• En 2005, México ratificó el Estatuto de Roma adquiriendo responsabilidades que no pueden quedarse en buenas intenciones.
  • Preocupante el rechazo de la reforma al Artículo 21 por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales

México, D.F. a 4 de abril de 2014.– El pasado 2 de abril, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados desechó por un voto la iniciativa de reforma al Artículo 21 constitucional, párrafo octavo, que tenía como finalidad el corregir la reserva que de facto opera en dicho artículo constitucional que reconoce la competencia de la  Corte Penal Internacional (CPI).

Durante la sesión, en la Comisión de Puntos Constitucionales se externó la preocupación de que la CPI esté por encima de los tribunales mexicanos y la importancia de proteger a los imputados de una jurisdicción externa que determina sus propios tipos penales. Sin embargo, es importante recordar que la CPI tiene “carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales”. Esto implica que la Corte no usurpa las competencias nacionales y en caso de que un crimen internacional esté siendo investigado de manera efectiva en un país, la CPI no es competente en relación con el caso.

“Hace más de ocho años, México decidió libre y voluntariamente ratificar el Estatuto de Roma, reconociendo la competencia plena de la Corte Penal Internacional, y tomando una participación activa en el proceso de negociación del Estatuto” declaró Paulina Vega, Vice Presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos ”.  “Sin embargo, ha dejado de lado los compromisos adquiridos al momento de la ratificación. Es urgente que México incorpore las disposiciones establecidas en este tratado internacional para poder juzgar los crímenes  lo mas graves en México”.

Entre los compromisos adquiridos por México, aún se encuentran pendientes la incorporación de los distintos crímenes internacionales en la legislación penal, ya que únicamente el genocidio se encuentra tipificado. Ello implica que los jueces mexicanos se ven imposibilitados de procesar y sancionar a quienes sean responsables de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. De igual manera, la Cámara de Diputados no ha discutido el proyecto de Ley de Cooperación con la CPI aprobado por el Senado de la República desde la legislatura pasada.

La CMDPDH, y la FIDH, así como diversas organizaciones nacionales e internacionales, hemos llamado en reiteradas ocasiones a la pronta implementación del Estatuto de Roma. Consideramos asimismo lamentable la decisión de desechar la incitativa de reforma el pasado 2 de abril.

La impartición de justicia no puede basarse en buenas intenciones, es imprescindible que México cumpla con celeridad las obligaciones adquiridas en 2005 y facilite la cooperación con la Corte Penal Internacional.


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