Por Octavio Amezcua Noriega*

 

 

En la mañana del día 13 de agosto de 2002, el señor José María Cirilo Ramos Tenorio salía de su trabajo en la Comisión Nacional del Agua para realizarse unos estudios médicos, cuando fue interceptado por un vehículo del cual descendieron tres sujetos, quienes sin identificarse y con golpes, se lo llevaron a la ciudad de Tlaxcala. Mientras tanto, el estudiante Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra se encontraba con su novia en una estación del Metro, cuando sujetos que se identificaron como policías judiciales lo detuvieron diciéndole que debía comparecer a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. El señor Sergio Rodríguez Rosas y el joven Hugo Abraham Rodríguez Salvatierra, respectivamente padre y hermano de Oswaldo, al enterarse salieron de su domicilio con el objetivo de enterarse de la situación de su familiar cuando fueron detenidos y llevados por la fuerza a Tlaxcala sin explicaciones de por medio.

Esa misma mañana, el joven Jorge Hernández Mora se encontraba en su hogar en Ecatepec, cuando policías judiciales de Tlaxcala llamaron a la puerta. Sin dar explicaciones, los policías detuvieron a Jorge con violencia y se lo llevaron. Los acompañaron Marisol, hermana de Jorge, y el novio de ésta, el joven Ricardo Almanza Cerriteño, para informarse acerca de la detención de Jorge.

Todas estas personas fueron enviadas a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJET). Una vez ahí, todos fueron torturados de la manera más atroz: fueron amarrados de pies a cabeza y sumergidos en una cisterna; recibieron toques eléctricos en los testículos y chorros de agua con gas por la nariz; y los amenazaron con hacer daños a sus familiares. Todo esto para que declararan pertenecer a una banda de secuestradores y grabar sus voces simulando una llamada telefónica en la que se pide un rescate por el secuestro. Esto incluso aplicó para Marisol, quien fue liberada unas horas después tras haber sido objeto de tormentos, a pesar de que sólo fue a Tlaxcala para informarse acerca de la detención de su hermano Jorge. El joven Ricardo Almanza no corrió con la misma suerte, pues a su llegada a la PGJET fue torturado y presentado como secuestrador.

Lo anterior fue sólo el inicio de la pesadilla por la que pasaron estos ciudadanos en nada diferentes a usted o a mí. Aunque Hugo Rodríguez fue liberado unos meses más tarde, los demás fueron juzgados por el delito de secuestro y sentenciados a 60 años de prisión, a pesar de todas las irregularidades del caso. Así por ejemplo, las acusaciones están basadas en información proporcionada por un agente de la policía de Tlaxcala y en una supuesta “red de vínculos” obtenida a través de registros de llamadas telefónicas.

Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones y documentación realizada por los familiares de las personas afectadas así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), se ha probado hasta el cansancio que el supuesto agente de la policía nunca trabajó para la corporación y que la policía de Tlaxcala nunca solicitó el registro de llamadas a las compañías de teléfonos. Esto demuestra que las acusaciones fueron inventadas. Por el contrario, abogados y familiares de las víctimas cuentan con más de 400 pruebas que demuestran la inocencia de los sentenciados. ¿Bajo qué consigna ha actuado el poder judicial de Tlaxcala para mantenerlos presos?

¿Pero porqué las autoridades de Tlaxcala habrían de cometer semejante injusticia? Se ha probado también, y es de conocimiento público en Tlaxcala, que en esos años eran las propias autoridades de la Procuraduría de Tlaxcala las que dirigían a bandas de secuestradores. Cuando el problema de secuestros en la entidad llegó a tal gravedad que la Procuraduría General de la República solicitó la atracción de los casos, las autoridades de Tlaxcala tuvieron que recurrir a chivos expiatorios para evadir responsabilidades.

Aunque los familiares de las víctimas han contado con el apoyo de abogados y de organizaciones de derechos humanos, para quienes los asistimos es inspiradora su lucha por conseguir justicia. Ha sido dramática la forma en que los familiares se han convertido en activistas y verdaderos peritos legales para poder dialogar con las autoridades. De igual forma, ha sido desgarrador acompañar al señor Ricardo Almanza, quien con lágrimas en los ojos imploraba a las autoridades que le informaran sobre el paradero de su hijo, el cual ha sido cambiado de centros de reclusión sin conocimiento de sus familiares; o a la señora María Isabel, hermana de José María, quien ha suplicado a las autoridades que brinden atención médica para su hermano que ha tenido graves problemas de salud desde que está en reclusión.

José María, Sergio, Oswaldo, Jorge y Ricardo están por cumplir 10 años en prisión, por un delito que no cometieron. El pasado 15 de diciembre de 2010 la CMDPDH y el CCTI hicimos del conocimiento del Sr. Juan Méndez, Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas el caso Tlaxcala. Asimismo, la Organización Mundial Contra la Tortura y el Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura se han pronunciado a favor de las personas afectadas.

En noviembre de 2010 fue presentado un amparo directo, el último recurso que tienen ante la justicia mexicana para ser declarados inocentes. En próximas fechas este recurso será resuelto por los Magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. En sus manos está la oportunidad de que personas inocentes vuelvan a respirar la libertad y de que cientos de personas volvamos a tener fe en la justicia mexicana.

* Abogado del Área de Defensa de la CMDPDH.

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