El arraigo es una figura arbitraria que, en el marco de una investigación penal, es utilizada para obtener información de una persona al mismo tiempo que permite una vigilancia oficial permanente. El objetivo del arraigo no es determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, sino privarla de su libertad con el fin de recabar información que pudiera ser utilizada, posteriormente, en la etapa de juicio. En otras palabras, se detiene para investigar, no se investiga para detener.

A pesar de que la figura ganó notoriedad y relevancia a partir de 2008 cuando se elevó a rango constitucional, su historia en los textos legales de México se remonta a 1983 y las críticas que su uso ha provocado datan, por lo menos, de 1999.

El arraigo es, en sí mismo, una práctica violatoria de diversos derechos humanos —libertad personal, legalidad, presunción de inocencia y garantías del debido proceso— y eleva las posibilidades de que una persona sea sometida a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. De ahí la importancia de conocer el camino que el arraigo ha recorrido en las páginas de la historia mexicana a fin de entender y fortalecer las razones por las cuales debe ser eliminado a la brevedad.

El equipo de la CMDPDH realizó una cronología, la más completa posible, de esta historia.

 

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