Por Juan Carlos Gutiérrez Contreras*

Esta pregunta podría sorprendernos. Al reflexionar sobre este interrogante muchos pensaríamos que la humanidad resolvió el asunto desde el siglo XIX cuando se pretendió conjurar gradualmente la tortura ceremonial inquisitoria como parte esencial del procedimiento penal. Esta operación fue ilusoria. Ya no existen los cadalsos y las maquinas de flagelos son piezas tenebrosas de museo que atestiguan los gritos de dolor por ellas extraídas.

Hoy asistimos perplejos a nuevas y diferentes formas de tortura apartadas del ritual penal medieval. Los actos de suplicio contemporáneo se realizan fuera del dominio público; se tortura en el contexto de operaciones policiales o militares, para combatir al enemigo, obtener datos de los miembros de un grupo o simplemente obtener una confesión que permita resolver un asunto judicial. Bajo “la tortura moderna”, el secretismo de los calabozos se cobija detrás de la retórica de la negación estatal, pues estos actos son “incivilizados” e “ilegales”, pero “justificados”.

Los apologistas de la tortura insisten, en general, en el clásico argumento de la eficacia expedita: las autoridades se ven obligadas a aplastar a los delincuentes que comprometen la vida de personas inocentes y que ponen en peligro a la sociedad. Pretenden justificar los sufrimientos, “repudiables”, pero “necesarios”, de una persona, con la noción de que se le infieren con el único propósito de defender un “bien superior”. No caigamos en engaños: todo aquel que se propone alcanzar el fin del derecho, debe proceder conforme a éste; no se puede justificar la protección de un derecho afectando otro mediante la invocación del falso dilema de “lograr la eficacia en la persecución y el castigo de los delitos”, de lo contrario, el pulso necesario en cualquier Estado de Derecho, entre el respeto a la ley y la eficiencia, puede, justificando la necesidad de torturar, erosionar los cimientos de éste y justificar abiertamente el abuso de poder.

Este debate en el actual contexto mexicano adquiere gran relevancia, en tanto, diversos sectores sociales y gubernamentales abiertamente justifican la necesidad de la tortura en el combate al crimen organizado, lo cual no deja de preocuparnos. La tortura en México ya es demasiado común en las investigaciones judiciales y un “eficaz instrumento” para obtener “presuntos culpables“.

En su informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes emitido en mayo de 2010 sostiene que en México persiste la habitualidad de la tortura y considera que esta situación se debe, entre otras causas a la inercia por parte de los agentes del ministerio público en perseguir el conocimiento de actos de tortura. Por su parte, en el contexto del 5º Examen Periódico de México, el Comité de Derechos Humanos de la ONU se manifestó igualmente preocupado sobre la persistencia de la tortura en el país, e indicó en lo tocante a las víctimas de tortura que solo a un número reducido se le ha concedido una reparación tras las actuaciones judiciales. De igual manera, diversos organismos y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Parlamento Europeo, han llamado la atención sobre los crecientes abusos que ha traído en los últimos años la militarización de la seguridad pública, entre ellos, el incremento de casos de tortura.

A pesar de los señalamientos y denuncias internacionales y sociales, en los últimos años en el ámbito federal no ha habido una sola sentencia condenatoria por tortura. Es evidente que su práctica se justifica en la actuación deliberada de agentes del estado y en la omisión del ministerio público en investigar las denuncias, lo que incentiva perniciosamente a los perpetradores a seguir cometiendo estos deleznables hechos condenados por nuestra Constitución y el derecho internacional.

Lo más lamentable de esta situación es que nos acostumbramos a estos hechos y peor aún damos oído a términos que pretenden suavizar la realidad, confundiendo tortura con “técnicas necesarias de investigación” o “denuncias injustificadas”. No caigamos en la trampa, la tortura no está justificada bajo ninguna circunstancia.

Quizás mañana cualquiera de nosotros se podrá enfrentar ante un ministerio público a contar una historia que cada día es más frecuente en nuestro país y que intuimos dormirá el sueño de la injusticia en uno de los anaqueles que contienen miles de historias similares:

… nos empezaron a preguntar por personas y yo les dije que no sabía nada y me empezaron a torturar en una cama, con una cobija arriba, del cuello para abajo, y una bolsa en la cara, asfixiándome, golpeándome en las costillas y en la panza sofocándome, ahí perdí el conocimiento como dos veces por lo mismo de la tortura…Testimonio de una persona torturada en Tijuana, Baja California, en 2009.

*Director General de la CMDPDH.

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