Por Octavio Amezcua Noriega*

Desde su comienzo, la administración de Enrique Peña Nieto ha tenido la intención de ser clara en cuanto a su programa de gobierno y a las principales acciones que serán emprendidas en este sexenio. En el documento denominado “Pacto por México”, este gobierno manifiesta una clara intención de mostrar un cambio con respecto a la anterior administración y busca dar una imagen de confianza y seguridad para el país. Uno de los cambios que los mexicanos exigimos con mayor urgencia es el de la política de seguridad.

Sin embargo, en este tema en particular, el actual Ejecutivo Federal se ha conducido con muchas reservas, lo cual ha llevado dudas que efectivamente la nueva administración tenga una estrategia para enfrentar el problema. Un ejemplo claro de esto es la creación de un cuerpo de seguridad al que se ha denominado “Gendarmería Nacional”.

El compromiso 76 del Pacto por México menciona esta nueva corporación pero dice  únicamente “se creará la Gendarmería Nacional como un cuerpo de control territorial que permita el ejercicio de la soberanía del Estado mexicano en todos los rincones del país, sin importar su lejanía, aislamiento o condición de vulnerabilidad.” No dice con qué elementos se integrará este nuevo cuerpo de seguridad ni como coordinará sus funciones con los otros cuerpos existentes, entre otras cosas. A la fecha, el actual gobierno no ha dado una explicación oficial para responder a estas cuestiones. Solamente filtró en varias entrevistas índices de lo que pudiera ser ésta nueva corporación.

La iniciativa de crear esta Gendarmería Nacional ha sido objeto de diversas críticas en cuanto a su objetivo, el presupuesto necesario para mantenerla y la duplicidad de funciones con otros cuerpos de seguridad, entre otras cosas. Sin embargo, aquí nos enfocaremos únicamente a los problemas que plantea desde una perspectiva de derechos humanos.

En el sexenio de Felipe Calderón se llevó a cabo la militarización de la seguridad pública en México, la cual tuvo dos vertientes claramente distinguibles. La primera fue a través de la intervención directa de elementos del Ejército y la Marina en operativos de seguridad, por lo cual las autoridades civiles fueron literalmente sustituidas por efectivos militares en diversos municipios del país. Se estima que el gobierno de Calderón desplegó alrededor de 60,000 elementos de las Fuerzas Armadas en estas tareas, a pesar de estar prohibido por el artículo 129 constitucional.

La otra vertiente, menos perceptible, fue la incorporación de elementos de las Fuerzas Armadas a la dirección de las corporaciones de policía locales. Para inicios del 2011, militares tenían la dirección de las secretarías de seguridad pública de al menos 25 estados. Entre estos comandantes encontramos casos como el del Teniente Coronel Julián Leyzaola, acusado de cometer actos de tortura, o el General Carlos Villa Castillo, quien en entrevista declaró que prefería ejecutar a un presunto narcotraficante antes de interrogarlo.

La estrategia de Peña Nieto, con la creación de la Gendarmería Nacional, es una especie de híbrido entre estas dos vertientes. Así, aunque en repetidas ocasiones ha manifestado que las Fuerzas Armadas regresarán a sus cuarteles en un mediano plazo, por información filtrada se ha dado a conocer que la Gendarmería Nacional estará conformada por efectivos del Ejército y la Marina. Además, el Ejecutivo Federal propone la creación de un cuerpo de seguridad con controles civiles (la Gendarmería Nacional dependerá de la Secretaría de Gobernación) pero compuesto por militares.

Sin embargo, al menos desde una perspectiva de derechos humanos, el principal problema no radica en que las Fuerzas Armadas como institución estén a cargo de la seguridad pública, sino el hecho de que personas con formación militar sin perspectiva de seguridad ciudadana estén realizando tareas como patrullajes, instalación de retenes, cateos, detenciones y atención de denuncias ciudadanas.

Así, en el muy importante Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vio con preocupación el incremento de la participación de militares en tareas de seguridad, no sólo en México sino en toda América Latina. La CIDH estableció que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento necesario para tareas de seguridad, siendo que están entrenadas para derrotar al enemigo y no para la protección y control de la población civil. La CIDH señaló que “la historia hemisférica demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos.”

El caso de México es un claro ejemplo de los problemas planteados por la CIDH en relación a la militarización de la seguridad pública y el desastre que conlleva en materia de derechos humanos. Del año 2006 al 2011 se registró un aumento de cerca del 700% de las quejas por violaciones a derechos humanos en contra de elementos del Ejército mexicano, según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para finales del sexenio de Calderón, la Secretaría de la Defensa Nacional había pasado al primer lugar de las dependencias con mayor número de recomendaciones por violaciones a derechos humanos, que van desde detenciones ilegales y malos tratos, hasta torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas.

México es un claro ejemplo de lo planteado por la CIDH, en relación a los efectos negativos que tiene la militarización de la seguridad pública para el respeto de los derechos humanos. Cabe entonces preguntarse, ¿porqué el Presidente Enrique Peña Nieto insiste en mantener en las calles la presencia de militares, o agentes con formación militar? Parece que, con la creación de la Gendarmería Nacional, Peña Nieto está más preocupado por proteger a las dependencias militares (Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina) del evidente desgaste que sufrieron en el anterior sexenio, que proteger a la ciudadanía de abusos cometidos por las propias autoridades.

Tal y como lo han señalado expertos en múltiples ocasiones, el Gobierno Federal debe apostar al fortalecimiento de instituciones civiles en el combate a la delincuencia. Construir un modelo de seguridad ciudadana que tenga como propósito central la protección de los derechos de las personas será la única salida al clima de violencia en el que nos encontramos inmersos actualmente.

*Director del Área de Defensa de la CMDPDH.