Por Samuel Kenny*

Un dicho popular inglés pregunta “cuando un árbol cae en un bosque y no hay nadie para escucharle caer… ¿Se cayó el árbol?” Esta interrogación hace eco, en particular en el México de hoy, y nos invita a cuestionar la relevancia de contar historias de víctimas de violaciones a derechos humanos en un contexto de “guerra”.

A pocos meses de que termine el sexenio del gobierno de Felipe Calderón, los homicidios violentos superan los 80 000. A pesar de tener una de las tasas de homicidios más bajas de América latina, Los homicidios se dispararon en México en un 160% entre 2006 y 2011, al pasar de 10 mil 452 a 27 mil 199, según datos oficiales del Inegi. Sin Embargo este país no está en guerra, sino oficialmente en paz.

Hay muertos a profusión pero no frentes de batalla; es una guerra donde no se entiende quién es quién. Las diferencias ideológicas entre los diferentes grupos en conflicto tampoco son claras y más de 98% de los crímenes no reciben castigo ante un tribunal. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la película “Presunto Culpable” que demuestra que no sólo es fácil condenar a alguien a una pena de cárcel con pocas pruebas, sino que no se necesita que su culpabilidad sea probada para que reciba condena.

En este contexto, las y los observadores de la sociedad – sean periodistas, investigadores, activistas o ciudadanos – tienen todas las dificultades del mundo para encontrar sentido a esta situación.

“¿De qué sirve denunciar esta guerra mientras nada cambia?” me preguntaba un periodista estadounidense que, a pesar de haber trabajado años en Irak, no encontraba sentido a la tragedia mexicana. Atrapados por la complejidad de la situación, periodistas escriben sin convicción de que sirva de algo narrar historias desesperantes donde el dolor se suma a la impunidad.

Pero las dudas se extienden también a las y los lectores; “para qué voy a leer una historia de muertos si nunca se atrapa a los culpables?” Esta desesperación viene tanto del increíble nivel de violencia que atora el país como de la negación misma de esta situación de guerra.

Las fuerzas armadas mexicanas están en las calles sin declaración previa del estado de guerra por parte del Congreso, tal como lo mandata la propia Constitución. Las fuerzas armadas son empleadas dentro del país mientras que se mantiene una cortina de humo llamada “paz”.

Al negar la guerra en México, y promover “una estrategia de lucha contra el crimen organizado”, el gobierno saliente permitió que la guerra suceda en todas partes y ninguna a la vez. También permite que el empleo de tácticas de guerra (retenes militares, arrestos regulares, espionaje intenso de la sociedad) mientras que no se eleve el costo político de sus consecuencias (ausencia de debate nacional y de negación de un conflicto interno a nivel nacional e internacional).

El poder de nombrar

Como lo decía el difunto Bruno Etienne, profesor en el College de France, “el poder más importante es él de la taxonomía, el poder de dar los nombres”. En este campo de batalla el eufemismo es en este contexto el cumplimiento más fuerte de una imposición. En este sentido, decir que se trata de “operativos” o de “enfrentamientos entre bandas delictivas”, es una imposición simbólica muy fuerte que resta fuerza a hechos de una violencia tremenda y lo naturaliza.

La violencia se presenta ya no como una guerra, sino como un evento meteorológico más (ver el Ejecutómetro del programa de TV “El almohadazo”) y lo pone al mismo nivel que tormentas, terremotos e inundaciones. La guerra que vive México no es una fatalidad ni una casualidad, tiene explicaciones lógicas. La violencia siempre se desarrolla en los lugares donde prevalece la injusticia, la desigualdad y la falta de oportunidad.

Un ejemplo emblemático es el de Ciudad Juárez, que recibió el desafortunado título de “ciudad más peligrosa del mundo”. El inicio de este ciclo de violencia jamás visto en esta ciudad fronteriza viene de la conjunción de varios elementos: El primero, la crisis económica de 2008 que puso en las calles a alrededor de 200,000 personas desempleadas. Es la otra cara de la flexibilización de la mano de obra. En tiempos buenos, se gana mucho. En tiempos de crisis, muchos se pierden.

Juárez, que cuenta con más de 15% de la fuerza productiva exportadora del país, no tenía nada previsto para prevenir las consecuencias sociales de esta crisis económica. De un día al otro, las empresas internacionales inician una serie de despidos de sus empleados, en su gran mayoría madres solteras sin ingresos. La crisis entraba así a los hogares. El empleo informal no podía resolver esta crisis por la magnitud del desempleo que se enfrentaba. Con eso viene la lucha por la “plaza” de Juárez entre el cártel local y el de Sinaloa. El último aprovecha la muerte de Vicente Carillo Fuentes “el Señor de los cielos” jefe del cártel de Juárez para tomar la ciudad por la cual – según informes del FBI – se trasiega 60% de la cocaína destinada a EEUU.

Los carteles encontraron una “mano de obra” disponible, barata y dispuesta a recuperar las oportunidades que les faltaban. La violencia de Juárez, tremenda por su escala, no se puede entender sin tomar en cuenta que nadie, sino los carteles, ofrecieron a los sectores populares de la población una posibilidad de ingresos, independientemente de los riesgos que hubiera que enfrentar.

Tomando este punto de vista, las historias de las víctimas cobran otro sentido. Son las caras humanas de una guerra que no se deja entender. Y para ellos, para las víctimas y sus familiares, contar estas historias les permite comprobar la verdad. Por ejemplo, los cuentos de la represión policiaca del 15 de septiembre en Ensenada durante el Grito de Independencia, tal como fueron publicados, permiten comprobar que hay un contexto de hostigamiento contra actores de la sociedad civil en Baja California. Así se puede entender por qué Aleph Jiménez, vocero de #YoSoy132, sintió la necesidad de esconderse.

Si no se cuenta el dolor de madres y padres en la masacre de Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, no se puede entender el horror de la violencia en Juárez. No es hasta después de escuchar los gritos de dolor de Marisela Escobedo cuando el asesino de su hija es liberado por un tribunal, que se dimensiona el horror de la ejecución de Marisela unos meses después en pleno centro, grabado por las cámaras de seguridad.

Cuando se cuentan las historias de los desaparecidos de la guerra sucia en Atoyac, en el estado de Guerrero, uno entiende la necesidad no únicamente de castigar a los victimarios, sino también la necesidad de exigir el derecho a la reparación integral de las víctimas. Familias enteras siguen buscando desde hace más de tres décadas por qué fuerzas del Estado detuvieron a sus seres queridos y por qué hasta el dìa de hoy permanece desconocido el paradero de los 472 desaparecidos de este municipio guerrerense.

Es solamente cuando estas historias se conocen que se dimensiona la tragedia de hoy en día. ¿Para qué sirve contar estas historias? Para documentar, dar contexto y acercarse a la verdad. Sólo así se sabe cuando un árbol cae en los bosques, o por qué, dónde y cuando uno muere en una guerra sin nombre.

*Director del Área de Comunicación de la CMDPDH.

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