Por Daniel Joloy y Juan Carlos Gutiérrez*

Tras la aprobación de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas el pasado mes de abril, un grupo amplio de organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión hemos continuado un arduo trabajo para impulsar la efectiva implementación de dicha Ley, garantizando así que el Mecanismo de Protección que mandata sea un mecanismo eficaz para activistas y periodistas que se encuentran en riesgo.

Durante los últimos meses, se conformaron mesas de trabajo entre autoridades del Gobierno Federal y diversas organizaciones de la sociedad civil para elaborar una propuesta de Reglamento y de Protocolos de Atención, necesarios para la operatividad del Mecanismo. Asimismo, un grupo amplio de las organizaciones que por más de tres años hemos impulsado este Mecanismo nos inscribimos para formar parte de la Asamblea que elegiría a las 9 personas de la sociedad civil para conformar el Consejo Consultivo, uno de los principales órganos de toma de decisión.

Sin embargo, el pasado 7 de septiembre el proceso se vio truncado durante dicha Asamblea, en que las organizaciones de la sociedad civil que nos registramos fuimos convocadas para definir el método de selección del Consejo Consultivo. La falta de inclusión y transparencia llevaron a que un grupo amplio de organizaciones nos retiráramos de la mesa, pues no existían las condiciones para la celebración de la misma.

Muchas organizaciones, las cuales no radican en la Ciudad de México, no pudieron participar adecuadamente en la Asamblea. A pesar de que se había facilitado una plataforma virtual para su inclusión, su voz no fue tomada en cuenta. No obstante la reiterada insistencia de diversas organizaciones para que se leyeran las participaciones desde la plataforma, el representante de la CNDH – moderador de la sesión – hizo caso omiso a la exigencia, dificultando así la celebración de acuerdos y consensos entre las organizaciones participantes.

Por otro lado, las autoridades responsables no garantizaron la debida publicidad y transparencia de la Asamblea, principios básicos de todo proceso democrático. La Secretaría de Gobernación, encargada de recibir los expedientes de las organizaciones que deseaban participar, no hizo pública la lista de organizaciones participantes con antelación. Por su parte, la CNDH obstaculizó la petición de hacer públicos los expedientes de todas las organizaciones participantes, lo que permitiría mayor transparencia. Era evidente que un grupo amplio de las organizaciones ahí representadas no cumplían con los requisitos establecidos por la Convocatoria y por la propia Ley, pero a la vez se impedía conocer los documentos mediante los cuales dichas organizaciones obtuvieron su registro.

Un Mecanismo como el que se pretende implementar requiere de altos niveles de confianza y legitimidad para que periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo acudan ante esta nueva instancia. Para ello, se requiere garantizar que cada uno de los procesos de conformación del mismo se lleven a cabo de manera transparente e inclusiva, pues de lo contrario, los daños serán irreparables y el Mecanismo será inoperante.

Por tal motivo, las organizaciones de la sociedad civil que nos retiramos de la Asamblea hemos insistido en que quienes participen en ésta cumplan genuinamente con los requisitos establecidos en la Convocatoria y señalados en la Ley. Es fundamental que las organizaciones cuenten con la experiencia suficiente en la protección de defensores y defensoras de derechos humanos o periodistas y generen confianza entre dichas poblaciones, pues es ese el fin último del Mecanismo.

Hay quienes falsamente han querido mostrar esto como un conflicto entre organizaciones. No obstante, lo que se ha exigido es garantizar un proceso justo, democrático, inclusivo y especialmente transparente que permita la instalación de un Mecanismo de Protección legítimo y sustentado en la confianza que le permita cumplir con sus objetivos.

El nivel de riesgo que enfrentamos defensores y defensoras de derechos humanos así como periodistas es cada vez mayor. Del 2006 a la fecha, 61 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas y 4 más desaparecidas; en el mismo periodo de tiempo, 72 periodistas han sido asesinados, 13 desaparecidos y han sido atacados 41 medios de comunicación. Frente al nuevo panorama político en México resulta primordial que el Mecanismo de Protección sea instalado a la brevedad cuidando cada uno de los elementos en su conformación. La legitimidad y confianza del Mecanismo dependen de ello.

* Coordinador del Área Internacional y Director General de la CMDPDH.

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