• Lineamientos del GDF sobre indemnización a víctimas de violaciones a derechos humanos limitan el derecho a una reparación integral y generan revictimización.
  • La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal adopta lineamientos del GDF en perjuicio de las víctimas.
México, D.F. a 21 de noviembre de 2014.- El Gobierno del Distrito Federal publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 23 de septiembre los “Lineamientos para el pago de la indemnización económica derivada de las Recomendaciones o Conciliaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aceptadas o suscritas por las Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a las que se encuentren dirigidas,” los cuales establecen parámetros y criterios arbitrarios para determinar las indemnizaciones y la incorporación a programas sociales del Distrito Federal a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Los mencionados lineamientos refieren un procedimiento de reclamación de la indemnización y de incorporación a programas sociales del Gobierno del Distrito Federal (GDF). Además, prevé el establecimiento de un Grupo de Trabajo en el cual se señala que la CDHDF podrá ser invitada como observadora del proceso, lo que genera un procedimiento burocrático adicional para garantizar el derecho de las víctimas a una reparación integral y en específico a acceder a una indemnización. Un procedimiento así revictimiza, pues después de un largo proceso ante un organismo autónomo como la CDHDF o la CNDH para que emita una Recomendación o Conciliación, las víctimas deberán enfrentarse a otro proceso para determinar y establecer una indemnización.

Los lineamientos restringen el reconocimiento de la calidad de víctima sólo a aquellas personas que queden “perfectamente identificadas por nombre y apellido o con cualquier otro dato que no deje lugar a duda acerca de su identidad” en alguna recomendación de la CDHDF o CNDH.  Del análisis de dichos lineamientos se desprende que la calidad de víctima queda limitada a la aceptación por parte de la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos, lo que representa el riesgo de excluir un universo amplio de víctimas y deja fuera a las víctimas que puedan ser identificables en relación con los mismos hechos.

De igual manera quedan al arbitrio del GDF las medidas de reparación. Será el Grupo de Trabajo integrado por la Secretaría de Gobierno, la Contraloría General, la Secretaría de Finanzas y las autoridades responsables de la violación a derechos humanos quienes establecerán los criterios específicos para determinar la indemnización por daño material e inmaterial. Sobre el daño inmaterial preocupa que dichas autoridades estén facultadas para establecer la afectación biopsicosocial y por ende determinar la indemnización correspondiente, en la que podrán excluir la medida de rehabilitación con miras a una reparación integral.

Es importante destacar respecto a la indemnización que no se cuenta con un fondo específico para ello ni se indica que se haya previsto etiquetar recursos para ello, sino que el pago de la cantidad que sea determinada, dependerá de la existencia de los recursos de la autoridad responsable.

Cabe mencionar que los lineamientos excluyen a todas las víctimas que podrían estar en una situación de vulnerabilidad pues el concepto de vulnerabilidad es cambiante. En específico preocupa la omisión a las personas privadas de la libertad como un grupo en situación de vulnerabilidad, situación que llama la atención debido a que la CDHDF en su informe anual de 2013 reportó la recepción de 2,189 quejas por la vulneración de los derechos de las personas privadas de la libertad. Además, la CDHDF cuenta con dos informes especiales sobre la situación de los centros de reclusión en el Distrito Federal.

Aunado a lo anterior, es importante señalar que las personas privadas de su libertad son un grupo vulnerable, que por el hecho de encontrarse bajo la tutela y guarda del Estado requieren de especial atención y tratamiento, por lo que la omisión en los lineamientos deja nuevamente al arbitrio de la autoridad el cómo se deben de reparar e indemnizar las violaciones a los derechos de este grupo.

Los lineamientos dejan de lado la atención inmediata que se le debe dar de manera gratuita a las víctimas de violaciones a derechos humanos, como la atención médica, psicológica, de educación, alimentación, vivienda o en materia de protección a la integridad personal, servicios que además  se deberán otorgar hasta la total rehabilitación e integración de la víctima. Además se omite la protección de la identidad en todas las etapas procesales y de protección y asistencia cuando las personas se encuentran en el supuesto establecido por el artículo 20,  apartado C, fracción V de la Constitución.

Lo anterior es contrario al derecho a la reparación integral, la cual debe ser plena y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación del proyecto de vida, para lo cual es necesario contar con órganos imparciales que decidan sobre los derechos de las víctimas. Los organismos de protección de derechos humanos son los que deben estar facultados para determinar una reparación integral, de lo contrario se pierde la efectividad del instrumento recomendatorio o del documento de conciliación. La reparación integral debe incluir la indemnización (por daño materia e inmaterial), las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición.

Los lineamientos parecen ser una medida inadecuada para implementar en el Distrito Federal la Ley General de Víctimas, cercena la competencia material de la CDHDF para determinar las reparaciones, representan un retroceso en materia de reparación por violaciones a derechos humanos y desnaturaliza el concepto de reparación integral.

Con relación a la indemnización, es preocupante la confusión que puede surgir entre medida de reparación –la indemnización, en este caso, derivada de una violación de derechos humanos- y otras medidas derivadas de un concepción de Estado social de derecho, que no tienen como origen una violación de derechos humanos, como serían los programas sociales. Una cuestión son las medidas de reparación y otra los programas sociales. Los lineamientos confunden ambos conceptos.

En dichos lineamientos, además no se considera la participación activa de abogados o de las organizaciones de la sociedad civil que representan y acompañan de manera integral a las víctimas en los diferentes procesos.

Las organizaciones y personas firmantes manifestamos nuestro profundo rechazo al reconocimiento de dichos lineamientos por parte de la CDHDF mediante su boletín de prensa número 169/2014 y a la utilización de los mismos en sus últimas recomendaciones, incluso en aquellas que tienen que ver con violaciones graves a derechos humanos, como la 5/2014 relacionada con los derechos a la vida e integridad personal de niñas, niños y una mujer embarazada. Confiamos en que la CDHDF hará uso de sus atribuciones constitucionales y de su autonomía para promover y proteger adecuadamente los derechos de las víctimas.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos, ASILEGAL
Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. A.C.
Centro Jurídico para los Derechos Humanos
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
Defensoras Populares A.C.
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
I(DH)AS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.

Para consultar los lineamientos:
LINEAMIENTOS_INDEMNIZACI%C3%93N_RECOMENDACIONES_DH.pdf

Informes anuales de la CDHDF: http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/informe-anual-2013/#

Recomendaciones recientes de la CDHDF que se han emitido conforme a los lineamientos:
http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/category/recomendaciones/recomendaciones-2014


Descargar comunicado

Para más información:
Mariana Gurrola Y.
comunicacion@cmdpdh.org
5664-2582 ext.114

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