Por Valeria Moscoso Urzúa*

Reunión con autoridades, una vez más. Los representantes de los familiares de detenidos desaparecidos y algunas organizaciones acompañantes entregan nuevos papeles a los funcionarios para acreditar a alguien más como víctima, como esposa, madre, hijo, hermano de alguno de los cientos de desaparecidos forzados de Atoyac de Álvarez; “este tiene el nombre cambiado”, “al señor le falta su comprobante de domicilio”, “aquel no aparece en las listas”. Así transcurren horas de trámites para lograr obtener las indemnizaciones económicas que supuestamente debieran “reparar”. El hecho: cientos de personas fueron arrancadas de sus casas y sus familias por agentes del Estado, sin que nunca más se supiera de ellos.

“Porque nosotros si queremos dar cumplimiento a la parte que nos toca de la Recomendación de la CNDH” menciona alguno de los servidores, recalcando el mensaje con orgullo, como si hubiera que aplaudirles por responder de manera incompleta y 11 años después; “¿y las investigaciones?” preguntan los familiares, y la respuesta es obvia, “no, es que eso le corresponde a otros, nosotros no tenemos nada que ver, tienen que negociarlo con la PGR”, y la sensación entre los presentes es la misma de siempre: frustración, impotencia, desgaste, sentimientos de abandono de parte de las instituciones del Estado, que se culpan unas a otras, lavándose las manos por la falta de avances en el tema.

Escenarios como este, desgraciadamente, no son una novedad en México y en el caso particular de los detenidos desaparecidos, aún cuando han existido espacios e intentos de dar respuesta al tema (como la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), la misma Recomendación 26/2001 de la CNDH e, incluso, la sentencia de la CoIDH por el caso de Rosendo Radilla). El actuar de las autoridades ha sido siempre el mismo: negación de la problemática, tratamiento parcial y superficial y revictimización constante para los familiares.

“¿Es que están esperando que vayamos muriendo todos?” preguntan los familiares de desaparecidos. Mientras pasan los años las buenas intenciones de algunos servidores y de todos los discursos no pasan de eso, por el contrario, pareciera que los desaparecidos son una molestia, una piedra en el zapato de cada nueva administración.

El saldo hasta el momento es muestra suficiente: compensaciones para unos pocos, reconocimientos a medias y justicia para ninguno. Desde la ausencia de datos estadísticos oficiales sobre la cantidad y características de las desapariciones forzadas, la descoordinación de las instituciones públicas, la falta de investigación, etc. Todo apunta a lo mismo: una tremenda falta de voluntad de parte las instituciones del Estado por resolver el tema.

Cuando hablamos de desapariciones forzadas no sólo nos referimos a los desaparecidos de la guerra sucia, a aquellos de los años ’70 y ’80 atribuidos a los gobiernos del PRI, sino también a los miles de desaparecidos forzados durante los dos últimos sexenios que, según un informe de la PGR desclasificado por el Washington Post, ya superan las 24,000 personas.

Al ignorar las desapariciones forzadas, el Estado desprotege a las personas y las despoja de la posibilidad de resignificar los hechos (tanto a nivel individual como social), de darles un sentido en el continuo vital, de reparar aunque sea de manera simbólica. Asimismo se vuelven difusos los límites entre lo permitido y lo prohibido. La impunidad en las desapariciones forzadas, más alla de una tolerancia culpable, incluso favorece estas violaciones graves a los derechos humanos. La impunidad se convierte, entonces, en el modo de vida de la sociedad y pasa a constituir el principal factor de repetición de los crímenes, así como de reproducción y cronificación de los daños.

Frente a esta impunidad y a la desmemoria, los familiares han continuado en pie, buscando a los desaparecidos y exigiendo justicia. Sea quien sea el que esté en el poder. Para los representantes del Estado, por su parte, esta es una deuda que continúa pendiente. Pero ahora mismo que el país este en transición, se plantean nuevos desafíos, pues quienes llegan a ocupar la presidencia vienen, justamente, de un partido en el cual se dieron inicio a la práctica de la desaparición forzada en México.

En este sentido, se abre para el nuevo gobierno una oportunidad: la de reconocer la dimensión de la desaparición forzada desde una mirada más integral. que comprenda la complejidad del problema y que dé inicio, realmente, a un camino para su erradicación, así como para la reparación del daño provocado a miles de familias durante más de 30 años.

Si esta oportunidad será tomada y aprovechada por el gobierno entrante es algo que no sabemos, mientras tanto, los familiares, las asociaciones de víctimas y organizaciones civiles seguiremos manteniendo nuestras exigencias: presentación de los desaparecidos, verdad, justicia y reparación. Mientras esto no suceda las heridas permanecerán abiertas, el pasado seguirá siendo presente y las historias de dolor y de muerte continuarán acosándonos día a día.

* Coordinadora del Área de Atención Psicosocial de la CMDPDH.

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