Blanca Mesina, hija de una víctima mexicana de tortura en Tijuana, ha recibido una amenaza de muerte. La abogada de la víctima, Silvia Vázquez Camacho, también ha recibido una amenaza de muerte, y alguien arrojó un cóctel molotov contra la furgoneta de su familia.

Miguel Ángel Mesina López fue uno de los 25 policías detenidos y torturados por el ejército en Tijuana, estado de Baja California, en marzo de 2009. El 28 de febrero de 2010, su hija, Blanca Mesina Navarez, recibió una amenaza telefónica. Blanca Mesina ha trabajado con la abogada de derechos humanos Silvia Vázquez Camacho y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) para pedir justicia en el caso de su padre. Entre otras cosas, en octubre de 2009 compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 2 de febrero de 2010, los padres de Silvia Vázquez Camacho recibieron una amenaza telefónica en su casa. El 17 de febrero, oyeron ruidos procedentes del exterior de la casa y fueron a investigar. Vieron la furgoneta de la familia ardiendo, y dos hombres que huían. Tras apagar el fuego, vieron que un cristal estaba roto y encontraron en el interior los restos de un cóctel molotov, que se había utilizado para iniciar el incendio.Además de su trabajo en el caso de Miguel Ángel Mesina López, Silvia Vázquez Camacho y la CMDPDH han estado documentando violaciones de derechos humanos, incluidas torturas y malos tratos, contra otros sospechosos recluidos en la base militar de Tijuana.ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

• pidiendo que Blanca Mesina Navarez, Silvia Vázquez Camacho y la familia de ésta última reciban protección, conforme a sus propios deseos;
• pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las amenazas telefónicas realizadas contra ambas mujeres y sobre el ataque contra el vehículo de la familia de Silvia Vázquez;
• instando a que se investiguen a fondo los posibles vínculos entre las autoridades públicas y las personas que están tras las amenazas;
• recordando a las autoridades su compromiso de respetar y defender la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, que reconoce la legitimidad de las actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos y su derecho a llevar a cabo dichas actividades sin obstáculos ni temor a represalias.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 14 DE ABRIL DE 2010 A:

Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta

Secretario de Gobernación Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.,06600, MÉXICO

Fax: +52 55 5093 3414

Tratamiento: Sr. Ministro

Lic. José Guadalupe Osuna Millan

Gobernador del Estado de Baja California

Edificio del Poder Ejecutivo 3er Piso, Calzada Independencia No. 994, Mexicali B.C. CP 21000

Fax: (686) 558-1178Correo-e.:gobernador@baja.gob.mx

Tratamiento: Sr Gobernador

Arturo Chávez Chávez

Procurador General de la República

Procuraduría General de la República

Av. Paseo de la Reforma nº 211-213, Col. Cuauhtémoc, Del. CuauhtémocMéxico D.F., C.P. 06500, MÉXICO

Fax: +52 55 5346 0908

Correo-e.: ofproc@pgr.gob.mx

Tratamiento: Señor Procurador General

Envíen también copia a: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Tehuantepec 142, Col. Roma Sur, 06760 México, DF y a la representación diplomática de México acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.En la amenaza telefónica recibida por Blanca Mesina Navarez le dijeron: “hija de tu chingada madre, ya deja el asunto de los policías o te va a ir mal”.En la llamada amenazadora recibida por los padres de Silvia Vázquez Camacho, el autor de la llamada dijo: “ya sé quién eres, te tengo ubicada […] tú andas denunciando muchas cosas […] los Zetas te están buscando para matarte”. A continuación se identificó como miembro de la Procuraduría General de Baja California y dijo: “se van a chingar a esta vieja si sigue denunciando, ya la están buscando”.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos de México sufren amenazas, ataques, cargos penales de motivación política y encarcelamientos por encabezar protestas o por promover el respeto de los derechos humanos. El gobierno ha accedido a proporcionar medidas de protección a los defensores y defensoras en peligro, pero aún no ha elaborado un mecanismo para proporcionar protección efectiva y creíble en muchos casos. En particular, las investigaciones sobre las personas que se ocultan tras las amenazas y los ataques rara vez dan lugar al procesamiento de los autores; la impunidad es la norma en estos casos, y deja abierta la posibilidad de nuevos ataques.  En noviembre de 2009, Amnistía Internacional publicó un informe titulado México: Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército (AMR 41/058/2009), que documentaba varios casos de tortura y detención arbitraria en la base militar de Tijuana, estado de Baja California, y los esfuerzos de víctimas, familiares y defensores y defensoras de los derechos humanos por presentar denuncias. Estos casos son sistemáticamente investigados y juzgados por el sistema de justicia militar, que no garantiza una investigación independiente e imparcial, y da lugar a la impunidad para la gran mayoría de los responsables.La CMDPDH ha presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición para que dicte medidas cautelares que pidan a las autoridades mexicanas que garanticen la seguridad de Silvia Vázquez Camacho.

AU: 46/10 Índice: AMR 41/016/2010 Fecha de emisión: 03 de marzo de 2010