- Crímenes de lesa humanidad en México, política de Estado;
- CMDPDH expone la actualidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en México a partir de 2006 ante Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma
- La CMDPDH instó a la CPI a apoyar a instituciones mexicanas y víctimas en México
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) expuso ante la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional [CPI], en el marco del 13º Periodo de Sesiones, la sistemática violación a los derechos humanos cometida en contra de la población civil mexicana a partir de la “Guerra contra el narcotráfico” emprendida por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2006. Por la política de seguridad militarizada implementada, el país atraviesa la peor crisis de violencia desde la Revolución mexicana.
A pesar de que en México, oficialmente no se reconoce un conflicto armado, se tienen registradas más de 22 mil desapariciones forzadas, más de 70 mil ejecuciones extrajudiciales, más de 160 mil desplazados internos por la violencia y miles de casos de tortura, las autoridades niegan la existencia de un conflicto armado, quitando la gravedad de estos hechos en el país, dejando estas graves violaciones de derechos humanos como “hechos aislados”.
Ante estos números, la situación se agrava al no existir sentencias contra los autores materiales, ya sean de grupos de delincuencia organizada, o en su caso, altos responsables de la estructura del Estado mexicano. La impunidad impera en el país, ya que alcanza niveles superiores al 98%, y sólo el 1.5 por ciento de denuncias llegan ante un juez.
La CMDPDH recordó que, junto a la Federación internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), presentaron en septiembre del presente año, ante la Fiscalía de la CPI, una comunicación conforme al artículo 15 del Estatuto de Roma, en el que se mostró la práctica sistemática de la tortura perpetrada por fuerzas federales contra población civil en Baja California, entre los años 2009 y 2011. En todos los casos, las personas fueron detenidas arbitrariamente, desaparecidas por algunos días y torturadas brutalmente en instalaciones militares, lo que se enmarca como crímenes de lesa humanidad. En la mayoría de los casos, las víctimas fueron procesadas y encontradas inocentes.
México ratificó el Estatuto de Roma en noviembre de 2005 y entró en vigor en enero de 2006, por lo que la CPI puede juzgar crímenes cometidos en México. Los casos se presentaron ante la CPI porque tiene competencia para juzgar penalmente a individuos presuntamente responsables de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
La CPI se integra por jueces internacionales independientes, y juzga a personas físicas en procesos penales ante con respeto a las garantías de un juicio justo; a diferencia de instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) o comités de Naciones Unidas que establecen responsabilidad al Estado por violaciones a derechos humanos.
Por último, la CMDPDH tiene certeza de que la CPI cuenta con elementos suficientes para fortalecer la complementariedad positiva en México, brindar apoyo a instituciones y sobre todo a las víctimas, para investigar, llevar un debido proceso y castigar a los responsables, ya sean personas en las altas esferas del poder del Estado o de grupos del crimen organizado.
Texto de la exposición ante la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional:
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