Originalmente publicado en Noche y Niebla – El Universal 28/05/13

*Isis Hernández

Después de 22 años desde la muerte de José Iván Correa Arévalo, el Estado mexicano busca archivar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto sin que, hasta el momento, se haya realizado una investigación cabal para determinar la verdad histórica de los hechos y sin que se haya sancionado aquellas autoridades involucradas en el encubrimiento de la verdad de los hechos. El padre, Juan Ignacio Correa Lopez, ha dedicado su vida a proteger el honor y nombre de su querido hijo José Iván Correa Arévalo cuya muerte fue, inicialmente, investigada como un homicidio y posteriormente fue investigada como suicidio, presuntamente, para liberar a los jóvenes involucrados del crimen.

José Iván Correa Arévalo, un joven estudiante de 17 años, fue asesinado el día 28 de mayo de 1991 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El día 27 de mayo de 1991, líderes estudiantes del Colegio de Bachilleres, dirigido por Ramiro Reyes Pérez, iniciaron un movimiento de huelga. José Iván Correa Arévalo, un líder independiente de la escuela, rechazó el movimiento, negando participar después de darse cuenta que la huelga era según sus palabras “vendida”. Por consecuente José Iván fue amenazado de muerte por Ramiro Reyes. El siguiente día, el 28 de mayo, se le acercaron tres compañeros, Vicente Ardines Domínguez, Rolando Vargas Pérez y William Sánchez Mandujano, quienes lo invitan a beber unas cervezas, pero lo dejan pocos minutos después herido con un balazo en la cabeza. José Iván fue llevado a un hospital de la Cruz Roja donde poco tiempo después, trágicamente murió.

La controversia y las irregularidades dentro del caso empiezan a pocas horas después del fallecimiento de José Iván. Inicialmente la determinación de la muerte de José Iván fue de un homicidio calificado. Posteriormente, y de manera inesperada, la investigación se giró hacia una determinación de suicidio por parte del ministerio público. Así, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Sr. Correa observamos que no se practicaron a tiempo todas las pruebas que estaban obligados a realizar para hacer esta importante determinación. Las que sí se hicieron presentan vicios e inconsistencias.

En específico y en relación a las necropsias, los oficiales faltaron hacer pruebas esenciales a los sospechosos, por ejemplo la prueba de “Harrison” para probar la presencia de pólvora de arma, a pesar de que llevaron a cabo tal prueba con José Iván (la cual resultó negativa). Además la ropa de Jose Iván fue entregada a su familia 3 horas después de su muerte, sin haber realizado ninguna prueba, resultando en la perdición de evidencia vital. Durante la necropsia nunca se practicó la prueba de “Tatuaje” para conocer la distancia del disparo, la cual puede ser decisiva en la clasificación de ‘homicidio’ o ‘suicidio’. Posteriormente los oficiales exhumaron el cuerpo de José Iván para llevar a cabo una segunda necropsia, sin el consentimiento de su familia y sin dar oportunidad a la familia para contratar sus propios peritos. El resultado de esta segunda necropsia no coincida con el de la primera, tendiendo a demostrar que José Iván se suicido. Al final, concluyeron extraoficialmente y de manera simplista que Iván se había suicidado.

En el presente caso queda claro que la familia de José Iván Correa Arévalo fue victimizada en dos ocasiones; por la muerte de su hijo y por las irregularidades de la investigación. Las irregularidades en este caso han sido constantes, numerosas y aberrantes. Aparte de la pésima integración de las pruebas, el expediente se ha archivado y hasta perdido en varias ocasiones, una de ellas durante dos años. El caso ha rolado de oficina en oficina, hasta ubicarse en la Fiscalía para Asuntos Relevantes, que investiga crímenes cometidos contra homosexuales y periodistas.

En la investigación, existen contradicciones entre los testigos en relación a la posición del cuerpo de José Iván, de como ‘se mato’ y de la pistola involucrada. Además, la investigación no tuvo un curso lógico, los sospechosos no fueron investigados diligentemente y existe evidencia de declaraciones falsas fabricadas por las autoridades.

