Por Rodolfo Domínguez Márquez *

En los últimos años, la violencia contra las mujeres se ha incrementado de forma alarmante a lo largo del país. A pesar de ello, las autoridades responsables a nivel federal y local, no han implementado las medidas integrales necesarias para erradicar este fenómeno. La violencia contra las mujeres se genera dentro de un sistema patriarcal, de desigualdad y exclusión social. Se ve agravado por un contexto de inseguridad y violencia generalizada en el marco de la estrategia de combate a la delincuencia organizada, en el que se identifica un patrón sistemático de impunidad, generado por la falta de investigación, juzgamiento y sanción por el sistema de administración de justicia.

Según el informe sobre Feminicidio en México, elaborado por ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Colegio de México, México ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres en el plano mundial, debido a que.los casos de feminicidio en el país han registrado un aumento sostenido desde el año 2007[1].

De acuerdo a cifras recopiladas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) entre 2007 y 2008 se registraron 1,221 asesinatos de mujeres sólo en 12 estados de la República (Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán). El análisis reveló que la violencia feminicida ocurría con mayor frecuencia contra mujeres de 21 a 40 años de edad (43% de los casos registrados) y en menor medida, contra niñas y jóvenes menores de 20 años (23%). En estos casos, 26% de los asesinatos se cometieron con arma de fuego, mientras que 43% de las mujeres perdió la vida como consecuencia de actos que implicaron el uso excesivo de la fuerza[2].

A partir del 2008, los índices de violencia contra las mujeres registraron un incremento sostenido, según reflejan datos recopilados por el OCNF. Entre enero de 2010 y junio de 2011, sólo en 7 entidades federativas (Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas) las Procuradurías Estatales de Justicia registraron 1,235 mujeres víctimas de presuntos feminicidios, de éstos, 320 sucedieron en el Estado de México, 169 en Tamaulipas y 168 en Sinaloa.

Desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto en 2005 hasta el 2010, se registraron 1003 casos de presuntos feminicidios en el Estado de México, concentrándose el 54% en diez municipios (Ecatepec de Morelos, con 118 casos, Netzahualcóyotl con 71, Tlalnepantla de Baz con 53, Toluca con 45, Chimalhuacán con 42, Naucalpan de Juárez con 40, Tultitlán con 35, Ixtapaluca con 31, Valle de Chalco con 30 y Cuautitlán Izcalli con 25 casos).

A partir de la información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México al OCNF, se reconoce que sólo en el 2011, se han cometido 282 asesinatos de mujeres en la entidad. Sin embargo, la Procuraduría sólo investiga como feminicidios 53 casos, a pesar de que en 63% de los casos, las víctimas murieron por actos que implican el uso excesivo de la fuerza, lo cual refleja la saña con la que fueron privadas de la vida.

Según la información recopilada por el OCNF, la edad de las mujeres víctimas descendió durante estos años, pues el 41% de las víctimas tenían entre 11 y 30 años de edad, mientras que el 35% tenía de 31 a 50 años. El 44% de las víctimas eran empleadas, estudiantes o comerciantes, mientras que el 24% eran amas de casa. Del total de las mujeres asesinadas, 51% de las víctimas murieron a consecuencia de golpes, quemaduras, traumatismos, asfixia o heridas punzo cortantes, mientras que el 46% de ellas murieron a causa de un arma de fuego.

Es preocupante que en el 56.72% de los asesinatos de mujeres, las autoridades desconocen quién es el agresor y homicida. Sólo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida (pareja, familiar o vecino) las autoridades conocen la identidad del victimario, y se le ha podido consignar, lo que refleja una falta de diligencia debida en la investigación de los feminicidios.

