Originalmente publicado en Noche y Niebla – El Universal 06/02/13

Por Jesús G. Alcántara*

Al parecer, algunas de las acciones más recientes del gobierno actual pudieran significar un compromiso real con los derechos humanos y una señal de pretender relacionarse de manera distinta con sus gobernados. Desafortunadamente, organizaciones, activistas, colectivos, y víctimas de violaciones a derechos humanos, ya pasamos por una situación similar a inicios de la administración de Vicente Fox.

Ambos mandatarios comenzaron su presidencia con acciones estratégicas y mediáticas.

Sólo por citar algunas de Fox, la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos; la creación de la Fiscalía para los delitos del pasado; la participación de México en el Consejo de Seguridad de la ONU; la apertura al escrutinio internacional que incluso derivó en la instalación de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; el diseño de un Diagnóstico y posterior Programa Nacional de Derechos Humanos. Todas estas medidas duermen el sueño de los justos. Para más referencias, haz click

Por otro lado, Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Víctimas que su antecesor había vetado; entregó el premio de derechos humanos al padre Alejandro Solalinde (ceremonia en la que anunció que enviaría al Congreso un paquete de reformas para reforzar los derechos humanos y distintos ordenamientos legales); designó en algunas áreas de derechos humanos a personas de calidad moral (en otras no tanto); incluyó el respeto de los derechos humanos como una de las seis líneas de acción en materia de seguridad y justicia; y adelantó, en uno de los puntos del “Pacto por México”, que se crearía un Programa Nacional de Derechos Humanos.

Hay que seguir vigilantes de estas y a otras acciones que se han anunciado porque a Peña (como a Fox en su momento) los reflectores, más cuando son internacionales, le causan fascinación. Incluso no se vería imposible que el nuevo gobierno comience un intenso cabildeo con instancias internacionales de derechos humanos para impulsar la idea de que en México las violaciones a los derechos humanos son cosa del pasado.

Pero no hay que olvidar que en una de esas instancias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, radican dos casos que tienen que ver con el ex gobernador del Estado de México:

El caso Atenco, en el cual alrededor de 12 mujeres imputan a los Estados Unidos Mexicanos la presunta violación y tortura perpetrada por agentes estatales en contra de las presuntas víctimas, durante la represión violenta de un conflicto social en Texcoco y San Salvador de Atenco.

El otro caso tiene que ver con delitos de odio y persecución a la Comunidad L.G.B.T.T.I, y ocurrió en Ecatepec, en contra de un profesor de instrucción básica; el profesor ha denunciado ante el foro hemisférico atentados en contra de su integridad personal, su libertad personal e incluso su vida. A consecuencia del riesgo, esta persona obtuvo asilo político en los Estados Unidos. Por ello la preocupación de varias organizaciones de derechos humanos debido a la iniciativa que presentó el pasado 3 de enero el Diputado Francisco Arroyo Vieyra para reformar el párrafo segundo del Artículo 1º Constitucional.

Dicha iniciativa pretende otorgar primacía a la Constitución sobre los Tratados internacionales en caso de contradicción, para garantizar la seguridad jurídica y evitar el riesgo de “interpretaciones no armonizadas y sin una orientación adecuada para la generación de precedentes”.

Como ha señalado la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, este planteamiento es falso, ya que dicha cuestión fue solucionada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su resolución correspondiente al “caso Radilla”, en la que se establece que los jueces podrán aplicar normas tanto nacionales como internacionales, prefiriendo la que procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger, “lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos”.

Algunas organizaciones han entregado una serie de argumentos a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que ésta deseche la iniciativa. Esperan que la Comisión los reciba en los próximos días.

Otras más, como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, de Jalisco; el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, de Guerrero; la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, de Chihuahua; la Universidad Autónoma de Nuevo León; el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, de Guanajuato; el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, de Oaxaca; y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, de Baja California, han iniciado una serie de acciones para difundir la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, aprobada en 2011 por el Congreso mexicano.

Las actividades que realizarán, van desde capacitación para organizaciones de la sociedad civil; organización de un encuentro internacional para analizar la propuesta de Ley reglamentaria del Artículo 1º Constitucional; monitoreo legislativo en el plano local; diagnóstico sobre la aplicación de la Reforma por parte de las instituciones protectoras de derechos humanos en los estados; y una campaña de difusión dirigida principalmente a jóvenes.

La divergencia que ha suscitado la iniciativa del Diputado Arroyo pondrá a prueba no sólo al gobierno actual en su proceder a favor de mayor garantía para los derechos humanos, sino al Congreso mismo, y no se diga al talante que las organizaciones de derechos humanos deben mostrar frente a una segunda amenaza de política de simulación en la materia.

* Director de comunicación del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.

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