Por José Miguel Vivanco*

 

Carta de HRW al Presidente Enrique Peña Nieto

Excmo. Presidente Enrique Peña Nieto Presidente de México Los Pinos Distrito Federal MÉXICO

De mi mayor consideración,

Tengo el honor de dirigirme a S.E. en nombre de Human Rights Watch, con el fin de extenderle nuestras felicitaciones con ocasión de la investidura presidencial. S.E. asume el liderazgo de un país donde el actual estado de los derechos humanos es de la mayor gravedad. Abordar los abusos cometidos durante el mandato de su predecesor e impedir que se reiteren en el futuro, requerirá de atención inmediata en los niveles más altos de su administración. El propósito de esta carta es instar a S.E. a que defina lo antes posible un plan concreto y de acción para hacer frente a estos graves problemas.

Durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón, Human Rights Watch logró demostrar mediante pruebas muy sólidas, que en cinco estados, militares y policías recurrieron en forma sistemática a la tortura para obtener confesiones e información de personas detenidas, y tuvieron participación en numerosos casos de desaparición forzada y ejecuciones. Prácticamente ninguno de estos delitos ha sido investigado ni juzgado adecuadamente, a pesar de las múltiples evidencias que señalan que estarían implicados servidores públicos. Estos patrones de abusos que se observan en los relatos de víctimas y testigos, además de los datos oficiales y las entrevistas con funcionarios judiciales, de seguridad pública y de derechos humanos, demuestran que no se trata de casos aislados. Por el contrario, constituyen ejemplos de prácticas abusivas que tienen una presencia endémica en las actuaciones de las fuerzas de seguridad contra la delincuencia organizada en México.

Si bien estos delitos se cometieron durante la gestión del Presidente Calderón, la responsabilidad de asegurar que sean investigados adecuadamente no se extinguió al concluir su mandato. Como sabe S.E., conforme lo establecen los tratados internacionales vinculantes suscritos y ratificados por México, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la desaparición forzada es un delito de carácter permanente. Este delito persiste en el tiempo y continúa causando sufrimiento a los familiares de la víctima mientras se desconoce el paradero de la persona desaparecida.

Por ejemplo, los familiares de Jehú Abraham Sepúlveda, que desapareció en diciembre de 2010 en Nuevo León, y de Francis Alejandro García Orozco, Vladimir Pita Barrera, Sergio Menes Landa, Olimpo Hernández Villa, Andrés Antonio Orduña Vázquez y Zozimo Chacón Jiménez, quienes desaparecieron simultáneamente en Guerrero en marzo de ese mismo año, continúan buscando a sus seres queridos. Human Rights Watch obtuvo pruebas que demuestran que militares y policías habrían detenido arbitrariamente a estos hombres poco antes de su desaparición —incluidas grabaciones de cámaras de vigilancia, declaraciones de testigos e informes policiales y militares— y aportó estas pruebas a los fiscales. Sin embargo, las autoridades continúan negando su participación en estas desapariciones, y ningún servidor público ha sido procesado penalmente por su responsabilidad en estos delitos. Mientras tanto, día tras día, los familiares deben vivir con la incertidumbre acerca de qué sucedió a sus hijos, esposos, hermanos y padres.

Estas familias y sus seres queridos que han desaparecido son solamente algunas de las numerosas víctimas de desaparición forzada documentadas por Human Rights Watch.

A su vez, esta gran cantidad de víctimas es tan sólo una fracción ínfima de las cerca de 25.000 personas que, conforme se indica en un listado elaborado por la Procuraduría General de la República, han desaparecido desde diciembre de 2006, según lo informó el periódico Washington Post el 29 de noviembre de 2012. De hecho, si las cifras anteriores se corroboran, esto situaría a la ola de desapariciones ocurrida en México durante el sexenio del Presidente Calderón entre las peores en la historia de América Latina.

A medida que aumentaba el número de personas desaparecidas, Human Rights Watch ha instado en reiteradas oportunidades al gobierno a que conforme una base de datos nacional sobre desaparecidos. Elaborar un registro exhaustivo y preciso de las personas desaparecidas, que contenga información útil como el ADN de sus familiares, ofrecerá una herramienta indispensable para la búsqueda de estas personas a nivel nacional. Por ejemplo, podrían compararse los datos con los registros de hospitales, morgues, cárceles y cruces fronterizos. Esta base de datos resultaría particularmente útil si se crea además un registro nacional complementario de cuerpos no identificados: según señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre enero de 2007 y diciembre de 2011, se encontraron más de 6.000 restos no identificados, muchos de ellos en fosas comunes. No obstante, si bien el gobierno del Presidente Calderón demostró que era capaz de conformar bases de datos nacionales de vehículos robados y de policías con antecedentes penales, no creó registros similares sobre personas desaparecidas o cuerpos no identificados. A causa de esto, miles de familias continúan privadas de la posibilidad de conocer cuál fue el destino de sus seres queridos, que podría esclarecerse con tan sólo cotejar los datos.

