México, 9 de Enero de 2013

• Debe garantizarse su adecuada implementación de forma cercana a las propias víctimas, garantizando en todo momento su dignidad y evitando a toda costa su revictimización.

• Se requiere aprobar la reglementación necesaria a la brevedad, en consulta con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos saluda el desistimiento de la controversia constitucional y la promulgación de la Ley General de Víctimas, el día de hoy, por parte del titular del Ejecutivo.

Esta Ley ha sido un esfuerzo colectivo por parte de víctimas, sociedad civil, academia y el poder Legislativo que responde ante la emergencia nacional causada por una estrategia de seguridad pública fallida. Bajo el contexto de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”, emprendida desde el 2006 por Felipe Calderón, el contexto de inseguridad y violencia en México se ha agravado.

Asimismo, las violaciones a los derechos humanos incrementaron de manera alarmante. En los últimos 5 años han sido asesinadas más de 80,000 personas, se han registrado más de 25,000 desapariciones forzadas y aumentaron en más de 500% los casos de tortura. Para todos estos crímenes, el nivel de impunidad es superior al 98%.

Reconocemos que la promulgación de la Ley es un primer paso para garantizar el derecho a la reparación de las miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos en México. Sin embargo, aún quedan muchos retos pendientes para hacer del derecho a la reparación una realidad y de esta Ley un mecanismo eficaz que ponga en el centro de atención a las víctimas como una política de Estado.

La promulgación de la Ley de Víctimas es un logro importante pero debe garantizarse su adecuada implementación de forma cercana a las propias víctimas, protegiendo en todo momento su dignidad y evitando a toda costa su revictimización. La entrada en vigor de ésta Ley genera diversas obligaciones para el Estado en su conjunto que deberán atender de inmediato.

Resulta primordial que se publique a la brevedad la reglamentación necesaria para que esta Ley pueda ser aplicada y que sea trabajada en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos de víctimas. Es también fundamental asegurar el derecho a la justicia de todas las víctimas y garantizar su derecho a la verdad y a la reparación.

Además, la implementación de esta Ley deberá estar acompañada de garantías de no repetición para evitar futuras violaciones a los derechos humanos. A la fecha, la violencia en el país continúa y se requieren acciones claras para poner fin a esta trágica situación. Hasta que no haya un cambio estructural en la estrategia de combate a la delincuencia las violaciones a los derechos humanos continuarán.

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