Informe: El impacto en México de la figura del arraigo penal en los derechos humanos

Septiembre 2011

La figura del arraigo fue introducida en la Constitución mexicana en 2008 como una medida federal preventiva para privar de libertad a personas sospechosas de pertenecer al crimen organizado. Supuestamente, el arraigo es utilizado como un medio para investigar a presuntos delincuentes, pero en la práctica, se utiliza como un tipo de vigilancia pública que permite más tiempo a las autoridades para establecer si el detenido es culpable o inocente.

Esta medida constituye claramente una forma de detención arbitraria contraria a las obligaciones en materia de derechos humanos que México ha adquirido y viola, entre otros, los derechos de libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, las garantías del debido proceso y el derecho a un recurso efectivo. Por otra parte, el arraigo amplía las posibilidades de una persona de ser sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Este informe explica por qué la figura del arraigo es contraria a los principios de un Estado de derecho democrático y viola diversos tratados internacionales de derechos humanos que México ha ratificado, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Según cifras rastreadas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), un promedio de 1.82 personas son puestas bajo arraigo cada día a nivel federal y 1.12 a nivel local. Esto llevó a que fueran presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al menos 120 quejas por violaciones de derechos humanos en situación de arraigo entre 2008 y 2010, de las cuales 38% estaban relacionadas con una detención arbitraria, 41% debido a casos de tortura u otros tratos crueles o inhumanos, y 26% reclamaban tanto una detención arbitraria como tortura.

En ese sentido, deseamos solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exprese su preocupación por esta práctica contraria a las normas internacionales de derechos humanos, lo que claramente constituye una detención arbitraria y facilita las condiciones para la tortura. México debe tomar medidas genuinas para poner fin a esta práctica, por lo que una clara declaración sobre la necesidad de eliminar la figura del arraigo, tanto a nivel local y federal, contribuirá a este fin.

Informe completo en PDF

Share This

Comparte

Comparte este post en tus redes.

Shares
A %d blogueros les gusta esto: