Por Silvia Vázquez Camacho*

En México las defensoras y los defensores de derechos humanos nos encontramos, paradójicamente, en la indefensión. En la actualidad, el clima de violencia y la política de seguridad que promueve el uso desproporcionado de la fuerza hacen que la labor que desempeñamos mujeres y hombres en la defensa y promoción de los derechos humanos en todo el país sea de alto riesgo.

El Informe Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo, elaborado por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (OACNUDH) en México da cuenta de 37 agresiones tan sólo en el periodo septiembre 2009 – octubre 2010, en las que el factor común es la impunidad: 98.5% de los hostigamientos, amenazas e incluso asesinatos quedan sin resolver.

Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas señala en su informe 2010 que México es el segundo país con mayor número de denuncias de amenazas contra defensores y defensoras entre 2004 y 2009.

Casos emblemáticos en este círculo de impunidad, para citar sólo dos del amplio número de agresiones, son los de la defensora de Chihuahua Marisela Escobedo, quien durante años exigió justicia por el feminicidio de su hija, y durante una manifestación pacífica en diciembre de 2010 fue baleada; en Guerrero los defensores Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueron secuestrados por un grupo armado y días después encontrados sin vida.

Ante esta ausencia de garantías para ejercer el derecho a defender los derechos humanos, la OACNUDH y organizaciones de la sociedad civil impulsan con la Secretaría de Gobernación la creación de un mecanismo intergubernamental de protección a defensores y defensoras, que cuente con la participación de la sociedad civil y que sea de acción rápida.

Dicho mecanismo responde a la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos la cual estipula en su artículo 2:

“1. Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades.

“2. Los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar que los derechos y libertades a que se hace referencia en la presente Declaración estén efectivamente garantizados.”

Este esfuerzo conjunto de la OACNUDH, organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones gubernamentales para brindar garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos se prevé que sea presentado en breve, sin embargo, existen preocupaciones de que pueda ser tan sólo un acto protocolario y que no culmine en un mecanismo real de protección, tal y como ha sucedido con el mecanismo de protección a periodistas, del cual se tiene sólo la firma el convenio en el que participan la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin que a la fecha existan las reglas de operación.

Las condiciones en las que se defienden los derechos humanos en México, hacen urgente la creación de un mecanismo de protección a nivel federal efectivo que garantice una vida digna a las y los defensores.

* Abogada del Área de Defensa de la CMDPDH.

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