En México y en particular, en el Estado de México, se vive un patrón de impunidad sistémica, reflejo de la falta de acceso a la justicia. Frecuentemente las víctimas, al intentar acceder al sistema de justicia, son maltratadas y discriminadas. Es evidente la carencia de una política integral institucionalizada que garantice el acceso a la justicia para las mujeres, presentando fallas a lo largo de todas las etapas del proceso penal. En la etapa de investigación, las mujeres se enfrentan con retrasos injustificados, falta de realización de pruebas periciales clave para la investigación e intromisiones injustificadas en su vida privada, así como la culpabilización y descalificación por parte de las autoridades[3].

No obstante, una gran mayoría de los casos de violencia contra las mujeres continúan sin ser formalmente investigados, juzgados y sancionados por el sistema de administración y procuración de justicia, tanto a nivel federal como estatal. Ello responde, entre otras cosas, a la ausencia de cuerpos especializados que integren y realicen con eficacia y transparencia las investigaciones y averiguaciones previas. Así como la ausencia y desconocimiento de protocolos de investigación especializados para casos de feminicidio y el predominio de una cultura patriarcal en los impartidores de justicia que estigmatizan a las víctimas mediante la recurrente descalificación de sus declaraciones. Incluso acusando a las mujeres de haber provocado la violencia de que fueron objeto y que en su caso, denunciaron.

La información con la que se cuenta, confirma que las acciones implementadas por el Estado de México, no corresponden a la dimensión del fenómeno de violencia contra las mujeres en la entidad y la falta de acceso a la justicia para las mujeres. Aún cuando se han creado instancias como la Subprocuraduría Especializada de Delitos contra Mujeres, se ha tipificado el homicidio agravado por razones de género y se ha creado un Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Homicidio desde la Perspectiva del Feminicidio, no se ha resuelto de fondo el problema de discriminación, violencia e impunidad que persiste en la Entidad.

Este contexto de simulación se evidencia en la inexistencia de diagnósticos sobre el tratamiento que brindan a las víctimas, las autoridades responsables de atender y sancionar los diferentes tipos de violencia contra las mujeres. No se dan capacitaciones al personal encargado, ni existen procesos ni mecanismos para su selección, mucho menos, herramientas de seguimiento y evaluación de la atención que brindan a las víctimas de violencia.

Esto evidencia la falta de políticas reales que cumplan con el objetivo de erradicar la violencia, tanto en espacios públicos como privados, que se agrava con la violencia institucional que impera en las distintas instituciones gubernamentales. Refleja, no sólo el desinterés, la omisión y la negligencia en las investigaciones, sino también, la existencia de actitudes discriminatorias hacia las mujeres y niñas de la entidad, caracterizadas por valoraciones subjetivas plagadas de estereotipos, que minimizan la problemática y justifican la falta de atención.

Se requiere de un cambio estructural que trascienda el discurso político y se transforme en acciones concretas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto mediante una respuesta eficaz que garantice la protección, el acceso a la justicia y el actuar con la debida diligencia, a través de investigaciones adecuadas y sanciones a los responsables, que evite que se continúe perpetuando la impunidad, en el Estado de México y en el resto de la República Mexicana.

Es fundamental reafirmar que para construir una sociedad realmente democrática y respetuosa de los derechos de todas y todos, no basta con la existencia de leyes y mecanismos jurídicos que sólo reaccionen ante la persistencia de la violencia. Por el contrario, se requiere de normas y programas públicos que se acompañen de un verdadero cambio estructural en la impartición de justicia y en la elaboración de política pública, que modifique contextos culturales, políticos y económicos, fuertemente arraigados, que perpetúan la violencia contra las mujeres.

 

* Abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C.

[1] ONU Mujeres. “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009”. ONU Mujeres, INMujeres, Cámara de Diputados y COLMEX. México DF. Pp 33

[2] Observatorio Nacional Contra el Feminicidio. ”Una mirada al Feminicidio 2009-2010”

[3] Andión Ximena, “Entre dos fuegos: La impunidad sistémica de la violencia contra las mujeres en México”, en Superar la Impunidad: Hacia una estrategia para asegurar el acceso a la justicia. Coord. Mariclaire Acosta. CIDE. Pp 34

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