Por Silvia Vázquez Camacho*

En el verano del 2009, un grupo de 98 policías hidalguenses fueron convocados por la jefatura de sus respectivas corporaciones para realizarles exámenes de confianza y revisión de armas; los uniformados llegaron a reportarse con sus superiores. Es así como el 24 de junio de ese año comenzaría una historia tocada por el dolor, angustia y la desesperación de verse prisioneros injustamente y al amparo de la impunidad.

Entre este grupo se encontraban los Sres. Juan Antonio Franco Bustos, Julio Cesar Sánchez Amador, Guillermo Lugo Avilés, Francisco Escamilla Amado, Jesús Garcés Jiménez y Alejandro Uribe Meza, quienes al llegar a sus sedes fueron desarmados con engaños y abordaron las unidades de la Policía Federal que ya los esperaban. Los agentes en el interior del vehículo notaron que tomaba rumbo distinto al que se les había comentado por sus superiores; en esta ocasión fuera del estado de Hidalgo, el destino final: las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en el Distrito Federal. Un día después, Raúl Batres Campos, Jefe Regional de la Agencia Federal de Investigaciones, seria alcanzado por la injusticia.

Mientras tanto, los familiares y abogados buscaban información sobre el paradero de los agentes, permaneciendo tres días a las afueras de las instalaciones de la SIEDO. De pronto se abrió la puerta de la información, salió un servidor público, quien se posó sobre las escalinatas, para enlistar los nombres de las personas detenidas en las instalaciones; ausente de esa lista, Raúl Batres Campos.

Una vez ahí permanecieron incomunicados y fueron sometidos a tratos crueles inhumanos, degradantes y torturados. Ingresados en diferentes celdas, en diferentes momentos recibieron toques eléctricos y los amenazaron con dañar a sus familiares. Todo esto para que firmaran declaraciones en las que se les incriminaba, declaraciones que eran presentadas por los Defensores Públicos Federales asignados por la SIEDO, donde se les relacionaba como integrantes de un grupo delictivo cuyas actividades eran el secuestro y el trasiego de droga.

Por la madrugada del cuarto día de su detención en las instalaciones de la SIEDO fueron trasladados al Centro Federal de Arraigos, donde permanecieron ochenta días. Familiares y abogados no recibían información. ¿Quién los señala? ¿De qué se les acusa? Preguntas que no tenían repuesta. En las afueras daba inicio un fuerte operativo de seguridad que rodeaba el lugar, unidades de la Policía Federal llegaban, en las que más tarde, con lujo de violencia a patadas y arrastrados en el asfalto, ingresarían a los agentes.

Esta detención plagada de irregularidades generó un auto de formal prisión sustentado en acusaciones de un testigo protegido, –una de las nuevas figuras del sistema acusatorio–, testigo que fielmente recordaba: rostro, nombre, vestimenta, tono de voz y cantidades exactas que él proporcionaba a un total de 214 agentes que colaboraban en los diferentes cuerpos policiacos del estado de Hidalgo, mismo testigo quien más tarde narraría como fue torturado para incriminar a los agentes. Esto solo fue el inicio de una serie de atrocidades que lastimarían la dignidad humana de cualquier persona; los agentes fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social de Villa Aldama, mejor conocido como el Perote, donde seguirían los tratos crueles y degradantes.

Ahí los agentes siguen siendo objeto de vejaciones; las condiciones carcelarias les han acarreado la pérdida de peso en un promedio de 25 a 35 kilogramos y por si no fuese suficiente han sido agredidos sexualmente. Además el centro penitenciario no proporciona atención médica y algunos de los internos sufren trastornos depresivos, convulsiones y por lo menos alguno de ellos esquizofrenia.

Estos hechos son conocidos por los órganos de control desconcentrados y por la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de quienes no se percibe la voluntad para atender este tipo de crímenes, que laceran la dignidad. Pero debemos también citar que por lo menos en sesenta y cinco ocasiones estos hechos los ha conocido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual ha resuelto mediante amigable composición estos hechos que pueden configurar delitos.

Sus procesos penales permanecen a la espera de desahogo de mil 498 pruebas, ya que ha transcurrido casi un año de que se turnó la causa, mientras los agentes y sus familiares viven a la espera y en el desafío del sistema de justicia mexicano.

Sobre el caso, destaca el reciente punto de acuerdo que senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos presentaron el pasado 25 de octubre; en septiembre se hizo del conocimiento al Relator Especial Sobre Detenciones Arbitrarias y se solicitó al Sr. Santiago Cantón, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas de protección para estos agentes, el día jueves 3 de noviembre recibimos comunicación donde nos informa que se le ha requerido información al Estado mexicano.

* Abogada del Área de Defensa de la CMDPDH.

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