- La Universidad Autónoma de Tlaxcala, la OMCT, la CMDPDH, INSYDE, el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, y el Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional, nos solidarizamos con las víctimas de tortura en México, mostrando nuestra indignación por la continuidad de esta práctica con total impunidad en el país.
Reunidos, la UATx, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Instituto para la Seguridad y la Democracia A. C. (INSYDE), el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y el Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional (CEDEJI), destacamos la importancia que tiene el reconocimiento de las dimensiones reales de la tortura en México, para instrumentar políticas públicas adecuadas y efectivas para prevenirla, investigarla, procesarla y castigarla efectivamente.
Es necesario que el proceso de reformulación del marco legal de aplicación nacional, iniciado con la recién aprobada reforma del artículo 73 de la Constitución, se realice desde un enfoque que tenga a la víctima como el centro de las acciones y que sea también normativo y holístico, teniendo en cuenta todos los retos vinculados a prevenir y erradicar la tortura, con el fin de contar con un instrumento legal que constituya una herramienta clave para su erradicación eficaz.
Asimismo, en la construcción de esa nueva ley, el Congreso de la Unión debe asegurar la participación de las víctimas, la sociedad civil, especialistas en la materia y personas interesadas, a la vez que deberá considerar experiencias exitosas y buenas prácticas de otros países en la prevención y erradicación de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En el Foro participaron como ponentes: Luis González Placencia, Serafín Ortíz, Genaro Camero, Andrés Rodríguez Ríos y José Mario Galán de la UATx; Javier Hernández Valencia, Representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Lucía Chávez y José A. Guevara, de la CMDPDH; Santiago Canton y Helena Solà Martín, en representación de la OMCT; Anél Ortega y Humberto Guerrero de CEDEJI; Argentina Casanova, Isabel Martínez, Héctor Pérez, Ernesto Cárdenas, Ibeth Estrada y Ernesto López Portillo de INSYDE; Cristina Cortés del Colectivo Organizaciones Proderechos Humanos de Michoacán; Juan Carlos Arjona y Santiago Corcuera de la Universidad Iberoamericana; Fernando Coronado y Alejandra González Marín.
Santiago Canton, ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, miembro del Consejo Ejecutivo de la OMCT y director del Robert F. Kennedy Human Rights, lamentó que “aunque jurídicamente la prohibición de la tortura es absoluta, en la realidad no es así”, concluyendo que existe una práctica sistemática y estructural de la tortura en la mayoría de los países de nuestra región.
Por su parte Santiago Corcuera, académico de la Universidad Iberoamericana y miembro del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, destacó que en México existe una ausencia de un adecuado marco legal y no se cuenta con una tipificación adecuada de la tortura. Juan Carlos Arjona, profesor de la Universidad Iberoamericana, declaró que el Foro se realizó en un “momento muy oportuno” y subrayó la necesidad de “poner a las víctimas de tortura en el centro del proceso legislativo”.
Durante los dos días de ponencias también se discutieron problemáticas concretas que deberían formar parte del debate previo a la reforma legal: la ausencia de investigaciones prontas, eficaces e independientes, así como de mecanismos que mejorarían la práctica – ahora deficiente – de las investigaciones, tales como la eliminación de la posibilidad de encargar las investigaciones a las mismas autoridades a las que se les imputan los hechos violatorios de derechos humanos; la necesidad de hacer frente, en el plano legal, a la ausencia de garantías en el momento de la privación de libertad; el ampliar el abanico de pruebas con las que se puede constatar la tortura y el reconocimiento de la violencia de género como un acto que puede constituir tortura así como el rol marginal del acompañamiento psicosocial a las víctimas, a pesar de ser un elemento clave para su rehabilitación.
En las conclusiones, el Secretario Académico de la UATx, Luis González Placencia, mostró su preocupación por que la sociedad normalice el tema de la tortura y fue enfático en la prohibición absoluta que ésta representa. Ernesto López Portillo, en representación de Insyde, se refirió a la Campaña Nacional para prevenir la Tortura y la importancia de que moral y jurídicamente la tortura sea una conducta reprochable. Por su parte, José A. Guevara, director ejecutivo de la CMDPDH, explicó el documento preparado por la propia CMDPDH y la OMCT, “Bases para elaboración de una Ley eficaz de aplicación Nacional contra la Tortura” como insumo para la construcción de la ley prevista en la reforma constitucional al artículo 73 y que presentarán en los próximos días.
Es necesario reconocer el contexto generalizado y sistemático de la tortura en México, con la importancia de garantizar su tipificación adecuada, así como la urgencia de una Ley que incorpore los más altos estándares internacionales en materia de prevención, investigación, sanción y reparación de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Para más información:
Mariana Gurrola, Comunicación CMDPDH
comunicacion@cmdpdh.org
Tel: (55) 55642582, ext. 114
Helena Solà Martín, OMCT
hs@omct.org
Tel: +41 22 809 4939
