• Organizaciones de derechos humanos rechazan la reforma al arraigo aprobada por la Cámara de Diputados.
  • La reducción del plazo bajo arraigo no atiende las violaciones de derechos humanos que implica la aplicación de esta figura.

México D.F., 3 de Mayo 2013.–  Las organizaciones abajo firmantes expresamos una vez más nuestro rechazo a la figura del arraigo y en lo particular a la postura adoptada por la mayoría calificada de las y los legisladores en Cámara de Diputados.

El pasado martes 30 de abril, la Cámara de Diputados aprobó en Pleno las modificaciones al párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Dichas modificaciones reducen el plazo por el cual se podrá ordenar el arraigo contra una persona, así como establecen algunos controles al actuar de la autoridad que a la fecha no existen. Igualmente, las y los legisladores reformaron el párrafo décimo del mismo artículo, para ampliar el plazo de retención ministerial hasta por 7 días, esto ante la presunta comisión de delitos en los que la propia Constitución establece que procede la prisión preventiva oficiosa.Las y los legisladores sostienen erróneamente que la reforma es un “avance”. Según ellos este supuesto mayor “control” de la figura debería satisfacer a las organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, y daría cumplimiento a las nueve recomendaciones de organismos internacionales que han instado al Estado mexicano a eliminar el arraigo a nivel federal y local.

Además de un proceso legislativo viciado por irregularidades, la iniciativa presentada por los grupos parlamentarios del PRI y el PAN no fue sometida a discusión ni a un voto libre. Se presentaron reservas para derogar el arraigo, eliminar el plazo ampliado de retención ministerial del párrafo décimo, sustituir el arraigo por medidas cautelares y finalmente para agregar un transitorio que haga accesible la reparación integral en términos de la Ley General de Víctimas para quienes hayan sido absueltos tras ser arraigados. Ninguna de estas reservas fue admitida a discusión.

Resulta preocupante que las y los legisladores no solamente no atendieran las recomendaciones internacionales, sino que además dejaran a las víctimas sin la posibilidad de una reparación integral por la destrucción de su reputación, vínculos familiares, empleo, salud, entre otros daños que ocasiona la aplicación del arraigo.
El arraigo, independientemente de su duración, viola los derechos humanos. En un estado democrático de derecho no podemos seguir permitiendo el uso de esta figura, limitada o no. Tampoco podemos tergiversar el contenido de una propuesta limitada de origen, argumentando que es un “mal menor” adecuado a las agendas políticas y acuerdos partidistas.

Peor aún,  las y los legisladores buscan pasar de forma inadvertida una reforma que tendrá serias repercusiones sobre la vigencia de los derechos humanos en México: se permitirá al Ministerio Público retener hasta por 7 días a presuntos responsables del ilícito de delincuencia organizada y hasta por 5 días a presuntos responsables de otros delitos graves, sin que se les lleve a comparecer ante juez. En la actualidad, la retención ministerial con duración de 2 a 4 días ya consiste en una etapa que fomenta y facilita las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades ministeriales, tales como la fabricación de pruebas y los malos tratos, incluida la tortura.

La tardía puesta a disposición ante un juez ha sido denunciada por instancias internacionales, quienes han hecho notar los distintos abusos y violaciones de derechos humanos cometidas en dicho plazo, además de que carece de alguna función legítima ya que el Ministerio Público debe siempre investigar antes de detener a una persona, o bien detenerla bajo flagrancia. De ser este último el caso, no resulta necesario retener a una persona por varios días pues ya existirían los elementos suficientes para ser consignada. Con la reforma aprobada por la Cámara de Diputados, toda detención por delitos graves terminaría convirtiéndose en un arraigo de una semana sin necesidad de una orden judicial.

Saludamos a las 132 diputadas y diputados que no avalaron este dictamen. También señalamos la absoluta ausencia de acatamiento por parte de las y los legisladores que votaron a favor respecto a su obligación constitucional de aplicar en todas sus actuaciones la interpretación conforme al bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, estipulada en el artículo 1o constitucional.

Invitamos a que las senadoras y los senadores, quienes darán seguimiento a la minuta aprobada por la Cámara de Diputados cumplan con sus obligaciones establecidas en el artículo 1º constitucional de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, así como por los tratados internacionales que México ha ratificado.

Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, A.C. (ACUDDEH)

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)

Asociación Mundial de Radios Comunitarias- México (Amarc- México)

Asociación para la Prevención de la Tortura

Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia, A.C.)

Católicas por el Derecho a Decidir 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O. P

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
(Centro ProDH)

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD)

Centro Jurídico para los Derechos Humanos (CJDH)

Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, A.C. (INICIA)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD)

Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (INSYDE)

L’Action des Chrétiens pro l’abolition de la torture (ACAT)

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Propuesta Cívica A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”(conformada por 73 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana): Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”. A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. 4 (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

Lic. Alma Rosa Ugarte Pérez

Mtro. Jaime Rochín

Lic. José Carlos Bustamante Luna

Lic. Juan López Villanueva

Mtra. Marcia Itzel Checa Gutiérrez 

Dra. Mariclaire Acosta

Mtro. Silvano Cantú

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