Además del carácter de delitos permanentes que tienen las desapariciones, otro motivo por el cual es indispensable que se investiguen y juzguen los casos ocurridos durante el gobierno anterior es que algunas personas que fueron obligadas a confesar mediante torturas aún se encuentran encarceladas por delitos que no cometieron. El nuevo Procurador General de la República, Dr. Jesús Murillo Karam, reconoció acertadamente la responsabilidad del gobierno de abordar este tipo de casos cuando declaró su “firmeza absoluta e implacable para poder constituir las averiguaciones a quienes sean culpables, y tratar de evitar una fórmula que me parece perversa: no debe haber inocentes en las cárceles”.

Human Rights Watch ha obtenido evidencias de que actualmente se encuentran en prisión personas inocentes que fueron condenadas sobre la base de pruebas falsas obtenidas mediante coerción. Entre éstas se incluyen cuatro personas de Baja California —Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya y Ramiro López Vázquez— que fueron detenidos arbitrariamente en junio de 2009 y llevados a un cuartel del Ejército, donde miembros de esta fuerza aplicaron descargas eléctricas en sus genitales, los sometieron a tácticas de asfixia, extrajeron las uñas de sus pies y los golpearon frente a sus compañeros durante cuatro días enteros. Las torturas cesaron recién cuando los hombres, con los ojos vendados, firmaron confesiones que habían sido redactadas por sus torturadores. Los cuatro hombres se encuentran en la prisión de Tepíc, en Nayarit, donde luego de tres años y medio de la fecha en que fueron detenidos y torturados aún esperan que se dicte sentencia por los delitos imputados. Mientras tanto, a pesar de las numerosas denuncias formales presentadas por sus familiares, las pruebas recabadas por Human Rights Watch y entregadas a las autoridades sobre las lesiones que presentaban las víctimas y la base del SEDENA donde se produjeron los abusos, y de que en junio de 2012 el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas admitió el caso, ningún militar ha sido acusado en relación con estos hechos de tortura. A fin de cumplir con lo declarado por el Procurador General Murillo Karam, es fundamental que el gobierno asigne máxima prioridad al examen de este tipo de casos.

Consideramos sumamente positivo el anuncio efectuado al asumir la presidencia, en el cual S.E. expresó su compromiso de “hacer realidad los derechos humanos que reconoce [la] Constitución” y adoptar una “estrategia” para mejorar la situación de los derechos humanos, “con una real y eficaz coordinación entre los órdenes de Gobierno, a fin de combatir la impunidad y hacer que prevalezca la justicia y la paz”. Asimismo, reconocemos los esfuerzos realizados por sentar las bases de esta estrategia en el “Pacto para México”, que incluye importantes compromisos como transformar los derechos humanos en “política de Estado” y fortalecer el marco jurídico para prevenir y juzgar la tortura y las desapariciones forzadas, lo cual S.E. destacó el 10 de diciembre durante su discurso de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos.

Como S.E. sabe, el Presidente Calderón anunció que abordaría muchos de estos problemas, e incluso utilizó algunas de las mismas expresiones, como cuando se refirió a la garantía de derechos humanos como una “política de Estado”. Sin embargo, nunca propuso un plan para transformar su retórica en realidad, mucho menos asegurar que dicho plan fuera implementado, demostrando con ello que nunca tomó en serio su responsabilidad de corregir estos abusos y evitarlos. De hecho, sus declaraciones públicas de último minuto y la falta de seguimiento por su parte sugieren que estaba más preocupado por proteger su legado y rebatir las acusaciones sobre su responsabilidad personal, que con abordar algunas de las peores violaciones a los derechos humanos en la historia de México. Y este incumplimiento es uno de los principales motivos por los cuales México se encuentra actualmente inmerso en una profunda crisis de derechos humanos.

Por lo tanto, lo exhortamos a formular un plan exhaustivo que proponga soluciones concretas en materia de políticas públicas para hacer frente a estos graves problemas. A continuación se enumeran algunas de los temas fundamentales que debería abordar este plan:

· ¿Qué medidas adoptará su gobierno a partir de la lista de la Procuraduría General de la República sobre aproximadamente 25.000 personas que desaparecieron durante el gobierno de Calderón y cuyo paradero aún se desconoce? Asimismo, ¿cómo prevé usar esta información para generar una base de datos exhaustiva y precisa de las personas desaparecidas que contenga información que permita identificar a tales personas, como el ADN de sus familiares?

