Ciudad de México, 9 de abril de 2014

Sr. François Nicolas Hollande
Presidente de la República Francesa

Sr. Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Distinguidos Presidentes,

A México y Francia además de unirlos lazos históricos de intercambio y promoción mutua, los  caracteriza   el respeto y promoción permanente de los derechos humanos.  Por ello, celebramos el encuentro que sostendrán esta semana en la Ciudad de México con el objeto de fomentar una mayor cooperación en los sectores prioritarios para ambos países como la seguridad pública, educación, energía y finanzas.

Francia impulsa año a año en el marco del Consejo de Derechos Humanos resoluciones sobre la prohibición de la desaparición forzada de personas y de las detenciones arbitrarias.  Recientemente efectuó diversas recomendaciones relevantes en el contexto del Mecanismo del Examen Periódico Universal (MEPU), para que en México se prevenga y castigue efectivamente la práctica de tortura, se combata la impunidad y se mejoren las condiciones de vida en las prisiones.

México, por su parte, promueve las resoluciones sobre los derechos humanos de los migrantes, de los pueblos indígenas, sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, de los derechos de las personas con discapacidad, entre otras.

Sin embargo, su agenda de trabajo bilateral para esta semana no refleja que se tenga previsto abordar temas de la mayor importancia para sectores relevantes de la ciudadanía de ambas naciones, en particular nos referimos a la protección de los derechos humanos.

México enfrenta importantes retos en esta materia,  particularmente a partir del inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en diciembre de 2006. Según el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde entonces, las quejas de tortura se han incrementado en un 500%; se tiene registro de más de 26,000 casos de desapariciones según cifras de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; se han detenido arbitrariamente bajo arraigo a más de 8,000 personas según cifras de la Procuraduría General de la República y se han ejecutado arbitrariamente a más de 70,000 según los datos del Relator de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales después de su visita a México en 2012. Si bien el discurso en materia de seguridad ha cambiado desde que el Presidente Peña Nieto entró en funciones en diciembre de 2012, las estadísticas evidencian que la violencia no cesa, ni tampoco las violaciones a los derechos humanos.

Los abusos cometidos por las agencias de seguridad han sido ampliamente documentados no solo por los mecanismos de derechos humanos, sino también por la prensa nacional e internacional. Sin embargo, la mayoría de dichos abusos permanecen en la absoluta impunidad. Ejemplo de ello es el caso de Florence Cassez, que a pesar de haber sido liberada por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la fecha ningún funcionario público que participó en el montaje y detención arbitraria ha sido investigado, procesado y castigado.

Como organizaciones de derechos humanos que acompañamos víctimas de tortura, ejecuciones extrajudiciales, violación sexual, detenciones arbitrarias y desaparición forzada a manos de las agencias de seguridad del Estado y de la impunidad consecuente, expresamos nuestra preocupación por la falta de cambios sustanciales en la política de drogas.

Asimismo es importante señalar que en México el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos está en riesgo, tal como ha sido acreditado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil. El 24 de febrero de 2014, la SEGOB notificó que en un año de existencia el Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores había recibido 152 solicitudes de protección, de las cuales 22 no fueron aceptadas y 130 se aceptaron. De estas últimas 41 solicitudes fueron atendidas y 89 continúan pendientes. Es decir, casi 70% de las solicitudes aceptadas no habían sido atendidas. De los casos atendidos se desconoce cuántas personas han recibido totalmente las medidas dictadas por la Junta de Gobierno.

Por lo anterior, consideramos que el gobierno de México actualmente no cuenta ni con la voluntad política ni con la capacidad para procesar a los actores de las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones y los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, por lo que es urgente que la comunidad internacional insista sobre la necesidad de contar con un sistema de administración de justicia independiente. Por ello, consideramos que sería muy importante que ambos Presidentes externen públicamente su indeclinable compromiso con el combate a la impunidad por las violaciones graves a los derechos humanos, a la vez que expresen públicamente su respaldo al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en ambos países.

Las organizaciones firmantes de la presente carta abierta valoraremos muy positivamente el que los países se comprometan a cooperar firmemente para enfrentar estos importantes retos, incluso a través del fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, de procuración y administración de justicia.

Atentamente,
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
Liga Francesa de Derechos Humanos
FIDH – Federación Internacional de Derechos Humanos
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

logo movimiento por la paz con letras

Para cualquier duda o aclaración favor de contactar a:
Dr. José Antonio Guevara Bermúdez, Director Ejecutivo.
Teléfono: +5255-5564-2582. Correo-electrónico: direccion@cmdpdh.org

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