Por Marieclaire Acosta *
La política actual de combate a la delincuencia y la implantación de normas paralelas de excepción (sistema dual de justicia penal, iniciativa de reforma de la Ley de Seguridad Nacional, iniciativa de reforma del Código de Justicia Militar y la iniciativa de reforma constitucional para el establecimiento de un Mando Único Policial), revelan la existencia de un enfoque autoritario y represivo en el combate del crimen organizado el cual ha producido pocos resultados, ha incrementado notoriamente la violencia y la criminalidad en los territorios en disputa entre los carteles, además de extenderla en otras regiones del país como lo revelan los datos sobre la violación sistemática de los derechos humanos contenidos en los tratados de derechos humanos firmados por México.
La explicación más plausible de este fenómeno inquietante apunta a que la noción de estado de derecho que pretende imponer la actual administracion dista mucho de la noción de un estado democrático de derecho, basado en el respeto y protección plena e integral de los derechos humanos, y en el que la ley sea igual para todos y todos sean iguales ante la ley.
Irónicamente, en el empeño por imponer un “Estado de Derecho” entendido éste únicamente como la recuperación del monopolio de la violencia por parte de las instituciones del Estado, se ha roto el sistema de regulación del antiguo régimen, basado en acuerdos políticos y el uso selectivo de la ley, desencadenando así una ola de violencia implícita en esas relaciones de poder. Desgraciadamente, la imposición del orden mediante el uso privilegiado de la fuerza no se ha visto acompañado de un esfuerzo igualmente consistente por disuadir a la delincuencia mediante el empleo de estrategias menos brutales, ni por construir una nueva institucionalidad basada en normas democráticas, ni tampoco por atacar las causas estructurales que alimentan la inseguridad imperante.
Es necesario, en consecuencia, conducir la mirada hacia otras formas de combate a la inseguridad y la delincuencia que sean capaces de comprender el carácter integral del problema, y que se orienten a fortalecer soluciones democráticas y respetuosas de los derechos de las personas. Algunos de éstos modelos se están explorando en otras regiones del mundo y en la propia América Latina, aunque por desgracia, aún son poco conocidos en nuestro país.
Una propuesta, entre otras, que reviste especial interés por su carácter integral fue elaborada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad, proponiendo los elementos básicos para el diseño de una política criminológica comprehensiva, racional y democrática en México a fin de establecer políticas públicas que den respuesta a la delincuencia de manera preventiva, y no reactiva como sucede hoy en día.
Una política criminológica de tal magnitud debe ser capaz de preveer y no sólo de reaccionar ante la violencia y la criminalidad. Debe basarse en el registro y análisis constante de la experiencia colectiva, para lo cual se requiere de un análisis riguroso del contexto social en el que se desarrolla el crimen y la evaluación constante de los resultados de la misma.
De esta manera, una política racional en materia de seguridad pública debe ser capaz de orientar las acciones colectivas hacia tres fines básicos independientes entre sí: 1. Sancionar al criminal y proteger a la víctima, es decir, garantizar la justicia; 2. Abatir las tasas delictivas; y 3. ahondar y mejorar las relaciones entre la comunidad y las autoridades.
Por añadidura, una política criminológica que persiga tales fines descansa necesariamente en postulados fundamentales como son el respeto irrestricto a los derechos humanos y las garantías constitucionales; que las acciones emprendidas procuren causar el menor daño posible y estén sujetas a una evaluación objetiva permanente a través del ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas; y que su aplicación esté libre de intereses y necesidades particulares, sobre todo de índole política. Es imprescindible, además, que dicha política goce de un fundamento jurídico y político sólido que garantice la continuidad y constancia en su aplicación. En otras palabras, debe ser una política de Estado y no de gobierno.
Es por ello que rechazamos la Ley de Seguridad Nacional que hoy nos convoca, pues dicha ley sería un paso más hacia la construcción de un Estado de excepción institucionalizado, socavando los esfuerzos de tantos años por consagrar la democracia en nuestro país.
La falta de un sistema de justicia eficaz está claramente resquebrajando el tejido social y fracturando el Estado de derecho. La ineficacia procesal del sistema inquisitorio aún vigente en la mayor parte de la República, así como la inhabilidad de sus operadores para sancionar al criminal y proteger a la víctima, han dado como resultado los altos índices de impunidad que padecemos, así como la generación de mayores incentivos para la criminalidad.
Disminuir la tasa de violencia y criminalidad en el país requiere mucho más que aumentar las capacidades de las fuerzas policíacas y militares. Hay que reparar las fallas procesales y procedimentales del sistema de justicia para garantizar que personas inocentes no sean inculpadas por crímenes que no cometieron y que aquéllos culpables sean realmente llevados a prisión.
Tenemos frente a nosotros una gran oportunidad para hacerlo. La reciente reforma constitucional en derechos humanos aunada a la del sistema de justicia penal de 2008 constituyen el andamiaje para construir una política de seguridad ciudadana basada en el respeto y la garantía de los derechos y las libertades democráticas. Una política que convoque a la ciudadanía a construir un México más justo y solidario, con instituciones democráticas sólidas y confiables, capaces de abatir los temibles niveles de violencia y criminalidad que amenazan con socavar los fundamentos mismos de nuestra nación y a la par de ello proteger y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos.
La tentación de combatir la inseguridad con métodos autoritarios y discrecionales desgraciadamente no es privativa de nuestro país. Cuando el Parlamento español bajo el gobierno socialista, aprobó en 1992 la Ley de Protección Ciudadana que incluía una habilitación a la policía a entrar en domicilios con una simple sospecha y sin ningún tipo de intervención o verificación judicial, el Tribunal Constitucional se pronunció con una sentencia memorable en la que se establece sin lugar a dudas la inconstitucionalidad del precepto. Cito aquí lo que me parece pertinente para nuestra actual situación: “La interpretación y aplicación legislativa de los conceptos constitucionales definidores de ámbitos de libertad o de inmunidad es tarea en extremo delicada, en la que no puede el legislador disminuir o relativizar el rigor de los enunciados constituionales que establecen garantías de los derechos ni crear márgenes de incertidumbre sobre su modo de afectación. Ello es no solo inconciliable con la idea misma de garantía constitucional, sino contradictorio, incluso, con la única razón de ser –muy plausible en sí- de estas ordenaciones legales, que no es otra cosa que la de procurar una mayor certeza y precision en cuanto a los límites que enmarcan la actuación del poder público, también cuando este poder cumple, claro está, el deber estatal de perseguir eficazmente el delito. La eficacia en la persecución del delito, cuya legitimidad es incuestionable, no puede imponerse, sin embargo, a costa de los derechos y libertades fundamentales.”
La actual Ley de Seguridad Nacinal que se discute en el Congreso es un esfuerzo más por militarizar la seguridad pública y dotar de atribuciones extraconstitucionales a las Fuerzas Armadas, lo cual socavará inevitablemente las instituciones democráticas que con tanto esfuerzo hemos construído en nuestro país. El único camino viable para garantizar nuestra seguridad como sociedad y como Estado es el respeto irrestricto a la norma constitucional, a la separación de poderes que proporciona los contrapesos necesarios para el ejercicio del poder, y la protección efectiva de los derechos humanos.
Extracto de la ponencia en el Foro Nacional Democracia, Seguridad Nacional y Derechos Humanos, el 21 de junio de 2011 Cámara de Diputados.
* Integrante del Consejo Directivo de la CMDPDH