El Estado debe ser el primer garante de la seguridad de la persona. Por ello, es preocupante que las recientes reformas constitucionales configuren un sistema de excepciones a los derechos, propiciando espacios para la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, como la detención arbitraria, la afectación a la libertad personal, la vulneración de la  presunción de inocencia, la tortura e incomunicación.

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