CONCLUSIONES

El consenso internacional en materia de política de drogas se ha fracturado y una parte importante del mundo está señalando que dichas políticas han fallado. Han fallado en sus objetivos oficiales de asegurar el acceso a las drogas para fines científicos y medicinales y prohibir el acceso a drogas para usos no médicos. No se han reducido la producción, ni la comercialización, y tampoco se han afectado sustancialmente los precios de las drogas ilícitas.

Por el contrario, la escala global de los mercados de drogas ilegales ha crecido y el consumo mundial de drogas continúa en aumento pese al incremento de recursos destinados a políticas prohibicionistas. Por ejemplo, de acuerdo a estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en un periodo de 10 años, de 1998 a 2008, el consumo de opiáceos incrementó en un 34.5%, el de cocaína en un 27% y el de cannabis en un 8.5%. Asimismo, la diversificación del mercado de drogas sintéticas ha ido en aumento en los últimos años, registrando en 2014 un total de 541 nuevas sustancias psicoactivas en 95 países.

Por otro lado, la ONUDD calcula que un total de 246 millones de personas, o 1 de cada 20 personas entre 15 y 64 años de edad, consumió un tipo de droga ilícita en 2013; y 1 de cada 10 consumidores, es decir 27 millones de personas, sufre trastornos de salud ocasionados por el consumo problemático de drogas. Pese a ello, sólo 1 de cada 6 personas que presentan un consumo problemático de drogas, tienen acceso a tratamiento y servicios de salud.

No obstante, pese al aumento en los niveles de consumo de drogas ilícitas, la tendencia mundial del consumo problemático de sustancias, así como de muertes relacionadas con el consumo de drogas, ha permanecido casi sin variación desde el 2006 – se calculan 187,100 muertes relacionadas con el consumo de drogas en el año 2013 –. Por el contrario, las políticas prohibicionistas basadas en el régimen internacional de control de estupefacientes se han endurecido y han paradójicamente contribuido a fortalecer la criminalidad y a socavar la gobernabilidad y estabilidad de los Estados.

Ello supone que el problema mundial de las drogas se ha convertido principalmente en una lucha contra organizaciones criminales, y cada vez menos en un asunto relacionado a las consecuencias en la salud del consumo de las mismas.

En México, los resultados del régimen internacional de control y fiscalización de drogas han sido devastadores. Desde el 2006 que el ex Presidente Felipe Calderón declaró una guerra frontal contra la delincuencia organizada con el objeto de “salvar a nuestros niños y jóvenes de las garras de las drogas y las adicciones”, los índices de violencia, inseguridad y corrupción aumentaron alarmantemente.

Lo anterior se ve reflejado en el aumento exponencial de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas de seguridad (Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Procuraduría General del a República, Policía Federal que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública Federal ahora de la Secretaría de Gobernación) entre el periodo de 2006 y 2012, las cuales alcanzaron un total de 213 recomendaciones por violaciones a derechos a humanos relacionadas con la privación de la vida, tortura, trato cruel, inhumano o degradante, desaparición forzada de personas, entre otras. Esta cifra representa el 39.8% del total de recomendaciones emitidas en ese periodo, lo cual contrasta con el número total de recomendaciones que fueron emitidas en el periodo de 1990 a 2005 contra las fuerzas de seguridad, las cuales representaron el 11.7%.

La militarización de la seguridad pública como estrategia empleada en el país en la guerra contra las drogas, implicó el despliegue de fuerzas armadas que cumplen funciones de seguridad pública, llegando a 50,000 efectivos en 2012, de acuerdo al Relator Especial de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes de Naciones Unidas. Esto resultó en 51,568 detenciones a civiles llevadas a cabo por militares en el periodo de 2006 a 2012.

La política de seguridad vigente que se funda según las palabras del ex Presidente Calderón en “una guerra sin cuartel para liberar a México de las garras de la delincuencia, de la violencia y de las drogas” se ve, particularmente reflejada en las 4,055 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y en las 1,207 denuncias por tortura cometidas por militares; en los no menos de 70,000 homicidios dolosos relacionados con el tráfico de drogas reportados por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, de un total de 102,696 homicidios, y en las 25,821 personas desaparecidas que reporta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. De igual forma en las 8,595 personas detenidas arbitrariamente bajo la figura del arraigo tan solo a nivel federal, así como en las 281,418 personas que han sido forzadas a desplazarse internamente a causa de la violencia.

Los costos que la política de drogas ha tenido en el sistema de justicia penal mexicano, son igualmente preocupantes. El porcentaje de personas detenidas por delitos contra la salud en el fuero federal continúa siendo sumamente alto, representando en 2012 el 61.5% del total de las detenciones realizadas a nivel federal. Los casos de posesión y consumo representan el mayor número de averiguaciones previas iniciadas por instancias federales, constituyendo en 2009 el 68% del total de averiguaciones previas por delitos contra la salud. Asimismo, los delitos contra la salud siguen representando el principal delito de las sentencias a nivel federal, alcanzando su porcentaje más alto en 2010 al representar el 60.2% del total de las sentencias dictadas.