No cabe duda que la disposición de la investigación, desde el inicio, se encontraba comprometida ya sea por incompetencia absoluta o por un esfuerzo colectivo de encubrir la verdad. La imparcialidad de la investigación obligó a que los peticionarios acudieran a un tercero, experto en materia de antropología forense, el Equipo Argentino de Antropología Forense, cuyo Opinión Técnica demostró: “los elementos disponibles, particularmente la negatividad de las pruebas de pesquisa de particulares metálicas en las manos de la víctima, las lesiones existentes en el hábito externo y el trayecto del proyectil en el cráneo, son compatibles con la hipótesis de homicidio presentado desde el inicio del proceso de investigación.” (Resaltado nuestro) Es sugerido que tales irregularidades son debidas a la protección que gozan los asesinos de José Iván, por parte de las autoridades de aquella época del gobierno de Chiapas. Específicamente, Vicente Ardines Martínez, padre de Vicente y dueño de una de las pistolas que involucradas en el crimen, es amigo íntimo del Procurador Antonio Tiro Sánchez y del Gobernador Patrocinio González Garrido. Tal influencia resultó en el Ministerio Publico Lic. Marco Antonio Mijano Ramos determinando la muerte de José Iván como un suicidio y así protegiendo a los involucrados.

La investigación también fue reprimida por amenazas a los testigos. Cuando los compañeros de Iván se presentaron a ayudar el caso, empezaron a decir otros compañeros que dejaron de ayudar porque les podía pasar “lo mismo que a Iván”. Igualmente y extrañamente, múltiples personas que, en su momento, intentaron aportar al presente caso fueron desaparecidas o asesinadas. Por lo tanto, y considerando multiples otras irregularidades del caso, queda claro que el presente caso hay otros intereses involucrados.

Las colusiones adentro del gobierno y los múltiples fallos jurídicos de esta época, 1990s, en Chiapas continuaron con más irregularidades y más actos ilegales de las autoridades. Existe una plétora de casos demostrando violaciones a los derechos humanos y corrupción que involucran a las mismas autoridades involucradas en el presente caso. Hoy en día, los funcionarios que encubrieron el homicidio de Iván, en lugar de ser investigados y sancionados por sus crímenes siguen siendo servidores públicos e incluso han sido ascendidos a cargos de alto prestigio y poder.

En 1992, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) tomó el caso de José Iván Correa Arévalo para presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cabe mencionar que este es uno de los litigios más antiguos de nuestra organización.

El 24 de octubre de 2008 se realizó una reunión con los peticionarios y el Estado mexicano en la CIDH para allegar a un acuerdo amistoso. El primer punto acordado dicta que el Estado mexicano se compromete “a continuar la investigación diligente y exhaustiva y a abrir nuevas líneas de investigación para lograr el pronto esclarecimiento de la verdad histórica acerca del homicidio de José Iván Correa Arévalo.” (Minuta de reunion de trabajo en el Caso 12.642, Jose Ivan Correa Arevalo durante el 133° periodo ordinario de sesiones de la CIDH).

Lamentablemente el Estado mexicano no ha cumplido con esta obligación ya que no ha abierto nuevas líneas de investigación sino que se ha fijado a una versión de los hechos sin haber agotado las otras posibilidades que además han sido demostradas a través de declaraciones, evidencias físicas y opiniones técnicas. En su más reciente escrito simplemente declaró: “dentro de esta causa penal, el órgano jurisdiccional competente habría de determinar un sobreseimiento al haber operado la figura de la prescripción” y que “la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas realizó acciones diligentes y oportunas a fin de agotar la investigación en torno a los hechos del caso”. Desde el primer día de la investigación del homicidio de Iván el Estado mexicano ha demostrada una falta de voluntad política para poner fin a estas violaciones y a sancionar a los responsables del encubrimiento de este crimen.

Hoy en día, 22 años después, el Estado mexicano nuevamente demuestra su falta de compromiso en la protección de los derechos humanos y la búsqueda por la verdad al tratar de archivar casos sin haber cumplido con su obligación de investigar. En múltiples casos el Estado mexicano ha jugado con el tiempo, esperando que los casos prescriban y que las familias se cansen de exigir justicia y la verdad.

* Isis Hernández es abogada de la CMDPDH

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