· ¿Cómo piensa desarrollar su gobierno protocolos estándar para funcionarios judiciales y de seguridad pública con el fin de investigar las desapariciones y comenzar la búsqueda de las personas desaparecidas desde el momento en que el caso se denuncia?

· ¿Qué plan tiene su gobierno para conformar un registro federal de cuerpos no identificados y cómo prevé asegurar que los datos de este registro puedan ser cotejados con la información de la base de datos sobre personas desaparecidas?

· ¿Qué medidas adoptará para asegurar que la inadmisibilidad de evidencias obtenidas mediante tortura —que continúa siendo vulnerada a pesar de estar garantizada en el artículo 20 de la Constitución Política de México— se cumpla en la práctica? ¿Y de qué forma su gobierno, en colaboración con la Procuraduría General de la República, examinará de manera sistemática los casos en los cuales las pruebas indiquen de manera clara que en la actualidad hay personas encarceladas sobre la base de estas pruebas ilícitas?

· ¿Para cuándo su gobierno tiene previsto proponer una reforma del Código de Justicia Militar que se adecue a los cuatro pronunciamientos vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para asegurar que todas las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles sean investigadas y juzgadas en la justicia penal ordinaria?

A fin de contribuir al desarrollo de un plan exhaustivo que aborde estas y otras cuestiones críticas, quisiera recomendar a su gobierno que examine nuestro informe Ni Seguridad, Ni Derechos, donde se ofrece un análisis minucioso de abusos cometidos por funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad, así como recomendaciones específicas sobre cómo responder a tales abusos. Las conclusiones de este informe fueron presentadas al Presidente Calderón y a funcionarios clave de su gobierno el 9 de noviembre de 2011. En respuesta, el presidente se comprometió a investigar no sólo todos los casos individuales documentados en el informe, sino además los patrones de abuso que estos casos reflejaban, y propuso crear una comisión conjunta con Human Rights Watch que se encargaría de llevar a la práctica este compromiso.

Human Rights Watch se reunió en varias oportunidades con la comisión —a cargo del Secretario de Gobernación Alejandro Poiré— durante 2011 y 2012, y aportó amplia documentación sobre cada uno de los más de 230 casos analizados en nuestro informe. No obstante, aun habiendo recibido esta gran cantidad de pruebas, el gobierno del Presidente Calderón no demostró durante el año siguiente haber conseguido avances significativos en la investigación y el juzgamiento de estos casos. Y salvo algunas pocas excepciones como la aprobación de protocolos sobre el uso de la fuerza para SEDENA, SEMAR y la Policía Federal, el gobierno incumplió en gran medida su compromiso de implementar reformas más profundas que habrían ayudado a prevenir nuevos casos de desaparición, tortura y ejecuciones.

Human Rights Watch reconoce que México se encuentra gravemente afectado por grupos delictivos sumamente poderosos que han cometido delitos aberrantes contra miembros de otras bandas rivales, fuerzas de seguridad y civiles inocentes. También entendemos que el gobierno tiene la obligación de adoptar medidas para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, y de brindar recursos efectivos a los mexicanos que sean víctimas de este tipo de delincuencia. Sin embargo, como hemos señalado anteriormente, cuando algunos miembros de las fuerzas de seguridad cometen violaciones de derechos humanos en forma generalizada esto no contribuye en absoluto a desarticular las redes delictivas y reducir la violencia, y se socavan los esfuerzos por generar la confianza pública en las instituciones que resulta indispensable para implementar iniciativas de orden público efectivas.

México necesita un plan claro e inteligente para abordar los profundos problemas de derechos humanos que heredó su gobierno. Un plan que permita convertir en realidad las importantes declaraciones que ha efectuado S.E. relativas al respeto de los derechos humanos. Esperamos que en el futuro inmediato S.E. proponga un plan con estas características en forma pública, y que disponga para su ejecución exitosa los recursos y el apoyo político necesarios. De lo contrario, el clima de abuso e impunidad extendida que ha prevalecido en los últimos seis años solamente conseguirá agravarse.

Aprovecho la oportunidad para expresarle a S.E. los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

* Director de la División de las Américas de Human Rights Watch

CC:

Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación

José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores

Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República

Arturo Sarukhan, Embajador de México en los Estados Unidos

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