·       A cuatro meses del asesinato y desaparición forzada de estudiantes de Ayotzinapa, OSC exigimos el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables

 

·       Deleznable la actuación del Gobierno Federal en el caso Ayotzinapa

 

·       Alto a las campañas de difamación y desprestigio contra estudiantes, madres, padres de familia y defensoras/es de derechos humanos que les acompañan

28  de enero de 2015.

A pesar de que han transcurrido cuatro meses de las violaciones graves a los derechos humanos contra estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa” ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero[1], el Gobierno Federal no ha dado resultados eficaces que esclarezcan los hechos y castigue a los responsables, contrario a ello, la Procuraduría General de la República (PGR) pretende cerrar el caso aun cuando existen elementos para continuar la investigación y evitar la impunidad.

A 120 días de ocurridos los hechos: el esclarecimiento, el acceso a la  justicia, la reparación del daño a madres y padres de familia, así como a los estudiantes, y la exigencia de garantías de no repetición, siguen siendo las demandas de los estudiantes, padres y madres de familia, así como de la comunidad nacional e internacional.

Ante ello, las organizaciones, defensoras y defensores de derechos humanos reprobamos la insistencia de la PGR en reafirmar la hipótesis de que los estudiantes fueron secuestrados, quemados y arrojados a basurero de Cocula, sin contar las pruebas científicas suficientes que confirmen el hecho. Reiteramos que existen elementos suficientes para mantener la línea de investigación abierta y la búsqueda con vida de los estudiantes, a fin de llegar a la verdad de los hechos y al castigo de todas/os los responsables, como lo han exigido los estudiantes y las madres y padres de familia.[2]

Las organizaciones firmantes reprobamos que el Gobierno Federal no cumpla con los acuerdos firmados con los padres, madres de familia, estudiantes y sus representantes, y sin mayor explicación pretenda poner fin a la investigación que esclarezca uno de los hechos que más ha herido a nuestro país en los últimos años.

Desde septiembre de 2014 organizaciones de la sociedad civil, defensoras/es de derechos humanos, hemos sido testigas/os de la fuerza y dignidad que han mantenido de pie a padres y madres de familia, quienes sin pensarlo, asumieron la búsqueda de sus propios hijos frente a la dilación e ineficaz respuesta de las autoridades municipales, estatales y federales de nuestro país.

 

Si bien existen personas relacionadas con los hechos que han sido detenidas, al día de hoy, ninguna de ellas está siendo procesada por desaparición forzada, a pesar de las evidencias y testimonios que refieren la participación por acción u omisión de autoridades de los tres niveles de gobierno. De igual forma, no se ha detenido a todos los autores materiales e intelectuales[3]. Tampoco se han esclarecido los vínculos y complicidades de las autoridades de distintos niveles con grupos delincuenciales.

Asimismo, la participación del Ejército no ha sido investigada a cabalidad, lo que ha derivado en que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional se manifiesten denunciando que “la Procuraduría General de la República (PGR) ha fallado en investigar adecuadamente todas las denuncias de complicidad de las fuerzas armadas y otras autoridades en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa”.

Contrario a ello, los estudiantes normalistas, madres y padres de familia, así como defensoras y defensores de derechos humanos que acompañan el caso, han sido objeto de campañas de difamación y desprestigio, agresiones físicas e intimidación, y su palabra y valoración no ha sido tomada en cuenta en las recientes acciones del Gobierno Federal.

Ejemplo una de las agresiones es la acción ocurrida el pasado 12 de enero de 2015, en el 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, ubicado en Iguala, Guerrero, en donde militares agredieron a familiares y compañeros de los normalistas desaparecidos, quienes desde un inicio han exigido la apertura de los cuarteles militares para cerciorarse si sus hijos se encuentran o no dentro de los cuarteles.

Una vez más, el Ejército ponderó el uso de la fuerza en lugar de crear las condiciones necesarias para el diálogo con familiares y normalistas, quienes exigen a las autoridades federales el esclarecimiento del papel del Ejército en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

La omisión del Gobierno Federal para atender esta petición, ha generado la desesperación de las familias y estudiantes, mismos que han encontrado en la búsqueda ciudadana, el camino para acceder a la verdad frente a la ineficacia de instancias como la PGR quien en estos cuatro meses no ha llegado al esclarecimiento de los hechos.[4]

Como sociedad civil de nuestro país y junto con la comunidad internacional, abrazamos el dolor por Ayotzinapa, porque sabemos que no es un hecho aislado, como lo reflejan también hechos como los ocurridos en Tlatlaya, Estado de México.
Ante ello, a cuatro meses de los atroces hechos ocurridos contra los normalistas de Ayotzinapa y de la pretensión de cerrar la investigación sobre el caso, las organizaciones civiles firmantes exigimos al Gobierno Federal:

·       No cerrar el caso Ayotzinapa hasta que las familias tengan certeza científica y jurídica del paradero de sus hijos y hasta que todas/os los autores materiales e intelectuales sean sancionados.

