• La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos observa con preocupación el anuncio del Gobierno Federal sobre las cifras de personas “no localizadas”.
  • La CMDPDH confía en que la estrategia anunciada se ajustará a las obligaciones en materia de derechos humanos y que su anuncio sea el inicio de un verdadero compromiso con las víctimas de desaparición.

 

México, D.F. a 1 de septiembre de 2014.- El Gobierno Federal anunció el pasado jueves 21 de agosto que la cifra de personas ‘no localizadas’ en México alcanza las 22 mil 322 personas.  Según detalló la subprocuradora jurídica de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez Tiburcio, la cifra está compuesta por 12,32 denuncias durante la administración de Felipe Calderón y 9,790 que corresponden a la administración actual con Enrique Peña Nieto.La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. observa con preocupación el anuncio de números respecto de los cuales no se especifica la metodología utilizada para su obtención, ni se explican las variables que representa esa cifra, es decir los datos, no están desagregados por género, estado, municipio, averiguaciones previas abiertas, y sentencias.

De igual manera, es inaceptable el uso de eufemismos como el de ‘personas no localizadas’ lo cual envía un mensaje de opacidad que parece querer modificar el contexto de la realidad, y pudiera tener por objetivo minimizar las obligaciones y responsabilidades del Estado mexicano en la búsqueda, localización de personas desaparecidas y la sanción de los responsables.

La subprocuradora Benítez destacó que se trabaja en la construcción del Plan Nacional de Búsqueda; una estrategia que incluye el fortalecimiento de mecanismos de búsqueda. No obstante, vale la pena detenerse a analizar la capacidad que tiene la Procuraduría General de la República para hacerse cargo de la búsqueda, clasificación de los restos y atención a las familias.  A la fecha la unidad que atiende el tema ha demostrado ser insuficiente, tomando en cuenta la cifra mencionada, y que la anunciada Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas cuenta únicamente con 160 funcionarios.  Desconocemos la formación y capacidad técnica de esos funcionarios, además consideramos limitado el número, debido a que a cada uno le correspondería buscar, localizar e identificar a 139 personas, además de llevar a cabo las tareas de investigar y acusar a los responsables de los hechos delictivos.  Dichas tareas tendrán que desempeñarse en un contexto en donde continúan ocurriendo más desapariciones.

Llama la atención la declaración de la subprocuradora de que las principales causas de desaparición son: ausencia voluntaria, problemas domésticos, privación ilegal de la libertad, migración, internamiento en centros de reclusión, fallecimiento o víctimas de otros delitos, pues este tipo de información sólo puede desprenderse de investigaciones imparciales e independientes que al día de hoy no han sido realizadas.

El Estado mexicano ha fallado en posibilitar el acceso a la verdad, justicia, garantías de asistencia y reparación a las víctimas directas e indirectas de la desaparición; lo anterior, es un síntoma de impunidad. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas es importante recordar que México no ha  reconocido la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU para analizar casos individuales de víctimas de esta práctica, a pesar de contar con una cifra de decenas de miles de personas desaparecidas y tomando en cuenta el importante rol de México en la adopción de la Convención sobre Desaparición Forzada que creó el Comité.

La CMDPDH acompaña cinco casos de desaparición, algunos de ellos desaparición forzada; el caso de Jorge Antonio Parral Rabadán, desaparecido en abril de 2010; Daniel Ramos Alfaro, desaparecido en Michoacán en 2013; Jethro Ramsés Sánchez Santana, en Morelos en 2011; Oscar Carlos Reyes Ruíz, se presume que en Veracruz en 2012; Miguel Orlando Muñoz Guzmán, en Chihuahua en 1993, Rosendo Radilla Pacheco desparecido en 1974 durante la Guerra Sucia en Guerrero, y la desaparición aún no aclarada de Silvia Arce en el contexto feminicida de Ciudad Juárez de 1998.  En cinco de ellos se desconoce por completo la suerte y paradero de las personas y el Estado continúa sin tomar las medidas necesarias para su localización. Tampoco hay responsables procesados por esas violaciones graves de múltiples derechos humanos.

Es necesaria la pronta implementación de medidas efectivas y adecuadas para atender los casos de desaparición y desaparición forzada de personas.  Confiamos que el anuncio de la estrategia de PGR sea replanteado en cuanto a conceptos compatibles con los derechos humanos y que sea el inicio de un verdadero compromiso y el desarrollo finalmente de una política seria en la búsqueda y sanción de todos los responsables de las desapariciones en México. Sin duda alguna, el combate a la impunidad debe ser un paso importante para enfrentar el reto de responder a decenas de miles de familias que buscan conocer la verdad y encontrar justicia.


40 años en busca de verdad y justicia: Radilla y la desaparición forzada en México

Descarga comunicadoPara mayores informes:
Mariana Gurrola, Comunicación CMDPDH
comunicacion@cmdpdh.org
Tel: (55) 55642582, ext. 114

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