En México más del 98% de los crímenes cometidos no son sancionados. Las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia no funcionan adecuadamente para identificar y procesar a los responsables.
Por otro lado, el uso indebido de la jurisdicción militar ha favorecido que violaciones de derechos humanos permanezcan en la impunidad. Asimismo, los crímenes cometidos en el pasado tampoco han sido esclarecidos y los responsables no han sido aún sancionados.
El Caso Rosendo Radilla es un ejemplo paradigmático de esto. A más de 30 años de su desaparición, y después de una sentencia de la Corte Interamericana, el Estado no ha sancionado a los responsables ni esclarecido el paradero del líder campesino desaparecido por elementos del ejército mexicano.