Comunicado de prensa

7 de octubre de 2010

  • ·       Procedimiento insuficiente para considerar que el Estado mexicano cumple cabalmente la sentencia de la CoIDH; existe escepticismo de familia y organizaciones que le acompañan

Casi 10 meses después de la notificación al Estado mexicano de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, la Procuraduría General de la República (PGR), a través del Ministerio Público de la Federación, del 4 al 6 de octubre pasado dio inicio a la segunda etapa de excavaciones en el excuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero. La continuación de las excavaciones forma parte de las acciones tendientes a esclarecer el paradero del señor Radilla Pacheco, disposición que constituye una de las principales medidas de reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana en su sentencia.

Si bien la familia Radilla, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) han insistido en la necesidad de continuar con los trabajos de excavación, las diligencias ordenadas son recibidas con escepticismo por estas últimas,  en vista de las opiniones de los diferentes expertos internacionales que han asesorado a la familia Radilla en el desarrollo de las investigaciones.

En esta ocasión, la familia Radilla, como coadyuvante, contó con el acompañamiento del arqueólogo forense Leonel Paiz Diez, de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). Dicho experto fungió como perito por parte de la coadyuvancia, lo cual le permitió intervenir en las diligencias y formular observaciones y recomendaciones.

Entre las observaciones formuladas por el perito Leonel Paiz, destaca el hecho de que en esta diligencia la PGR se limitará a trabajar únicamente en zonas que habían sido ya excavadas previamente, aunque con  ampliaciones; además de que se trata de zonas que pertenecían a áreas sociales o visibles de lo que fuera el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, lo cual, conforme a la experiencia, reduce las probabilidades de realizar algún hallazgo de restos óseos. Cabe recordar que dicha observación ya había sido formulada años antes por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), durante su intervención en la primera etapa de excavaciones en al año de 2008.

Por lo anterior, la FAFG recomendó ampliar el área de búsqueda a zonas aledañas al excuartel militar, en lugares alejados y poco visibles, para lo cual sugirió la realización de una diligencia de inspección ocular, con la participación de peritos en arqueología forense, para la búsqueda sistemática de indicios de la presencia de fosas clandestinas.

La familia Radilla, la AFADEM y la CMDPDH reiteran que su principal interés es el esclarecimiento de los hechos, incluyendo la localización o determinación del paradero final del señor Rosendo Radilla Pacheco, y en consecuencia están dispuestos a colaborar con el Estado mexicano para el mejor desenvolvimiento de la indagatoria y asimismo brindará su apoyo para la realización de las próximas excavaciones.

Sin embargo, también considera que dichas diligencias son en sí mismas insuficientes para considerar que el Estado mexicano está dando cumplimiento cabal a la sentencia de la CoIDH. Para cumplir completamente con la sentencia de la CoIDH, el Estado mexicano deberá realizar diligencias adicionales y agotar todas las hipótesis y líneas de investigación posibles. En este sentido, la PGR debe asumir una actitud proactiva para tratar de recabar la mayor información posible sobre la suerte final del señor Radilla Pacheco y otras personas desaparecidas, así como tomar en cuenta las sugerencias y opiniones de los peritos que lleguen a asesorar a las víctimas en ejercicio de su derecho constitucional de coadyuvancia.

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