Por Daniel Joloy Amkie *

 El 2012 ha iniciado con noticias negativas en materia de VIH y derechos humanos que plantean a México un panorama adverso para el futuro cercano. En días recientes, la CNDH reportó un incremento en las violaciones a derechos humanos en contra de personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana-Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH-SIDA), así como un mayor estigma y discriminación en su contra. Por otro lado, a lo largo de 2011, fueron denunciados continuos desabastos de medicamentos antirretrovirales para su atención y tratamiento, lo que demuestra que, contrario a lo que ha argumentado el Gobierno Federal, el acceso universal para este tipo de medicamentos aún no está garantizado. Aunado a todo ello, a partir de este año México dejará de recibir recursos del Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis.

Hoy en día viven en nuestro país aproximadamente 225 mil personas portadoras del VIH, de quienes se estima que 80% son hombres. Según estudios de la Secretaría de Salud, cerca del 60% de quienes son portadores del VIH lo desconocen, y únicamente el 27% de los pacientes reciben tratamiento antirretroviral.

Sin embargo, a pesar de que el total de casos acumulados en México de personas que viven con VIH continúa aumentando, aún no está garantizado el abasto permanente de medicamentos antirretrovirales para su tratamiento. Si bien en los últimos cuatro años se duplicó el presupuesto destinado a la compra de medicinas para controlar el VIH, el acceso a un tratamiento adecuado no está garantizado, según las propias declaraciones del Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA (Censida).

La cancelación de la Ronda 11 del Fondo Mundial y la disminución de los recursos financieros internacionales para solventar programas de prevención y atención del VIH exigen de nuestras autoridades la elaboración de una nueva estrategia que permita contar con los recursos adecuados para garantizar, por un lado, la atención adecuada a todas las personas que viven con VIH-SIDA en México, y por el otro, contar con programas efectivos de prevención del VIH.

Es fundamental para ello hacer un análisis de fondo sobre las estrategias de prevención y control del VIH las cuales se han centrado históricamente en grupos particulares, o “poblaciones en riesgo”, tales como los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), trabajadores y trabajadoras sexuales (TS) y usuarias y usuarios de drogas inyectables (UDI). Sin embargo, ante las adversidades que se prevén en el panorama, resulta urgente generar políticas públicas sectorizadas por grupo poblacional que vayan más allá de las generalidades grupales dirigidas a cambiar patrones de conducta.

Es particularmente necesario desarrollar políticas públicas de prevención que genuinamente incorporen una perspectiva de derechos humanos y un enfoque de género para fomentar un cambio en los patrones de conducta y evitar así conductas riesgosas que faciliten la transmisión del VIH. Se requiere transitar de un enfoque de “poblaciones en riesgo” hacia un enfoque preventivo que evite las “prácticas de riesgo”.

Para ello, resulta fundamental analizar a profundidad los efectos reales de los programas y políticas públicas implementadas hasta la fecha para evitar futuras transmisiones del VIH. Si bien las estrategias de atención al VIH-SIDA han estado en cierto modo focalizadas a grupos particulares que por sus conductas regulares presentan una mayor vulnerabilidad de contagio, aún es necesario entender y analizar dichos programas según las prácticas de riesgo en las que incurren, más allá de su propia pertenencia a dicho sector poblacional.

Para alcanzar dicho objetivo se requieren políticas de prevención libres de estereotipos y que tomen en cuenta la diversidad sexual, ponderando ante todo el respeto por los derechos humanos y la perspectiva de género, factores fundamentales para la correcta elaboración de una política pública que pueda ser realmente efectiva en la prevención de lo que ha sido por los últimos años el mayor problema de salud pública a nivel mundial.

El Estado mexicano tiene la obligación de implementar políticas públicas progresivas que garanticen el tratamiento y cuidado de la salud de todas las personas que viven con VIH-SIDA, la cual debe de incluir políticas de prevención, atención, tratamiento y control de la infección para garantizar la más alta calidad de vida de las y los usuarios del sector salud. El desabasto en medicamentos básicos para la atención y tratamiento del VIH, así como el aumento de violaciones a derechos humanos relacionadas con el estigma y la discriminación, pone de manifiesto el incumplimiento de nuestras autoridades en materia de acceso a la salud y VIH.

* Coordinador del Área Internacional de la CMDPDH.

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