• Organizaciones de derechos humanos solicitan a Secretaría de Gobernación, Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida en el Estado de México.
  • México es nuevamente demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por impunidad en caso de feminicidio en el Estado de México.

México D.F., 8 de diciembre de 2010.- En la actualidad la lucha contra el narcotráfico, la violencia extrema y el ambiente generalizado de inseguridad que se vive en el país, han llevado al Estado mexicano a invisibilizar los asesinatos de mujeres, a pesar de que éstos se han incrementado en los últimos años. Tan sólo de enero de 2009 a junio de 2010, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó 1,728 feminicidios en sólo 18 estados del país.

Es lamentable que a 17 años de haberse reconocido esta problemática, el Estado mexicano no cuente con información precisa de la violencia contra las mujeres y los feminicidios, a pesar de que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007, en su artículo 7° transitorio mandata la creación de un Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

No obstante lo anterior, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a través de la información proporcionada por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la obtenida en las recientes comparecencias de Procuradores estatales ante la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados y los resultados del monitoreo realizado, revelan que en los estados de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Veracruz yEstado de México existen alarmantes niveles de violencia contra las mujeres, sin soslayar que hay estados en los que las autoridades no proporcionaron suficiente información para analizar la problemática del feminicidio, como Quintana Roo, Chiapas y Baja California, entre otros; en los cuales es URGENTE se declare una Alerta de Violencia de Género.

La existencia de un contexto de impunidad y permisibilidad estatal en el que el Estado de México violenta los derechos humanos a la vida, integridad y seguridad de las mujeres mexiquenses y de toda mujer que transita por su territorio, ha llevado a  la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. y al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio a solicitar ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presidido por la Secretaría de Gobernación, una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida en el Estado de México, mecanismo previsto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; con el objeto de que se conforme un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género para que investigue y se tomen acciones urgentes para erradicar la violencia feminicida.

Los hallazgos demuestran que existe un patrón sistemático de violencia contra las mujeres en el Estado de México, el cual no está siendo atendido debidamente por parte de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, pues de los 922 homicidios de mujeres cometidos entre enero de 2005 y agosto de 2010, destaca que las autoridades ignoran o desconocen quién es el homicida en el 56.72% de los crímenes y sólo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida (pareja, familiar o vecino), la autoridad conoce la identidad del victimario (35.47%), contrario a esta información, las autoridades han pretendido reducir la problemática del feminicidio al ámbito familiar.

La información proporcionada por la Procuraduría demuestra la existencia de un contexto de impunidad y permisibilidad del estado en el que las graves deficiencias en las investigaciones son consecuencia también, de un patrón de discriminación contra las mujeres. Ejemplo de esto lo constituye el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez, mujer asesinada en febrero de 2004 por su esposo y su cuñado, quien a pesar de haber denunciado previamente violencia intrafamiliar y de tener a sus menores hijos como testigos presenciales de los hechos, su caso se encuentra en la impunidad por las irregularidades que desde el inicio de la investigación permitieron la valoración deficiente de tres magistrados de una sala penal en el Estado de México. Por lo anterior, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. junto con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. denunciaron nuevamente al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos perpetradas en este caso, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (CDD)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)

Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI) 

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