Comunicado de prensa

CP/03-120511

México D.F., 12 de mayo de 2011.- Organizaciones de la sociedad civil y personas abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la posible remisión a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en los próximos días de un dictamen de reforma a la Ley de Seguridad Nacional (LSN) que otorgue a las fuerzas armadas poderes de excepción que abren las puertas a violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.

Nos parece inapropiada la prisa de algunos legisladores que han impulsado el documento de trabajo del diputado Alfonso Navarrete Prida que provocó una oposición franca por parte de la sociedad civil, académicas/os e incluso de numerosos diputados y diputadas, que podrían aprobar rutas de dictaminación que representen un nuevo intento de trámite por la fast track de la LSN; lo anterior sobre todo considerando que el 10 de mayo un grupo amplio y plural de expertos en seguridad y representantes de organizaciones de la sociedad civil enviamos un atento oficio a los presidentes de las Comisiones de Gobernación, Defensa Nacional y Derechos Humanos para efectos de que, con base en los artículos 177 numeral 2 y 179 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abra una consulta pública, informada y plural en torno a la reforma de la Ley de Seguridad Nacional (se adjunta).

Consideramos que toda redacción de la reforma a la LSN debe sujetarse a la obligación objetiva del Estado mexicano de garantizar el respeto y protección irrestrictos de los derechos humanos, incluyendo el derecho humano a la seguridad, con la debida integralidad e indivisibilidad de todos los derechos de los que las personas somos titulares, lo que implica que la protección de un derecho jamás representaría la suspensión o restricción de otro en un estado de normalidad democrática.

El dictamen que apruebe la Cámara de Diputados deberá acatar lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la prohibición de aplicar extensivamente la jurisdicción militar a casos en los que se encuentren civiles involucrados.

Asimismo, debe incorporar los estándares y recomendaciones internacionales en materia de seguridad ciudadana, a fin de que la seguridad que provea el Estado responda a un enfoque integral, comprensivo de las dimensiones sociales, políticas y económicas de la innegable problemática de seguridad que hoy atraviesa nuestro país, y no sola ni privilegiadamente al uso de la fuerza. No deben soslayar las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos ni la imperiosa necesidad de que la fuerza tenga controles que favorezcan al respeto irrestricto de las instituciones democráticas y el Estado democrático y social de derecho.

Enfatizamos que cualquier iniciativa de reforma a la LSN debe ser discutida ante el acompañamiento permanente de la sociedad civil, para que antes de llevar los dictámenes al Pleno de la Cámara de Diputados se formule una propuesta que recoja puntos de vista plurales.

Agnieszka Raczynska, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”
Carlos Fazio, Investigador de la UNAM y UACM
Miguel Concha Malo, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. 
Silvano Cantú, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)

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