Por Silvano Cantú Martínez*

La tragedia comenzó […] cuando resultó que no había mentes para heredar y cuestionar, para pensar y recordarHannah Arendt, Entre el pasado y el futuro

2011 vio nacer en México una Constitución renovada, cuyo impulso corresponde principalmente a la sociedad, así como nuevos desafíos a la democracia y las libertades, como la reiteradamente impulsada – y fracasada – ley deseguridad nacional o la persistencia del arraigo – detención arbitraria constitucionalizada -, que cada vez pierde más terreno (estados como Chiapas y Yucatán lo eliminaron ese año). Por ahora y al menos en el papel, el derecho democrático va venciendo al autoritario, pero poco nos mueve a echar campanas al vuelo: el escenario es hostil. Nos envuelve un tiempo que no comienza a ser pasado y no ha arrancado al futuro, que nos obliga a hallar nuevas plataformas para pensar, recordar, cuestionar y heredar una sociedad que hemos recibido incompleta y sin testamento. En los próximos meses, frente al proceso electoral, los tiempos se acelerarán y quizá la sazón pasará de página y alcanzará su identidad propia con nuestros actos. El fin de este texto es insinuar las formas de este impasse por lo que hace a los derechos humanos, las posibilidades de consolidar sus garantías y sus riesgos de menoscabo.

1.- El presente-pasado

Quizá se recordará a 2011 por su bipolaridad: por una parte, una tendencia a ampliar el régimen de tutela de los derechos, representada principalmente por la más importante reforma constitucional en la materia muchas décadas: la publicada el 10 de junio pasado (sin olvidar la también crucial reforma de amparo); por otra parte, una alarmante alza en el número y la intensidad de las violaciones de derechos humanos, la desprotección de las víctimas (a las que ahora se suman también los mismos elementos de las Fuerzas Armadas y policías, que han denunciado torturas, desapariciones y ejecuciones al interior de los cuerpos de seguridad), el uso indiscriminado de la fuerza represiva del Estado contra la población civil (incluyendo a defensoras/es de derechos humanos, movimientos sociales y periodistas, e involucrando una “fiesta punitiva” de arraigos y otras formas a menudo arbitrarias de privación de la libertad), los crecientes casos de feminicidio que permanecen impunes, y la ampliación de las desigualdades económicas. El aparato estatal se desbarrancó en la ilegalidad y la corrupción, y las organizaciones delictivas se ensañaron brutalmente contra la población, que quedó atrapada entre los combatientes (baste recordar el Casino Royale, entre otros).

2.- Notas para el futuro

Hablar del futuro es lanzar deseos. Apunto algunos de los temas que habrán de cruzar el debate público en materia de derechos humanos.

El más importante es la aprobación de la legislación secundaria prevista en los artículos transitorios de la reforma constitucional de derechos humanos, la más prioritaria de las cuales es la ley de protección y reparación integral del daño a víctimas de violaciones de derechos humanos. En este sentido, diversas iniciativas se discuten ya que deben recoger la participación de las propias víctimas, de la sociedad civil y los más altos estándares internacionales; de otro modo, si el debate de la ley se desvía hacia indemnizaciones cosméticas para víctimas del delito y no a las víctimas de todo tipo de violencia (del Estado o del crimen), como ocurrió en 2011 con la ineficaz Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, lo ganado en la Constitución se habrá perdido en la realidad, y la deuda del Estado para con las víctimas seguirá creciendo en tiempo y oprobio.

La nueva Constitución – que ahora incluye todas las normas sobre derechos humanos en los tratados internacionales – ya es totalmente aplicable por todas las autoridades, por lo que un tema crucial será que defensores, litigantes y autoridades judiciales hagan suyo un nuevo modo de aplicar el derecho en beneficio de las personas, por medio de herramientas nuevas como el control difuso de la convencionalidad, el criterio de interpretación conforme y el principio pro persona. La revolución judicial en marcha sin duda deberá fortalecer el marco garantista que anima al nuevo sistema acusatorio de justicia penal y extenderse a todas las materias del derecho.

Otros temas básicos son el establecimiento de un mecanismo efectivo de protección a defensoras/es de derechos humanos y periodistas, la abrogación de figuras y el desechamiento de legislaciones que consagran un comportamiento antidemocrático del Estado (como el arraigo o la ley de seguridad nacional) para, en cambio, impulsar normas que regulen el uso de la fuerza, combatan la corrupción y la impunidad, y persigan eficazmente el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas.

Finalmente, y por enésima vez, el cumplimiento cabal de las Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que implican, por citar dos de sus puntos comunes, la prohibición de la aplicación del fuero militar a violaciones de derechos humanos y la adecuación del marco jurídico para prevenir, investigar, sancionar y reparar las desapariciones forzadas de personas.

El nuevo derecho constitucional que se ha dado la sociedad es su mejor trinchera frente al avance de nuevas y viejas formas de autoritarismo y deberá condicionar al aparato estatal de modo tal que, bien orientado y litigado por vías jurídicas o políticas, la democracia pueda realizarse en México como un derecho a los derechos, exigible y justiciable para todas/os. La República no es la misma o al menos no debe seguirlo siendo tras las conquistas logradas y las que están por lograrse. La mayor tragedia será que callemos y nos rindamos, que nos paralicen los tiempos en vez de dar el salto a un futuro en que los derechos sean una realidad tangible; nuestro deseo para 2012 es ir más lejos en esa senda.

*Director de Incidencia e Investigación de la CMDPDH. 

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