Ximena Andión Ibáñez

Muchas veces silenciosa e invisible, la violencia sexual es una violación a los derechos humanos que deja huellas profundas y permanentes. El caso de Miriam Isaura revela la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres a actos de violencia sexual por parte de agentes del Estado, particularmente en contextos de militarización y violencia generalizada. Asimismo, pone de manifiesto que en el contexto del combate a la delincuencia organizada y la inseguridad, la violencia sexual se está utilizando como un método de tortura.

Miriam Isaura, una joven residente de Ensenada, Baja California, fue detenida de forma arbitraria por un grupo de militares vestidos de civil el 2 de febrero de 2011. Acusada de posesión de droga, Miriam fue trasladada a Tijuana a la Zona Militar en la cual estuvo incomunicada por 7 días, en flagrante violación a sus derechos humanos.

Durante el tiempo que estuvo detenida, Miriam Isaura fue sometida a toda clase de torturas por parte de varios elementos militares: la amarraron, la golpearon, la ahogaron con un trapo en la boca, le aplicaron choques eléctricos y fue violada en varias ocasiones por elementos militares para que se auto-incriminara de ciertos actos delictivos. Mientras la sometían a estos abusos y vejaciones, le exigían información sobre unos soldados que habían sido detenidos en un retén acusados de narcotráfico, a los cuales ella afirmaba no conocer. El 9 de febrero, 7 días después de haber sido detenida, Miriam Isaura fue trasladada al centro de arraigos de la Ciudad de México y después a Tijuana donde fue exonerada por falta de elementos para su procesamiento.

Hasta el momento Miriam Isaura no ha encontrado justicia. Hay una averiguación previa abierta contra los militares que la torturaron en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVMITRA), pero no se ha tratado con la debida diligencia.

Recientemente, el 28 de septiembre de 2012, en un paso importante para terminar con la impunidad y para visibilizar este tipo de violaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió sobre este caso la Recomendación 52/2012 a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República.

La Recomendación documenta con peritajes y pruebas las violaciones a los derechos a la libertad, la seguridad, la integridad y el acceso a la justicia que sufrió Miriam Isaura. Ésta señala la responsabilidad del Ministerio Público Federal, el médico militar, el defensor de oficio y los elementos del Ejército responsables de la tortura y los abusos. La CNDH recomienda a la SEDENA actuar en el marco de la legalidad en las acciones de combate a la delincuencia organizada y le insta a abstenerse de realizar operativos de ese tipo. Asimismo, tanto a la SEDENA como a la PGR se les insta a sancionar a los funcionarios responsables de las violaciones a los derechos humanos de Miriam. Hasta el momento la SEDENA no ha aceptado la Recomendación. Se espera que ambas instancias acepten y cumplan con lo establecido en esta Recomendación.

La historia de Miriam Isaura es la historia de muchas mujeres sin rostro y sin voz. En México no hay registros precisos que permitan dimensionar el fenómeno de la violencia sexual, ni cómo ésta se ha agudizado en el contexto actual de inseguridad y violencia. Las mujeres no sólo son víctimas de actos de violencia, sino que son después re-victimizadas por las autoridades cuando acuden a buscar justicia: van de la violencia al limbo. La impunidad de los actos de violencia contra las mujeres es todavía la constante.

Esta historia muestra los riesgos de la militarización de la seguridad, las graves violaciones a los derechos humanos que genera el arraigo y como la violencia sexual se utiliza cada vez más como una forma de tortura. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en las observaciones finales realizadas a México en el año 2006, expresó su preocupación por la violencia sexual contra las mujeres como una forma de tortura y pidió al Estado tomar acciones en esta materia. Más de seis años después y a unos días que este Comité vuelva a examinar a México, los avances en este ámbito son nulos y de hecho la situación se ha agudizado.

Una estrategia de seguridad efectiva debe tener como eje central el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho. Cualquier forma de violencia contra las mujeres es un acto condenable y que no debe tolerarse, pero es aún más grave cuando esta violencia viene del propio Estado que debería prevenirla y sancionarla.

* Presidenta del Consejo Directivo de la CMDPDH.

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