Por Mariclaire Acosta*

Existe una tendencia de incremento de la actividad delictiva en México desde hace tiempo según los datos de laEncuesta Nacional sobre Inseguridad del INEGI de 2009. La principal fuente de violencia y de inseguridad proviene de las actividades de la delincuencia organizada así como, lamentablemente, de la política de seguridad implementada a fin de combatirla durante la presente administración.

Se puede decir que actualmente México vive un proceso de desbordamiento del crimen organizado que diariamente amenaza la paz y la tranquilidad de la población y pone a prueba tanto la fortaleza de sus estructuras de seguridad como la de sus instituciones jurídicas y políticas.

La presencia y actividad del crimen organizado en nuestro país, especialmente del narcotráfico, es un fenómeno de larga data, el cual fue tolerado por las autoridades durante décadas. Su expansión desproporcionada se debe a una multitud de factores entre los cuales hay que señalar a) la transnacionalización creciente del crimen, b) factores sociales , económicos y demográficos internos, c) una crónica impunidad y un muy deficiente comportamiento del sistema de justicia, en donde los niveles de impunidad son altísimos pues de cada cien detenidos, sólo tres llegan a ser sentenciados, d) la carencia de un marco normativo adecuado para hacer frente al fenómeno desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, e) la posición geográfica de México, al lado del mercado de drogas en Estados Unidos – el mayor del mundo- y el trasiego de armas de alto poder desde ese país al nuestro, f) y la inserción del país en la globalización.

Durante muchos años, en el régimen de partido de estado que terminó en el 2000, las autoridades contuvieron la violencia de los carteles de narcotraficantes principalmente mediante pactos y otros mecanismos informales de control.

La alternancia política que significó la destrucción de un régimen político centralizado, y la conflictividad creciente de las organizaciones criminales provocada por la disputa de rutas, plazas y los nuevos mercados internos, ha provocado el desbordamiento de la violencia. De esta manera, se puede decir que en México “…se libran actualmente tres guerras de intensidades variables. Dos de ellas estarían relacionadas con el comportamiento de los carteles de narcotráfico al interior y entre ellos (una entre grandes carteles y otra entre bandas delictivas de narcomenudeo en localidades), y la tercera es la que despliega el actual gobierno federal.”

En este contexto de confrontación violenta, la penetración del crimen organizado en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia es considerable. Como botón de muestra, se ha informado que en el Estado de México cerca del 90% de las bandas de secuestradores detenidas cuentan con uno o más policías o expolicías entre sus integrantes.

La política de combate al crimen organizado de la actual administración consiste en debilitar a los carteles de la droga mediante el despliegue de la fuerza militar, la reorganización de las corporaciones policiacas y la erradicación de la corrupción. Para ello cuenta con la colaboración de los Estados Unidos, quien ha reconocido su corresponsabilidad en el problema, mediante la Iniciativa Mérida.

En la realidad concreta, ésta se traduce en reducir la oferta de drogas mediante el decomiso de drogas, dinero, armas y vehículos; b) la erradicación de plantíos; c) detenciones, incluyendo el uso de medidas cautelares y técnicas de investigación pre-procesales tales como la prisión preventiva automática, el arraigo, los cateos y las intervenciones de comunicaciones. Asimismo, el despliegue de las Fuerzas Armadas en labores de combate a bandas delictivas mediante patrullajes militares en calles y espacios públicos, retenes en avenidas y carreteras, y participación del Ejercito y la Marina en detenciones y en el resguardo de los detenidos. Según datos oficiales hay más de 60 mil elementos de las Fuerzas Armadas en estas labores, además del número de elementos militares activos o en retiro al frente de corporaciones policiacas en 17 de los 32 estados de la Federación.

Nueve estados son los más afectados por este incremento de la violencia homicida (57%), y estos son aquellos en donde se han intensificado las operaciones de las Fuerzas Armadas en el contexto de la “guerra contra la delincuencia organizada”.

La explicación más plausible de este fenómeno inquietante apunta a que la noción de estado de derecho que pretende imponer la actual administración dista mucho de la noción de un estado democrático de derecho, basado en el respeto y protección plena e integral de los derechos humanos, y en el que la ley sea igual para todos y todos sean iguales ante la ley.

En lo referente a las reformas a las instituciones de seguridad y de justicia las noticias son desalentadoras: el cambio del sistema de justicia penal a uno adversarial y acusatorio apenas ha iniciado en unos cuantos estados y claramente se ha mostrado incapaz de afrontar los tipos de delitos y la violencia criminal que los azota (v.gr. Chihuahua), pero además está lastrada por el establecimiento de normas paralelas de excepción, reflejadas en la actuación sin controles democráticos de las Fuerzas Armadas y el establecimiento de un sistema dual de justicia penal inspirada en la doctrina del “derecho penal del enemigo.”

En suma, la política actual de combate a la delincuencia y la implantación de normas paralelas de excepción (sistema dual de justicia penal, iniciativa de reforma de la Ley de Seguridad Nacional, iniciativa de reforma del Código de Justicia Militar y la iniciativa de reforma constitucional para el establecimiento de un Mando Único Policial), revelan la existencia de un enfoque autoritario y represivo en el combate del crimen organizado el cual ha producido pocos resultados, ha incrementado notoriamente la violencia y la criminalidad en los territorios en disputa entre los carteles, además de extenderla en otras regiones del país como lo revelan los datos contenidos en el informe y los testimonios que hemos escuchado en esta audiencia sobre la violación sistemática de los derechos humanos contenidos en prácticamente todos los tratados del sistema interamericano.

Extracto de la participación en la audiencia Seguridad ciudadana y derechos humanos, el 28 de marzo de 2011 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Washington DC. El Informe entregado a la CIDH fue elaborado por Mariclaire Acosta y Silvano Cantú de la CMDPDH.

 

* Integrantre del Consejo Directivo de la CMDPDH

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