La Corte Penal Internacional (CPI) constituye un avance fundamental en el derecho internacional. La creación de este instrumento permanente para llevar ante la justicia a individuos acusados de los crímenes más grave contra la humanidad ha revolucionado este ámbito y se erige como un poderoso aliado contra la impunidad.

Este panorama obliga –explícita e implícitamente– a los Estados a adecuar sus sistemas jurídicos nacionales a los estándares reconocidos por el Estatuto de Roma (ER), de manera que tengan la capacidad legal y técnica para investigar, enjuiciar y, en su caso, sancionar a los responsables de la comisión de los crímenes antes mencionados, y de brindar a la Corte, llegado el caso, toda la asistencia y cooperación que esta requiera en el desarrollo de sus funciones.

Para México, como Estado parte del ER, la implementación de dicho instrumento internacional en el nivel interno es una oportunidad sin precedente para cumplir con sus compromisos internacionales.

Para hacer frente al reto legislativo y normativo que se plantea es necesario, como principio, partir de una base técnica y teórica sólida, la cual informe y guíe los debates entre los distintos tomadores de decisiones. En este sentido, la presente publicación aspira a convertirse en un punto de referencia que guíe el criterio de los actores en la implementación y adecuación del marco jurídico mexicano al ER.

Coordinadores: Humberto Fco. Guerrero Rosales, María Sirvent Bravo-Ahuja

Investigadoras: Hortensia Sofía Galván Puente, Ana Yeli Pérez Garrido

 

 

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