México, D.F. a 24 de marzo de 2015.-  La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el pasado 18 de marzo la libertad inmediata de Alfonso Martín del Campo Dodd, tras 23 años en prisión.

Alfonso Martín del Campo Dodd fue acusado en 1992 por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por el asesinato de su hermana Juana Patricia Martín del Campo Dodd y su cuñado Gerardo Zamudio y fue sentenciado a 50 años de prisión.  La única prueba presentada en su contra fue una confesión arrancada bajo tortura.

El caso de Martín del Campo fue el primer asunto mexicano en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2004, sin que dicho tribunal haya conocido el fondo de asunto por cuestiones procesales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009 hizo público el informe de fondo en el que reconoció las violaciones a derechos humanos en contra de Alfonso Martín del Campo, instó a las autoridades mexicanas a revisar el proceso judicial que lo llevó a prisión, anular la confesión obtenida bajo tortura, investigar a los autores de las violaciones a los derechos humanos sufridas y reparar adecuadamente a la víctima. De igual manera, se han pronunciado sobre las violaciones de los derechos humanos de Alfonso Martín del Campo Dodd el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Celebramos el voto de los Ministros Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes resolvieron otorgar el amparo liso y llano ordenando la inmediata libertad de Martín del Campo.  Y resulta desconcertante la decisión del Ministro Jorge Pardo Rebolledo de votar en contra.

La resolución de la Primera Sala de la SCJN es un paso muy importante para la lucha contra la tortura en México al enviar un mensaje claro a las procuradurías del país de que las confesiones arrancadas bajo tortura no tienen validez, a la vez que ofrece una esperanza de justicia para las víctimas injustamente sentenciadas.

Derivado de la resolución de la SCJN, la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, están obligadas a reparar integralmente a Alfonso Martín del Campo por las múltiples violaciones a sus derechos humanos, a la vez que deben investigar, procesar y castigar a los responsables de dichos abusos.  De igual manera la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deberá atender el caso y reparar conforme a sus facultades.  Tanto la PGJ como el TSJDF tendrán que llegar a la verdad y hacer justicia por el asesinato de la hermana y cuñado de Alfonso, ya que sólo así se podrá romper con la impunidad fomentada por la injusta sentencia que impidió la investigación de esos homicidios por más de 23 años.

Cuadro de texto:


Para más información:
Mariana Gurrola, Comunicación CMDPDH
comunicacion@cmdpdh.org
Tel: (55) 55642582, ext. 114

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