.org
Raúl Ramírez, director de la CCDHN, ccdhbc@yahoo.com
Para coordinar entrevistas contactar con Gabriela Gorjón, comunicacion@cmdpdh.org.

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