Por Edgar Cortez*

La justicia en México es un desastre y destaca de manera especial la justicia penal, aquella encargada de investigar y castigar delitos. De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2011) durante el año 2010 fueron cometidos 22,714,927 delitos en todo el país. De este número 20,897,336 no fueron denunciados, cantidad que representa la cifra negra llegando a un 92 por ciento. Entre las principales causas por la cuales las víctimas de delito no realizaron sus denuncias está que desconfián de las autoridades y la inutilidad de hacerlo, razones que alcanzaron el 48.5 de las explicaciones ofrecidas.

Esta impunidad, realidad instalada desde hace tiempo en nuestro país, fue una de las razones que impulsaron a la discusión y aprobación de la reforma penal que se publicó en Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Uno de los contenidos de esta reforma es transitar del actual sistema de justicia penal a uno distinto de tipo acusatorio y adversarial, lo que coloquialmente llamamos juicios orales. probablemente muchos de los lectores recuerden la película Presunto culpable, filme que retrata nuestro sistema penal con sus numerosas y graves deficiencias al mismo que dejó entrever la posibilidad de cambio.

El decreto de reforma estableció un plazo de ocho años para que el nuevo sistema penal estuviera funcionando en todo el país, tanto en los ámbitos federal como estatal y en la ciudad de México. Desde entonces han transcurrido más de cuatro años, es decir más de la mitad del tiempo establecido. ¿Dónde estamos actualmente?

En la actualidad el sistema penal acusatorio está vigente en dos estados, Chihuahua y el Estado de México; en otros siete se aplica de forma parcial, éstos son Oaxaca, Baja California, Zacatecas, Durango, Morelos, Yucatán y Chiapas. El resto de los estados y la ciudad de México están en diferentes etapas de preparación y aún no inicia su aplicación. En el terreno federal el sistema acusatorio aún no rige. Apenas en octubre de 2011 el Presidente Felipe Calderón envió un proyecto de Código Federal Procesal Penal que no fue aprobado por la anterior legislatura.

Una primera constatación es que el avance de este nuevo sistema es reducido y la mayoría de los Estados sólo cuentan con el sistema penal que desde hace décadas está en permanente crisis.

Para llevar adelante esta tarea el Gobierno Federal creó el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal que depende la Secretaría de Gobernación que a su vez cuenta con una Secretaría Técnica (SETEC). Esta instancia es la encargada  de la coordinación entre la Federación y los Estados; ofrece asesoría, capacitación y apoyos económicos para la tarea de poner en funcionamiento este otro sistema de justicia penal. Ni este Consejo, ni su secretaría técnica, han logrado hacerse de liderazgo para marcar el rumbo y ritmo del proceso general, además batallan pues al ser un país federal siempre se tiene que ir al ritmo y voluntad de los gobiernos locales; en consecuencia el desarrollo es muy irregular y a la fecha no se puede decir que exista un modelo homogéneo que oriente el rumbo de toda la transformación institucional.

El sistema penal acusatorio se fundamenta en la investigación y en la obtención de prueba objetiva y científica para sustentar la acusación en contra de una persona. Una vuelta copernicana con respecto al actual estado de cosas e impone que se debe formar un gran número de policías de investigación preparados para tal cosa; otro buen número de peritos expertos en muy diversas disciplinas que realicen trabajados técnicos de alta calidad y además Agentes del Ministerio Público que tengan una significativa capacidad organizativa para que todos estos recursos se integren en un trabajo de equipo y logren el objetivo marcado por el artículo 20 constitucional. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune.

No hay evidencia suficiente de que en todos y cada uno de los estados se esté desarrollando los procesos de formación de estos nuevos policías y tampoco que se esté fortaleciendo la transformación de los servicios periciales en institución científica y al alcance tanto de los acusados de delitos como de las víctimas del mismo. No quiero decir que nada se haga, ciertamente en muchos lugares hay trabajo de información y preparación de policías judiciales o de peritos, pero lo que no se palpa es un claro espíritu de transformación institucional como el que anima a la reforma.

Otro de los pilares del sistema acusatorio es que debe asegurar a las personas acusadas el derecho de una adecuada defensa, es decir que cuenten con un abogado profesional que los asesore y represente, lo que en mayoría de los casos debe suceder a través de un defensor público, un abogado pagado por el Estado al servicio de las personas. Este punto es otra de los acentuados déficits pues es un servicio de mala calidad y que puede convertirse en cómplice de numerosas injusticias.

En el actual proceso tampoco encontramos que los estados estén transformando a las Defensorías Públicas para convertirlas en instituciones poderosas y que puedan hacer frente al Ministerio Público en un plano de igualdad.

Lo anterior nos da una idea de dónde estamos en el tránsito de una justicia decadente a otra renovada y capaz de garantizar el acceso a la justicia a la ciudadania.

Cuando el nuevo gobierno federal inicie sus funciones le quedarán tres años siete meses para cumplir con el mandato de la reforma penal, tener funcionado el sistema acusatorio en todo el país, tanto en los planos local y federal.

El Presidente electo durante su campaña ofreció que aceleraría este proceso; para que sus palabras no sean huecas debera hacer frente a numerosos retos, entre los que están los siguientes:

1- Contar con un diagnóstico preciso de los realizado en estos poco más de cuatro años, tarea que parece no dejará lista la actual SETEC. Aquí aplica la máxima de que sin un buen diagnóstico no puede existir una buena propuesta.

2- Como parte del diagnóstico se debe realizar un trabajo riguroso de evaluación independiente de los logros en los Estados donde el sistema acusatorio ya rige e identificar, desde la experiencia, las buenas y malas prácticas.

3- Formular un plan de trabajo que especifique cuál será la ruta precisa para que el 18 de junio de 2016 el nuevo sistema de justicia penal sea una realidad tangible para la ciudadanía.

4- Diseñar y desarrollar una campaña masiva de información entre la población del proceso de transformación de la justicia penal y de esa manera hacerla participe de estas posibilidades. En la actualidad a pesar de la impunidad rampante no existe la expectativa de que otra justicia es posible.

La reforma penal abrió la posibilidad de una transición, es decir dejar atrás un sistema corrupto e ineficiente para trabajar en favor de un sistema transparente y moderno que haga efectivo el reclamo ciudadano de acceder a la justicia.

La responsabilidad de instaurar una nueva justicia penal es de las autoridades y la tarea de la ciudadana es de exigir y vigilar que tal cosa se haga bien.

* Edgar Cortez, defensor de derechos humanos e investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.