Por Octavio Amezcua Noriega*

En junio de este año, la máxima casa de estudios tomó la iniciativa, junto con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, de organizar un foro para analizar la situación crítica que vive México y proponer soluciones a la misma. En este foro participaron expertos nacionales e internacionales y a partir de lo ahí expuesto, una comisión designada por la misma UNAM se dio a la tarea de redactar un documento que sintetiza las ideas vertidas en el foro.

En sus casi cuarenta páginas, el documento titulado Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia por una parte realiza un breve pero profundo análisis sobre las causas que tienen al país sumergido en una ola de violencia y por otra parte, en lo que constituye la parte sustancial del documento, propone vías concretas de solución a la inseguridad y falta de justicia que padece México. El documento plantea una problemática compleja y soluciones desde múltiples ámbitos, lo cual obliga a destacar aquí algunas de las ideas expuestas.

En lo que respecta al análisis de los problemas que aquejan al país, lo primero que cabe destacar del documento son las múltiples críticas que se hacen a la política de seguridad del Gobierno Federal. Por un lado las críticas van dirigidas al marco conceptual y de diseño de las políticas sobre seguridad y justicia impulsadas desde el Gobierno Federal. Así, se critica la expansión incorrecta del concepto de seguridad nacional a fin de dotar al Estado de más facultades en perjuicio de la actividad ciudadana; que la política de seguridad ponga a las instituciones antes que a los ciudadanos y que dichas políticas no estén formuladas a largo plazo; que no haya una congruencia entre las políticas sobre seguridad y justicia; que la planeación esté basada más en experiencias anecdóticas que en metodologías claras; y que el tema de prevención del delito ocupe un lugar secundario frente al castigo del mismo.

Pero por otro lado, se cuestiona también la puesta en práctica de la actual política gubernamental. En este sentido, se citica el que las acciones contra la delincuencia han sido meramente coyunturales, antepuestas por intereses de partido; la corrupción y falta de transparencia en el accionar de las instituciones avocadas al tema; la falta de capacitación de funcionarios de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia; la falta de legitimidad de las autoridades frente a la ciudadanía; la retórica de confrontación del Estado frente a sectores de la población que han sido cooptados por organizaciones criminales; y el auge de la violencia en todos los niveles sociales como respuesta a la crisis social en la que estamos inmersos.

Ante este panorama, una de las principales propuestas de los expertos es el diseño de una política en la que el respeto por los derechos humanos sea transversal en todos los aspectos de aquella. Los derechos humanos no deben ser considerados como un elemento más de la seguridad y la justicia; ni siquiera como un fin de las políticas en torno a estos temas. El respeto a los derechos humanos debe ser la base y razón de ser de la política de Estado en su tarea de brindar seguridad y justicia a la población. Por esto, las medidas que debe tomar el gobierno para hacer frente a la violencia en la que vivimos son profundas y van desde la reorganización del aparato estatal y la producción de indicadores que permitan divisar a qué nos estamos enfrentando, hasta medidas concretas de protección de los derechos de la ciudadanía y de las propias autoridades que están involucradas en esta tarea. En este sentido, una de las recomendaciones formuladas en el documento es el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El documento creado por especialistas deja entrever que los problemas en los que estamos inmersos son complejos y las medidas para su solución requerirán un gran esfuerzo de la sociedad mexicana en su conjunto. En todo caso, este documento debería de tomarse como un referente para iniciar una reforma de Estado que debe ser emprendida en cuanto antes. Es de esperarse (y así lo han insinuado tanto autoridades como organizaciones civiles) que a partir de estas ideas se genere un debate nacional que lleve a la modificación sustancial de la hasta ahora infructuosa política de seguridad emprendida por el gobierno, incluyendo las actuales pretensiones del gobierno en torno a la Ley de Seguridad Nacional. En este sentido, es de aplaudirse la postura que ha tomado nuestra máxima casa de estudios como generadora de este debate hoy tan necesario. A partir de esto y ante la demostrada incapacidad de nuestra clase política para generar consensos, los especialistas proponen que tanto la UNAM como otras instituciones de educación pública se conviertan en el foro de discusión y lanzamiento de esta gran reforma. Esperamos que así sea.

* Abogado del Área de Defensa de la CMDPDH.

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