Las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos la presente nos dirigimos a Usted con el fin de manifestar nuestra preocupación ante la falta de mecanismos que propicien el diálogo y la participación en la construcción de la Ley General contra la Tortura, dirigidos a organizaciones de la sociedad civil, víctimas, y personas interesadas en la materia.

Como es de su conocimiento, el pasado 10 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73 que faculta al Congreso a expedir leyes generales en diversas materias, entre ellas tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Dicha Ley General, deberá expedirse dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la mencionada reforma.

No obstante, pese a las demandas que hemos manifestado organizaciones de la sociedad civil[1] que acompañamos a víctimas de tortura, a fin de contribuir en la creación de una Ley General que retome los más altos estándares internacionales en la materia, al momento, no hemos sido informadas sobre los avances en la elaboración de esta Ley, y tampoco hemos sido convocadas a contribuir y aportar, desde nuestra experiencia de acompañamiento, en este debate.

Señor Presidente, en momentos difíciles como los que definen hoy la situación de México, la creación de una Ley que aspire a la efectiva prevención, erradicación y sanción de la tortura, debe inexorablemente ser un ejercicio democrático que involucre las diversas voces que han demandado en los últimos años la creación de este marco normativo.

Por lo anterior, y como parte de un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, le solicitamos que a la brevedad, se giren las instrucciones necesarias para que las dependencias encargadas de la construcción de la Ley General contra la Tortura, informen de los avances de su elaboración y diseñen un mecanismo que garantice la efectiva y oportuna participación de organizaciones de la sociedad civil, víctimas y personas interesadas en la materia, el cual retome las principales preocupaciones y propuestas que surjan de dicho proceso. En un tema tan sensible e importante para el país, esta participación debe ser el pilar para la legítima construcción de esta Ley.

Preocupación particular nos merece que estamos a unos cuantos días que dé inicio el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, por lo que desde este momento manifestamos que una iniciativa del Ejecutivo presentada como preferente podría ser el inicio de un proceso de imposición de contenidos de la Ley General contra la Tortura, razón por la cual le exhortamos a que en tanto el proyecto de Ley no sea consecuencia de un proceso participativo, el mismo no sea presentado como preferente.

Sin otro particular, y en espera de su respuesta, le enviamos un saludo.

Atentamente,
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC); Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD);  Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGO DH); Equis Justicia para las Mujeres; Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.; Paso del Norte A.C.; Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI); Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C.; Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad  de México; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República mexicana); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.; Jass Asociadas por lo Justo A.C.; Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

c.c.p. Miguel Ángel Osorio Chong. Secretario de Gobernación. Para su conocimiento y atención.

Arely Gómez González. Procuradora General de la República. Para su conocimiento y atención.

Roberto Campa Cifrián. Subsecretario de Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación. Para su conocimiento y atención.