Por otro lado, la dura persecución penal del consumo y posesión de drogas, afecta principalmente a mujeres, jóvenes, personas usuarias y poblaciones callejeras: 80% de las mujeres privadas de libertad en centros de reclusión federales se encuentran sentenciadas por delitos relacionados con drogas; 95% de las y los jóvenes en prisión procesados por delitos contra la salud, pertenecen a los eslabones más bajos de la cadena de producción, distribución y venta de sustancias ilícitas; los menores de edad procesados penalmente por comercio de drogas aumentaron de 6 en, 2009, a 68, en 2012; 7 de cada 10 personas usuarias que han sido detenidas en la Ciudad de México han sido extorsionadas por la policía; de las 21 muertes que se contabilizaron en 2014 de personas en situación de calle, 10 fueron causadas por el consumo problemático de solventes.

En 2016 la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará una Sesión Especial sobre drogas (UNGASS por sus siglas en inglés) con el objetivo de evaluar la implementación de la Declaración Política y Plan de Acción sobre drogas de 2009. Este será un momento clave para evaluar y repensar la efectividad del marco normativo internacional, incluida su aplicación a nivel nacional. En dicha evaluación se deberán incorporar las observaciones de los diversos órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, así como los análisis que han realizado diversas organizaciones de la sociedad civil. Los gobiernos tendrán que escuchar otras voces, como aquellas de las víctimas de la violencia generada por estas políticas y tendrán que hacer una revisión de la vigencia de las convenciones, a partir de nuevos indicadores de éxito y fracaso y la derogación de todos aquellos conceptos sobre los que se ha estructurado el esquema actual que ha fracasado.

Es por esto que el 19 de junio de 2015, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Fundación Friedrich Ebert, el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Equis Justicia para las Mujeres, el Caracol, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD), Estudiantes por una Política Sensata de Drogas (EPSD), ReverdeSer Colectivo y Espolea, organizamos el Foro Internacional “Políticas de Drogas y Derechos Humanos”, en el que participaron expertos nacionales e internacionales que vertieron sus análisis, preocupaciones y propuestas frente a la situación de los derechos humanos en México y su relación con la política de drogas actual.

De este foro concluimos que el país está en el momento clave para promover una evaluación integral de su política de drogas, incluida la legislación aplicable, así como sus efectos en las personas y comunidades, con miras a adoptar una política coherente, que respete las diversas realidades políticas, sociales y culturales, y que transmita al resto de los países, en el marco de la UNGASS 2016, la necesidad de impulsar un régimen mundial de drogas que:

  1. No sea una amenaza para la salud y para la seguridad ciudadana; en el que el consumo de drogas, en vez de ser penalizado, sea atendido a través de tratamientos de salud y programas de reducción de daños y riesgos.
  2. No fomente la discriminación, respete la dignidad de las personas y derechos de las y los consumidores; en el que los grupos y las personas en situación de mayor riesgo y vulnerabilidad no sean estigmatizadas, criminalizadas y/o sometidas a tratamientos forzosos.
  3. Sea respetuoso de los derechos humanos y que garantice la seguridad pública; en el que se racionalice el uso del derecho penal y se limite el uso del encarcelamiento para delitos no violentos relacionados con drogas; en el que la investigación y sanción de los delitos cometidos por las personas que forman parte del crimen organizado no consista en la erosión de los derechos humanos ni del debido proceso legal; en el que las fuerzas armadas y militares con licencia no participen en tareas de seguridad pública asignadas a la policía y en el que se haga efectiva la prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes; en el que los países cuenten con legislación en materia de uso de la fuerza y en el que el uso de las armas de fuego por funcionarios se restrinja conforme a las obligaciones internacionales existentes.
  4. Fomente el desarrollo y no socave las instituciones democráticas de los Estados; en el que se promuevan acciones para alcanzar sociedades pacíficas e inclusivas a través de programas sociales y de salud, y se desincentive el enriquecimiento de organizaciones criminales, la violencia y la corrupción que se genera por políticas de represión y castigo.

Para esto, resulta necesaria una reorientación de las prioridades en materia de políticas públicas y la construcción de nuevas perspectivas basadas en la investigación y análisis del impacto de las estrategias y programas que han fracasado. Hay países que ya han dado pasos en este sentido, abriendo el camino a nuevos modelos de política de drogas. México debe mirar estos esfuerzos como experiencias valiosas de las cuales podemos aprender.

Esperamos que México continúe liderando a nivel internacional la necesidad de replantear la política de drogas, no solo en la forma, sino con propuestas concretas, para lo que tendrá que asumir una postura propositiva que facilite la construcción de un nuevo modelo que ponga en el centro el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Share This

Comparte

Comparte este post en tus redes.

Shares
A %d blogueros les gusta esto: