• • Instan al Máximo Tribunal a priorizar la discusión de los casos sobre fuero militar
  • • Los Ministros y Ministras deben analizar el tema con perspectiva de derechos humanos
  • • Temen organismos civiles injerencias indebidas del Ejército en la decisión

Comunicado de Prensa

México D.F. a 12 de junio de 2012.- Más de 76 organismos civiles de derechos humanos del país urgieron al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a agilizar la discusión de los más de 28 asuntos relacionados con el fuero militar que actualmente se encuentran radicados en el Máximo Tribunal. Asimismo, las organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos instaron a que dichos asuntos sean resueltos conforme a las obligaciones que se desprenden de los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado y ratificado, en línea con la reciente reforma constitucional en la materia.

La interpelación de la sociedad civil al Máximo Tribunal mexicano se da en respuesta al acuerdo 06/2012, que el 7 de mayo del 2012, emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través del cual ordenó que los expedientes relacionados con el fuero militar que están en instancias inferiores no sean resueltos hasta que la propia SCJN dicte sentencia en los asuntos que ya se encuentran radicados en dicho Tribunal. En el acuerdo se identifican al menos 26 juicios de amparo en revisión; 1 conflicto competencial y 1 amparo directo en revisión; en total, 28 asuntos relacionados con el fuero, algunos de ellos iniciados desde 2011, los cuales se encuentran distribuidos en las ponencias de la Ministra Olga Sánchez Cordero y el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Para las organizaciones, la emisión de dicho acuerdo implica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe iniciar la discusión en torno a dichos asuntos a la brevedad para no generar incertidumbre jurídica y en virtud del interés público que reviste dicha deliberación por entrañar el cumplimiento de una obligación internacional que el Estado mexicano, a través de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ha evadido reiteradamente. En esta medida, recordaron que México ha firmado y ratificado tratados internacionales de derechos humanos que obligan a acotar la extensión del fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos, deber que quedó reforzado en sus alcances por la reciente reforma constitucional en la materia.

Las organizaciones de la sociedad civil recordaron que en la inminente discusión judicial sobre el fuero militar deben ponerse al centro los derechos de las víctimas y no la razón de Estado o el cálculo político ante la coyuntura electoral. Así, señalaron que detrás de los expedientes que serán resueltos se encuentra la lucha que por años han impulsado las víctimas y sus familiares en casos como el relacionado con Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua ejecutado en un retén castrense durante el año 2009 en la Montaña de Guerrero, el cual está radicado bajo el número 133/2012; o el relacionado con Jethro Ramsés Sánchez Santana, joven empresario morelense torturado y asesinado en el año 2011 por elementos del Ejército en un cuartel militar. Por virtud del acuerdo 06/2012, los familiares de Bonfilio Rubio Villegas y de Jethro Ramsés Sánchez Santana hoy permanecen en la incertidumbre en tanto su caso sigue sin ser resuelto por la SCJN donde fue radicado desde inicios de este 2012.

Respecto de la importancia de la decisión que está en puertas, las ONG de derechos humanos señalaron que a lo largo del sexenio que está por terminar, los Poderes Legislativo y Ejecutivo incumplieron con los deberes derivados de la obligación estatal de acotar el fuero militar. Así, el Legislativo no aprobó la reforma al fuero militar complaciendo de esa manera las demandas de la cúpula castrense.

Por su parte, el Poder Ejecutivo desplegó una campaña de simulación en la que el Presidente Calderón públicamente se comprometía a instruir a las instancias de procuración de justicia para que los casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares pasaran al fuero civil, mientras la SEDENA seguía conociendo dichos casos al tiempo que combatía judicialmente las sentencias que le ordenaban acotar el fuero, como los emblemáticos casos de Bonfilio Rubio Villegas y Jethro Ramsés Sánchez Santana.

En ese contexto, los únicos avances se dieron en el Poder Judicial que se pronunció por una interpretación estricta de los alcances del fuero militar en el asunto Varios 912/2010, relativo al caso Rosendo Radilla, en una decisión que si bien buena parte de la comunidad jurídica nacional entendió como vinculatoria, reiteradamente ha sido desafiada por la SEDENA que incluso ha calificado como “ilegal” dicha resolución del Máximo Tribunal en casos como el de Bonfilio Rubio Villegas. De ahí que la resolución de los casos que actualmente se encuentran radicados en el Máximo Tribunal adquiera la máxima importancia y que tengamos temor que la SEDENA intente involucrarse a través de opiniones en un Poder que no le compete.

La Suprema Corte de Justicia, está frente a un momento histórico, pues ha establecido criterios que siendo desafiados por las Fuerzas Armadas hoy puede reforzar en casos como el de Bonfilio Rubio Villegas y Jethro Ramsés Sánchez Santana, tutelando así los derechos de las víctimas y los familiares de conformidad con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega, Rosendo Cantú y Montiel Flores y Cabrera García. Con ello la SCJN, en línea con lo que ya ha resuelto y atendiendo las obligaciones que le surgen de las sentencias, contribuirá a que el fuero militar no siga siendo un fuero personal, de suerte que subsista para preservar la disciplina militar como le es propio y de modo que se restablezcan los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, hoy tan necesarios.

Organizaciones:

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”(Guerrero); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., (Monterrey, Nuevo León); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Ciudad Juárez, Chihuahua). Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez (Ciudad Juárez Chihuahua); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; EQUIS Justicia para las Mujeres; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.; Litiga OLE, México; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todos y Todas” conformada por 71 organizaciones en 22 estados de la República y Servicios para la Asesoría y la Paz, A.C.
 

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