Por Sergio Méndez Silva*

México es un claro ejemplo de la lucha que debe librarse constantemente para lograr que los derechos humanos sean una realidad para todas y todos. El camino, sin duda, ha estado plagado de obstáculos, y pese a que ahora no se puede afirmar que el recorrido ha llegado a su fin, es preciso reconocer que el pasado 8 de marzo se dio un momento clave en esa historia con la aprobación por el Congreso de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, sin duda la más importante que nuestro país ha impulsado en muchas décadas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales.

Esta Reforma manifiesta en su trayectoria el trabajo de muchos años de un grupo plural y amplio de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, representantes de la academia, legisladores e instituciones que pugnaron para que los derechos humanos fueran elevados a rango constitucional y que la Constitución se convirtiera en un catálogo mínimo de derechos humanos que pueda ser ampliado por los tratados internacionales, así como por cualquier norma que implique una mayor protección de los derechos en México. En este sentido, el nuevo artículo 1º de la Carta Magna ha determinado la existencia de un “bloque de constitucionalidad” garantista que estará en expansión constante.

 

Además, todas las autoridades, tanto administrativas como judiciales, tienen la obligación constitucional de no interpretar restrictivamente las normas que contemplan derechos humanos (principio de progresividad). Esto implica, que toda autoridad tiene la obligación de interpretar las normas siempre de la manera más favorable para los gobernados (principio pro persona).

Asimismo, con la reforma constitucional en materia de amparo (en discusión en el Congreso) las posibilidades de defensa de los derechos humanos se amplían. Por ejemplo, la reforma al amparo mexicano permitirá que más personas accedan a la Justicia Federal y que la Suprema Corte se pronuncie, en ciertas circunstancias, por la inconstitucionalidad de leyes con efectos que beneficiarán a todas las personas y no solamente a quienes promueven un juicio.

Si la Reforma es de antemano significativa por sus contenidos, la necesidad de su aprobación es tanto mayor cuanto se da en un momento en el que la situación de los derechos humanos en México es un verdadero foco rojo: violaciones generalizadas de los derechos e impunidad, tal como lo acaba de señalar, por citar un ejemplo entre muchos, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.

Desde luego, como todo gran cambio, la Reforma tiene sus detractores, como muestra la embestida de algunos grupos intolerantes ligados a altos jerarcas religiosos que han recurrido a la estratagema de la confusión, intentando frustrar la aprobación de la reforma por los congresos locales mediante premisas falsas e infundadas, por ejemplo afirmar que la prohibición de la discriminación por preferencias sexuales implica la protección de conductas delictivas como la pederastia. Esa posición es falaz, porque la protección de un derecho no implica en ningún momento la violación de otro, ni mucho menos la tolerancia de delitos.

Ni el contexto ni las oposiciones han debilitado la Reforma, sino que, en cambio, la fortalecen. Un botón de muestra sobre ello es que, en una posición contrastante, muchas personas y organizaciones comprometidas con los derechos humanos y la vigencia del Estado democrático de derecho han celebrado la aprobación destacando el inmenso avance que significará para el país. De este aval citamos un ejemplo reciente: en su comunicado del pasado 1 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “saluda la aprobación en México de un proyecto de reforma constitucional que, entre otras cosas, eleva a rango constitucional los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por México” y “espera que el proyecto sea aprobado por los Estados mexicanos para que pueda entrar en vigencia.”

La Cámara de Diputados ha remitido la minuta de la Reforma para su aprobación por las legislaturas locales, como lo ordena la Constitución. Ya sólo falta el último paso y no hay que confiarnos. Debemos mantener la exigencia de que la Reforma sea una realidad formal y, más importante aún, que una vez que entre en vigor sea una realidad material, palpable en la vida de todas y todos.

*Director de Defensa de la CMDPDH.

Share This

Comparte

Comparte este post en tus redes.

Shares
A %d blogueros les gusta esto: