Pubilicado originalmente en Noche y Niebla – El Universal  18/06/13

Juan López Villanueva* y Michaela Telepovska** 

En México –empieza a saberse mejor- las desapariciones han escalado a cifras incuantificables. Las más bajas, sitúan en 24,800 reportes de personas desaparecidas; pero en el tema de las personas migrantes, las casas de ayuda de la frontera sur alertan sobre 70 mil personas migrantes con reporte de desaparición. Con una sumatoria que rondaría las 100 mil víctimas, triplicaríamos de sobra los saldos de la dictadura argentina, cuyas cabezas son ahora procesadas o sentenciadas por crímenes de lesa humanidad.

Jamás, la Nación se había visto tan apremiada, ya no tanto por la violencia desbordada, que sugiere visos de un conflicto armado interno, con todas las secuelas del derecho humanitario que ello implica. Esta emergencia humanitaria ha cambiado el plano nacional de las protestas y de las demandas, con un actor nuevo: las familias de las víctimas de la guerra/combate a la delincuencia.

Las familias con integrantes desaparecidos son, desde los primeros días del sexenio de Felipe Calderón, una recurrencia en aumento, que retan a cualquier autoridad con una ecuación implacable: en México sólo se conocen dos sentencias por desaparición forzada; ante la cifra máxima (e hipotética) de 100 mil desapariciones, su índice de impartición de justicia llegaría al 0.00002%, es decir una impunidad del 99.9998%. Así de grande es el problema y así de pequeña es la justicia.

 

Del Foro de denuncia al Foro de diálogo

Sobre este contexto, un grupo de familias empezaron a unir fuerzas a mediados de 2009. Inicialmente, coincidieron en distintas agencias del Ministerio Público y ante la cerrazón generalizada del Estado mexicano, fundaron Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila. Cuatro años después, FUUNDEC/FUNDEM tiene documentados 290 casos de personas desaparecidas en Coahuila y 90 en otras partes del país y mantiene interlocución con el gobierno federal, instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, así como con el gobierno de Coahuila.

En un principio, muchas iniciativas aisladas fueron apareciendo a lo largo de todo el país, entre muchos esfuerzos que, a pesar de no haber derivado en búsquedas, investigaciones y sanciones efectivas, sí lograron visibilizar el tema de las desapariciones a nivel nacional. Con el tiempo, las convergencias fueron evidentes y los vínculos fueron conduciendo hacia estrategias compartidas, capaces de sentar a los familiares de las víctimas y a la autoridad en un plano de igualdad, con un activismo capacitado que puede transmitir las demandas a través de una acción colectiva eficaz y propositiva.

Así, se reveló la necesidad de una intervención frontal del Estado, el único facultado para impartir justicia. En ese contexto la realización del Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias realizada en Saltillo, Coahuila, los días 5, 6 y 7 de junio, es resultado de un proceso organizativo basado en una premisa fundamental: buscar a las personas desaparecidas.

Además de las conclusiones que pueden consultarse en la prensa y en los documentos oficiales, hay lecciones profundas sobre este mecanismo nacional e internacional de diálogo que no podemos obviar. La primera es que no hay un precedente como éste: el Estado mexicano financiando un foro para explorar soluciones a un problema que no ha sabido (o no ha querido) resolver. La segunda, que cada asistente o participante aprendió algo trascendental: el cruce de ideas es el sustrato para remontar nuestra emergencia nacional. Y la tercera (entre muchas más), que sus conclusiones tiene un consenso cuádruple: el de las familias que buscan, el del Estado mexicano, de las organizaciones civiles participantes en el foro y de los expertos(as).

El Foro apunta a un horizonte lejano, del que primero debemos asumir las siguientes circunstancias:

1. En el actual estado de cosas, en muy contados casos puede esperarse dar con el paradero de una persona desaparecida;
2. Existe una relación directa o indirecta entre la delincuencia organizada y cada vez más amplias franjas del Estado mexicano;
3. El Estado, no tiene y nunca ha tenido una escuela de búsqueda, ni de investigación criminalística;
4. El paradigma de guerra/combate a la delincuencia organizada, en las actuales circunstancias, se ha convertido en un panegírico de la emergencia humanitaria, que hay que modificar urgentemente.

 

El Pacto roto

La teoría política ha dedicado infinidad de discusiones a la pregunta de cómo y por qué surge el Estado. Si hay un punto común, es que el Estado es una organización capaz de proveer protección y seguridad a los integrantes de una sociedad. No obstante, este precepto es cada vez más ajeno a nuestra realidad nacional.

Por si fuera poco, los familiares de las víctimas al trabajar en común han logrado un nivel de conocimiento, coordinación y organización que no se observa en las estructuras gubernamentales. A la hora de buscar sus familiares se han tenido que convertir en peritos, ministerios públicos, policías judiciales y defensores de derechos humanos.

Conocen los procedimientos de los laboratorios de ADN en distintos Estados de la República, la legislación existente y las leyes que hacen falta, han hecho investigaciones en bares, ferias y colonias donde sus familiares desaparecen, identifican ciertos patrones sociológicos y antropológicos del crimen organizado, tienen nociones sobre campos de tiro y casas de seguridad, y siguen aprendiendo sin querer hacerlo.

Así, tenemos hoy a miles víctimas de la violencia cubriendo supletoriamente las funciones del Estado. En medio de su duelo y su desesperación, aún les queda la fortaleza para erigirse en suplentes oficiosos del Estado. Por su parte, el Estado no ha sido receptivo a estos mecanismos ni ha reconocido la capacidad de aprendizaje de los familiares convertidos en actores públicos con una capacidad de respuestas a veces mayor a la de las autoridades. No es exagerado afirmar que un Estado así, incapaz de proteger a sus integrantes, inútil para encontrar a quienes han desaparecido, indiferente a atender a quienes le reclaman, reacio a explorar alternativas de solución es un Estado que se vacía de sentido.

La parálisis ante el problema de nuestros desaparecidos plantea una enorme interrogante, inadmisible en un régimen democrático: no sabemos por qué se mantiene el Estado si no cumple eficazmente sus obligaciones hacia la ciudadanía. Por eso no podemos entender la continuidad del Estado sin nombrar abiertamente el papel de la corrupción, los poderes fácticos y la intrusión de grupos delictivos (incluidos los de cuello blanco). La vigencia del pacto social, entonces, depende de la capacidad del Estado para nombrar, atender y localizar a cada desaparecido.

En nuestra opinión, y en suma, el camino de las víctimas organizadas lleva a la reformulación de las bases del Estado mexicano para que nunca más, nadie, tenga que sufrir una desaparición; para que todos los casos de desaparición (remotas, mediatas y recientes) sean esclarecidas y los responsables enjuiciados; y para que el Estado mexicano acepte que se corrompió como institución y que debe iniciar una operación de limpieza en sus propias entrañas, antes de que la población –desesperada- dirima sus propias directrices.

 

*Integrante del Grupo Autónomo de Trabajo de Coahuila para el seguimiento de las recomendaciones de la ONU en el tema de la desaparición forzada o involuntaria de personas.
**Área de investigación e incidencia de la CMDPDH

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