• Juez de Amparo obliga al Ministerio Público Militar a declinar competencia para investigar la ejecución extrajudicial de Jorge Parral Rabadán
• El Estado mexicano debe cumplir con las sentencias de la Corte IDH reformando el Código de Justicia Militar

México, D.F., 25 de noviembre de 2013 – El 20 de noviembre, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) recibió la notificación relacionada con la decisión del Juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en el Distrito Federal en la cual dictó sentencia a favor de la familia Parral Rabadán. Esta sentencia ordena al Ministerio Público Militar a declinar competencia al fuero penal ordinario para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los responsables de la ejecución extrajudicial de Jorge Parral, por tratarse de un civil inocente que se encontraba laborando en su centro de trabajo.

El 24 de abril de 2010, un comando de la delincuencia organizada incursionó a las instalaciones de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), en la ciudad de Camargo, en el estado de Tamaulipas, robando el dinero de las instalaciones del puerto fronterizo y secuestrando al Lic. Jorge Antonio Parral Rabadán. Durante el secuestro, también fue privado de su libertad otro funcionario federal y fue robado el vehículo de Jorge Parral. Tras la insistencia continua de la familia Parral Rabadán, la investigación del secuestro y desaparición de Jorge Parral fue atraída en junio de 2010 por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (entonces, SIEDO).

Asimismo, se hallaron indicios que establecen que Jorge Parral Rabadán y otro funcionario habían sido ejecutados por elementos del ejército mexicano durante un operativo, dos días después del secuestro, en el Estado de Nuevo León. Sin embargo, dicha investigación fue asumida por la Procuraduría General de Justicia Militar, en razón de la presunta participación de elementos del ejército mexicano en los hechos. El 6 de junio de 2013 la familia Parral, representada por su abogado y por la CMDPDH, promovieron un juicio de amparo en contra del acuerdo del Ministerio Público Militar, en el cual había negado declinar su competencia, para conocer de la investigación iniciada sobre la ejecución extrajudicial de Jorge Parral Rabadán cometida por elementos del ejército mexicano.

En la sentencia de amparo, el Juez Octavo de Distrito de Amparo refiere a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la restricción del fuero militar y, asimismo, reitera el llamado enfático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a reformar el Código de Justicia Militar, lo cual ha sido reiterado en las sentencias de los casos de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y en el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera (“Campesinos Ecologistas”).

A cuatro años del primer Examen Periódico Universal para México y de la sentencia del caso Radilla por la Corte IDH (ambos, del año 2009), es tiempo de avanzar en la decisiva reforma al Código de Justicia Militar en tanto el Estado tiene una gran deuda con las víctimas de violaciones a derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas. En tal sentido, es imprescindible que el Senado de la República concrete la reforma al Código de Justicia Militar, con lo cual avanzaría en el cumplimiento de un tema nodal establecido en cuatro sentencias de la Corte IDH, así como en los múltiples llamados de mecanismos internacionales de derechos humanos, incluyendo las recientes recomendaciones emitidas por al menos 10 países durante el Examen Periódico Universal de México realizado el pasado mes de octubre.

La familia Parral, el abogado de la familia y la CMDPDH reconocemos la importancia de la sentencia del Juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en el Distrito Federal, por ser un paso relevante para alcanzar la justicia, verdad y reparación. Asimismo, instamos a la Procuraduría General de la República a que lleve a cabo una investigación diligente, exhaustiva e imparcial, a fin de que se cumpla con la obligación de identificar, procesar y sancionar a quien resulte responsable de la ejecución extrajudicial de Jorge Parral.

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