México D.F., 29 de mayo de 2012

Comunicado de prensa

• Departamento de Estado de EU y Amnistía Internacional cuestionan la figura del arraigo en sus informes anuales sobre DDHH
• Candidatos a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal se pronuncian por la eliminación del arraigo en la ciudad de México

El arraigo en México como forma de detención previa al juicio es una práctica violatoria de derechos humanos, en específico el debido proceso lo cual facilita la tortura, coinciden en señalar el Departamento de Estado estadounidense y Amnistía Internacional en sus respectivos informes sobre derechos humanos en México presentados ayer.

Diversos organismos internacionales de derechos humanos, tanto de la ONU como de la CIDH, han manifestado abiertamente la necesidad de eliminar el arraigo de la legislación mexicana.

Organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a quienes contienden por la jefatura de Gobierno del Distrito Federal para cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos que han signado con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el que se comprometieron a eliminar la figura del arraigo del sistema de justicia penal en la capital del país.

Estas observaciones y recomendaciones, sumadas a los compromisos de las candidatas y el candidato a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, pudieran impactar favorablemente a los derechos procesales y la presunción de inocencia en el DF es, más allá de una simple promesa política, una obligación que pesa sobre el GDF, como se lee en los resolutivos de la Recomendación 02/2011 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (emitida en mayo de 2011 y hasta ahora no acatada por las autoridades locales), así como en reiterados llamados de 8 cuerpos de derechos humanos de la ONU (entre los más recientes el Comité de Derechos Humanos, la Relatora de Independencia de Jueces y Abogados y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas) y el Relator para México y sobre Personas privadas de la libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La eliminación del arraigo en el DF se sumaría a las acciones de varios estados de la República que han hecho lo conducente, tales como Chiapas, al haber retirado la medida de su código procesal penal y prohibió expresamente practicarla en la Constitución local; similarmente ocurrió en Oaxaca y Yucatán, y se discute ya también en otros estados como Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Tabasco y Sonora.

No queda lugar a dudas que la principal importancia de estos avances estriba en reforzar el consenso nacional en torno a la necesidad de eliminar definitivamente el arraigo tanto a nivel local como a nivel federal.

Por lo anterior, saludamos el compromiso de las candidatas y el candidato a la Jefatura del GDF y anticipamos nuestra voluntad de acompañarlas/o y estar atentos a los procedimientos pertinentes para que esta deuda del gobierno local se vuelva realidad.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD)

Mayores informes:

Comunicación Comisiòn Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Tel: (53) (55) 55 64-25 82
comunicacion@cmdpdh.org
www.cmdpdh.org
Twitter: @CMDPDH

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
Skype imdhdac
Tel (52) (55) 52 71 72 26
044 55 54143972
www.imdhd.org

Información de contexto

El pasado 24 de mayo se dio a conocer el informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo que emite año con año el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En su capítulo sobre México, sostiene: "En virtud de un procedimiento cautelar conocido como 'arraigo', algunos sospechosos pueden, con la aprobación de un juez, ser detenidos por hasta 80 días antes de la presentación de cargos formales. En la ausencia de cargos formales, las personas sometidas a detención administrativa no tienen derecho a representación legal y no son elegibles para recibir crédito por el tiempo servido si es declarado culpable. Durante su visita de julio, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navi Pillay, ha criticado esta forma de detención previa al juicio como una violación del debido proceso que facilita la tortura. Grupos de derechos humanos, incluida la CMDPDH, afirman que el arraigo se utilizó para obtener confesiones forzadas. En julio, el estado de Chiapas, declaró que la práctica ilegal."

Asimismo, Amnistía Internacional destaca sobre la utilización del arraigo en México: "Las reformas del sistema de justicia penal avanzaron con suma lentitud. Había varios factores que contribuían a que las sentencias condenatorias fueran poco fiables, como la detención arbitraria, la tortura, la falsificación de pruebas, la ausencia del debido proceso, la negación del acceso a una defensa efectiva y la inadecuada supervisión judicial de las actuaciones. La detención preventiva sin cargos (conocida como arraigo) durante 80 días siguió utilizándose de manera generalizada, lo que facilitaba la tortura y otros malos tratos y socavaba las garantías procesales.

Por otro lado, en un llamado hecho por la organización internacional a la y los candidatos a la presidencia en materia de derechos humanos, AI exhortó a: "Adecuar el sistema de justicia para que se conduzca de acuerdo a los estándares internacionales en derechos humanos, incluyendo eliminar el arraigo."
 

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