• No existen pruebas de conocimiento público de que lo sucedido fue un enfrentamiento entre SEDENA y un grupo armado organizado.
  • Exigimos investigaciones imparciales e independientes.

 

México, D.F., 24 de julio de 2014.- En días recientes, la agencia de noticias Associated Press (AP) difundió información sobre la ejecución de 22 personas en San Pedro Limón, Tlatlaya en el Estado de México. En el reportaje -que fue retomado por medios como The Washington Post-, se dice que “existe evidencia de que elementos del Ejército mexicano colocaron en un paredón (improvisado dentro de una bodega) a 22 presuntos delincuentes y los fusilaron en el Estado de México”.

 

Días después de salir a la luz el reportaje de AP, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), a través de su titular, Alejandro Gómez Sánchez, rechazó que la muerte de las 22 personas en el municipio de Tlatlaya -registradas el pasado 30 de junio-, haya sido resultado de un fusilamiento por parte del Ejército Mexicano, sino que “se trató de un enfrentamiento entre presuntos integrantes de una banda delictiva originaria de Guerrero, llamada Guerreros del Sur e integrantes de la XXII Zona Militar”, sostuvo el funcionario.

Sin embargo, en el reportaje de AP se menciona que un observador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tuvo la oportunidad de inspeccionar la bodega donde fueron ejecutadas estas 22 personas, poco antes de que las autoridades estatales la cerraran. No hallaron indicios de balas perdidas que deberían haber dejado soldados que disparasen armas automáticas a distancia. Y según el reportaje de AP, el observador mencionó que no había tampoco señales de disparos efectuados desde el interior.

Estos hechos que parecieran configurar como ejecución extrajudicial se enmarcan en el patrón sistemático de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas a partir de la militarización del país en el contexto de la Guerra contra el Narcotráfico, que cerró el 2013 con 212 mil 208 efectivos militares desplegados en todo el territorio mexicano.

El gobierno federal tiene la obligación de esclarecer los hechos e iniciar investigaciones inmediatas, independientes e imparciales. Las organizaciones que suscribimos hemos enviado una solicitud de información para conocer el dictamen de la PGJEM, sobre los hechos, e insistimos en que esta información debe de ser de carácter público.

Exhortamos al Gobierno de la República que haga pública la información del caso y que la Procuraduría General de la República inicie de inmediato investigaciones penales para sancionar a los responsables de haber cometido homicidio por el uso indebido de armas de fuego por parte de la SEDENA.

 

 

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