Ginebra, Suiza a 18 de junio de 2015.- En el marco del 29° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se lleva a cabo en Ginebra, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Artículo 19 Oficina México y Centroamérica, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático Derecho, la Fundación para el Debido Proceso, GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, expresaron su preocupación en una declaración conjunta sobre la grave situación que afecta la independencia de las principales instituciones judiciales en México.

Las organizaciones señalaron, que el alarmante contexto actual en materia de derechos humanos al que se enfrenta México y la impunidad para esclarecer casos de violaciones graves a derechos humanos, hacen imperante que exista un sistema judicial sólido, independiente, imparcial y efectivo en sus actuaciones.

No obstante, la fuerte injerencia del Ejecutivo en el mecanismo de selección de ministros y/o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la falta de reglas claras, transparentes y objetivas, en apego a los estándares internacionales, impide la efectiva separación de poderes en un sistema democrático y de Estado de derecho, tal y como lo constató la Relatora Especial en su visita oficial a México en octubre de 2010.

Las organizaciones denunciaron que el proceso de nombramiento de ministros/as de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México se realiza fuera del marco de la transparencia y rendición de cuentas, lo cual resulta profundamente negativo para la independencia de este máximo tribunal. Afirmaron que este sistema, que consiste en que el Ejecutivo nomine una terna al Senado por cada vacante, no incentiva a que se seleccionen a personas que satisfagan los requisitos de imparcialidad e independencia, que se tome en cuenta la trayectoria ética y democrática de las y los candidatos, ni tampoco a que se presenten las personas que tengan más experiencia y cualificación para resolver problemas jurídicos, principalmente ante una renovada constitución que pone en el centro el principio pro persona y los derechos humanos de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación.

Como fue denunciado por diversas organizaciones de la sociedad civil, la falta de independencia judicial en el máximo tribunal de justicia en México se vio evidenciada el pasado 14 de abril cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de la figura del arraigo. De acuerdo a las organizaciones, expertos/as y académicos/as, esta decisión no sólo constituyó un retroceso para el Estado democrático de derecho, y contraria a las obligaciones internacionales del Estado Mexicano en materia de derechos humanos, sino que además preocupó particularmente la parcialidad con la que decidió Eduardo Medina Mora, recién nombrado Ministro de la SCJN en marzo del 2015 – después de que fuera propuesto para ese cargo por el Presidente Enrique Peña Nieto – quien además de ser un férreo defensor de la figura del arraigo, se encontraba al frente de la PGR cuando se solicitará el arraigo materia de decisión de la SCJN.

Por otro lado, las organizaciones señalaron ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que la jurisdicción militar tal y como se regula actualmente, no garantiza los principios para la correcta administración de justicia en relación a su independencia e imparcialidad, al pertenecer a la esfera del poder ejecutivo. El hecho de que la jurisdicción penal militar esté integrada por magistrados y jueces que son oficiales militares nombrados por la Secretaría de Defensa, conlleva en la práctica a que funcionarios del Poder Ejecutivo desempeñen funciones jurisdiccionales. Ello es contrario al principio de separación de poderes y a la independencia inherente a todo tribunal de justicia. Lo anterior se agrava bajo el hecho de que magistrados y jueces, en su condición de militares, están sometidos a los principios de obediencia jerárquica y disciplina inherentes a la función castrense.

Las organizaciones hicieron un llamado a los países miembros del Consejo a que pongan especial atención de lo que actualmente sucede en México y en particular, sobre el papel de las instituciones encargadas de administrar justicia ante violaciones a derechos humanos. Solicitaron a la Relatora Especial de independencia de magistrados y jueces de Naciones Unidas dé seguimiento sobre el cumplimiento por parte del Estado mexicano de las recomendaciones emitidas en ocasión a su visita a México en 2010. Pidieron supervisar el nombramiento de ministros de la SCJN que se llevará a cabo a finales de este año y solicitaron su cooperación para lograr los cambios institucionales que el país requiere para garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial.

Declaración Conjunta de las organizaciones sobre independencia judicial en México en 29° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

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Información adicional y documentos de referencia:

 

Para más información:
Luis María Barranco, Comunicación CMDPDH
comunicacion@cmdpdh.org
Tel: (55) 55642582, ext. 114

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