 

·       Se creen mecanismos eficaces para garantizar la no repetición de los hechos.

 

·       Se agoten  todas las líneas de investigación y se esclarezca la participación de la clase política, el Ejército y su vinculación con los grupos delincuenciales.

 

·       Se creen mecanismos institucionales para que los cuarteles militares sean abiertos e inspeccionados por los padres y madres de familia de los normalistas desaparecidos y sus represenantes, a fin de garantizar el ejercicio de su derecho a la verdad y se cercioren si sus hijos se encuentran o no en dicho lugar.

 

·       Se respeten las valoraciones y los resultados de las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y se garanticen las condiciones necesarias para que el Grupo Interdisciplinario de cooperación técnica que ha sido asignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos; así como para contribuir en las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a los responsables, y la asistencia a los familiares, pueda realizar sus actividades a cabalidad, como se estableció y oficializó el pasado  29 de octubre y 18 de noviembre de 2014, respectivamente en el acuerdo firmado entre la CIDH, el Estado Mexicano y los representantes de las víctimas.

 

·       Que el Gobierno Federal actué de manera contundente para desmantelar a los grupos delincuenciales que atentan contra la estabilidad y seguridad de nuestro país y que hoy en día han hecho de México un territorio de miles de personas desaparecidas.

 

·       Cese de la represión y criminalización, contra miembros de la sociedad civil, que en el ejercicio de su derecho a la libre manifestación, han sido detenidos arbitrariamente en el marco de las acciones en  solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa.

 

·       Cese del desprestigio y criminalización de los estudiantes normalistas, padres y madres de familia, así como de las y los defensores de derechos humanos que acompañan el caso. Así como garantías de su seguridad.

 

·       Se establezcan mecanismos eficaces de comunicación en los que se priorice la interlocución y necesidades específicas de las familias, estudiantes y organizaciones acompañantes.

A las madres, padres y estudiantes normalistas y sus familias, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos que les acompañan, les decimos que desde nuestros diversos espacios estamos atentas/os de las acciones que emprendan ante las instancias internacionales como lo será su presencia en la Octava sesión del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, en Ginebra, Suiza para exigir la justicia que no se ha encontrado en nuestro país y nos unimos a la exigencia de que el marco jurídico internacional sea implementado a cabalidad por el Estado Mexicano, a fin de cumplir con los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por México, para que hechos como lo ocurrido en Iguala no se repitan y cese la impunidad.

Atentamente,

Asesoría Integral y Litigio Estratégico a Pueblos Originarios ASER-Litigio; Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. ASILEGAL; Casa del Migrante de Saltillo; Católicas por el Derecho a Decidir; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedemh); Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Cordova; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Centro de Derechos Indígenas A.C; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD); Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, AC; Colectiva Feminista Lilas;  Colectivo Audiovisual la Marabunta; Colectivo Bolivariano, Oaxaca; Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA; Colectivo Radio Nahndia, Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C (Cosyddac); Comité Cerezo México; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C; Comité de familiares y amigos de Damián Gallardo Martínez; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social AC; Educando en los Derechos y la Solidaridad, EducaDyS; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; FUNDEM (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México); Iniciativa Ciudadana Oaxaca A.C.;  Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.; JASS (Asociadas por lo Justo); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Ojo de Agua Comunicación; Propuesta Cívica; Red por los derechos de la infancia en México (REDIM); Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juáres; Respuesta Alternativa A.C; Servicios del Pueblo Mixe A.C.; Servicios Para Una Educación Alternativa A.C EDUCA; Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados(SMR); Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca (SURCO); Unión Campesina e Indígena de Oaxaca “Emiliano Zapata” -UCIO EZ;

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” Conformada por 74 organizaciones en 21 estados de la República mexicana: Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila) Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.) Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chihuahua); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo,Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla; Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Mujeres indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales CIARENA A. C (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.) A título personal: Claudia Fuentes Córdoba; Claudia Vera Noriega; Jade R Cuevas Villanueva (periodista); Michael Chamberlain.

Para mayor información:

Nancy Gocher Padilla

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)

Teléfono: 55239992

[1] Hechos que derivaron en la ejecución extrajudicial de los estudiantes de: Julio César Ramírez, Julio César Mondragón, Daniel Solís Gallardo, y de otras tres personas más; así como de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas.
[2] Comunicado  Padres y madres de normalistas desaparecidos responden a PGR: http://www.tlachinollan.org/conferencia-padres-y-madres-de-normalistas-desaparecidos-responden-pgr/

[3] Ejemplo de ello es que el Secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, hasta la fecha se encuentra prófugo.
[4] Si bien organismos internacionales de derechos humanos se han pronunciado por que se investigue y se juzguen los atroces abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas -como lo realizó  Human Rights Watch (HRW)[4]-, a la fecha, el Gobierno Federal no ha dimensionado las graves violaciones a los derechos humanos que han sido permisibles, y que hoy en día tienen los ojos del mundo puestos en México.

 

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