Por Daniel Joloy Amkie*

Hace tan sólo unas semanas, el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, expresaba públicamente el compromiso del Gobierno Federal con la protección y la defensa de los derechos humanos, al tiempo que afirmaba que México “está abierto al escrutinio internacional, especialmente en materia de derechos humanos estamos obligados a emprender y mantener nuestra tarea de promoción y defensa de los derechos humanos; y a escuchar y atender las recomendaciones críticas y señalamientos de los distintos organismos.”

No obstante, las acciones del gobierno federal permanecen aún alejadas del discurso y tal parece que México lejos de permitir el escrutinio internacional, lo evade. Desafortunadamente, tras la cancelación de la visita a México del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias en el mes de noviembre pasado, hasta la fecha no existe la voluntad del Gobierno para retomar nuevamente la programación de dicha visita, la cual, dado el contexto de violencia por el que atraviesa nuestro país actualmente, resulta de la más alta importancia. Similarmente, a pesar de que México debía presentarse en audiencia pública ante el Comité Contra la Tortura para la revisión de los avances en materia de prevención y sanción de la tortura, el Gobierno decidió aplazar dicho examen hasta el próximo mes de octubre sin ninguna justificación o explicación.

Bajo el contexto de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”, emprendida por el Presidente Calderón desde finales del año 2006, la situación de inseguridad y violencia en el país se ha agravado alarmantemente. La violencia se ha incrementado de manera sensible en los últimos cinco años y los casos de violaciones a los derechos humanos van a la alza, siendo una de sus causas y manifestaciones más notorias la militarización de la seguridad pública, lo que ha llevado a la multiplicación de los casos de desapariciones forzadas, tortura, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales.

Particularmente resulta preocupante el incremento en la cifra de desaparición forzada de personas desde que dio inicio la actual administración. Según los propios informes de la CNDH, en 2006 se reportaron únicamente 4 quejas por ese motivo, mientras que en 2011 el número incrementó a 153. En total, se han presentado 436 quejas por desaparición forzada, de las cuales 230 correspondieron a los años 2010 y 2011 (más del 52%).

A raíz de ello, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) visitó nuestro país el mes de marzo del año pasado con el fin de obtener mayor información al respecto y formular recomendaciones que pudieran servirle al Estado para el combate a dicho crimen. Precisamente será esta semana en que el informe final será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, a lo que México deberá rendir cuentas al respecto.

El GTDFI señala en su informe que, de acuerdo a estimaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil, más de 3 mil desapariciones forzadas habrían ocurrido en el país desde 2006. Asimismo, ha señalado que el aumento en las desapariciones forzadas en México responde directamente a la estrategia emprendida por el Presidente Calderón para hacer frente a la problemática de seguridad pública en el país. En su opinión, el despliegue de miles de elementos militares para realizar labores de seguridad pública ha fomentado la comisión de delitos, puesto que las Fuerzas Armadas no se limitan únicamente a actuar como apoyo a las autoridades civiles y a aceptar sus órdenes, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a dichas autoridades civiles. Por tal motivo, el informe recomienda al gobierno mexicano considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública con el objetivo de poner fin a las desapariciones forzadas.

Por otro lado, la primacía de la jurisdicción militar en casos de violaciones a los derechos humanos en que se encuentran implicados militares dificulta aún más la interposición de un recurso frente a la desaparición forzada y promueve la impunidad de este crimen. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado ya en cuatro ocasiones al Estado mexicano a reformar el Código de Justicia Militar para que se excluya de la jurisdicción militar los casos en los que están involucrados civiles (casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega, Rosendo Cantú y Montiel y Cabrera). Sin embargo, a más de dos años de que se emitió la primera de esas sentencias, el Estado mexicano continúa incumpliendo con estas obligaciones.

Resulta evidente que la estrategia emprendida por el Gobierno de México para hacer frente a la problemática de seguridad pública en el país basada en el uso de la fuerza y la militarización está teniendo un impacto directo en el respeto y protección de los derechos humanos, así como en la propia vigencia del Estado de derecho; el despliegue de miles de elementos militares para realizar labores de seguridad pública ha fomentado la comisión de delitos, entre ellos de desaparición forzada, puesto que las Fuerzas Armadas no se limitan únicamente a actuar como apoyo a las autoridades civiles y a aceptar sus órdenes, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a dichas autoridades civiles.

Resultará por ello de fundamental importancia que México acepte las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y se comprometa a implementarlas cuanto antes. La situación actual exige del Gobierno acciones claras para dar respuesta al incremento en las violaciones a los derechos humanos, efectos que perdurarán en nuestra sociedad aún por mucho tiempo y que requerirán el compromiso también de quien resulte electo el próximo mes de julio. México no puede continuar evadiendo el escrutinio internacional ni sus obligaciones internacionales; para ello, se requiere mucho más que palabras vacías.

* Coordinador del Área Internacional de la CMDPDH.

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