México, D.F. a 26 de agosto de 2015.- Hoy, a los 41 años cumplidos de la desaparición forzada del activista y líder social, Rosendo Radilla Pacheco, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos realizamos un acto simbólico frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), con el objetivo de hacer llegar el mensaje que la impunidad no puede seguir prevaleciendo en el caso de la desaparición del señor Radilla, ni en las decenas de miles de personas desaparecidas en nuestro país.

El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, activista, líder social y compositor de corridos, fue detenido y desaparecido por integrantes del Ejército Mexicano en un retén militar en la carretera entre Atoyac de Álvarez y Chilpancingo, en el Estado de Guerrero. La desaparición forzada del señor Radilla se llevó a cabo en el contexto de la denominada “Guerra Sucia”. En esa época, que comprendió la segunda mitad de los años sesenta, la década de los setenta y principios de los ochenta se cometieron un gran número violaciones graves a los derechos humanos, como la desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales y la tortura de manera sistemática y generalizada con el objetivo de reprimir los diferentes movimientos sociales, políticos y armados. El estado de Guerrero fue uno de los lugares donde se vivió la represión de manera más cruda.

Desde la detención arbitraria del señor Radilla su paradero sigue siendo desconocido. La detención y posterior desaparición forzada del Señor Radilla fue denunciada por la familia ante las instancias del gobierno. Debido a la falta de una respuesta y debida diligencia por parte del gobierno mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió en 2009 su primer sentencia contra el Estado mexicano por violaciones graves a derechos humanos, ordenando una serie de medidas de reparación.

A casi 6 años de emitida la Sentencia de la CoIDH no existe ninguna persona consignada ni sancionada por ese abominable delito. Tampoco se conoce la suerte o paradero del señor Radilla ni de las más de 500 personas desaparecidas en el estado de Guerrero durante la Guerra Sucia.

A raíz del caso Radilla se han originado importantes cambios estructurales en la vida pública del país, como lo fue la reforma al Código de Justicia Militar, la obligación de adoptar estándares de derecho internacional en relación a la investigación y sanción de la desaparición forzada, sin que a la fecha se tengan resultados. Peor aún, los responsables materiales e intelectuales de estas violaciones no han sido llevados ante la justicia.

El caso fue parte de la investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos la cual concluyó en un Informe Especial publicado en el año 2001 conjuntamente con la recomendación 26/2001. Asimismo, fue parte de las infructuosas investigaciones de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSSP).  Pese a las diversas recomendaciones de organismos internacionales y sentencias de la CoIDH, estos hechos siguen impunes

Por ello, a 41 años de la desaparición forzada del señor Radilla exigimos al Estado mexicano que cumpla con la reparación integral que señala la sentencia de la CoIDH y en específico solicitamos a la PGR como la autoridad responsable de la investigación los siguientes puntos:

  1. Trasladar la investigación penal del caso hacia la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Procuraduría General de la República, para que sea esta Unidad la que continúe con la averiguación previa;
  2. Crear una base de datos donde se conjunte toda la información recabada hasta la actualidad en torno a la denominada “Guerra Sucia”. Por lo que, se solicita ordenar, sistematizar y resguardar en una base de datos digital, todos los datos y pruebas documentadas por las distintas instituciones públicas que han participado en la  investigación de los hechos ocurridos, así también aquella información que estuviera clasificada de cualquier otra dependencia o institución pública que haya tenido participación directa o indirectamente en la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla.
  3. Realizar una investigación contextual, es decir, que no sólo se avoque a la investigación de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla, sino que se encuadre dentro del contexto de las más de 500 desapariciones forzadas tan sólo en el estado de Guerrero, con el fin de relacionar la información y poder identificar a los responsables eficazmente.
  4. Realizar un análisis minucioso de la prueba documental existente en torno a las desapariciones forzadas ocurridas en la época, a fin de poder determinar la estructura jerárquica y organigrama de los Batallones presentes en el estado de Guerrero, así como de cualquier otra dependencia federal o local que haya tenido participación en las detenciones masivas con motivo de la Guerra Sucia.
  5. Investigar si la Secretaría de la Defensa Nacional conserva archivos o expedientes que no se hallen ni en fuero civil ni en el Archivo General de la Nación y, de ser el caso, solicitar remita dicha información a fin de integrar debidamente la investigación penal.
  6. Solicitar información a aquellos Estados que hayan colaborado directa o indirectamente con el Estado mexicano durante las distintas operaciones para combatir a los grupos insurgentes durante la Guerra Sucia.
  7. Finalmente, solicitamos que después de esta investigación exhaustiva que abarque desde obtener testimoniales de las personas que hubieren estado colaborando en los Batallones establecidos en el estado de Guerrero durante la década de los 70 y 80, hasta una exhaustiva búsqueda documental, se determine puntos de excavación más certeros, ello con el fin de no seguir realizando excavaciones infructuosas, que sólo desgastan a las víctimas.
En los últimos años hemos sido testigos del resurgimiento de la desaparición forzada con una fuerza estremecedora.  A las más de 788 víctimas de desaparición de la Guerra Sucia, se han sumado más de 26 mil, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

La impunidad de los delitos del pasado, han contribuido a que los hechos violatorios de derechos humanos vuelvan a ocurrir. Es necesario que el Estado mexicano tome medidas efectivas para poner fin a un aberrante delito que ha afectado a decenas de miles de familias mexicanas.


Para más información:
Mariana Gurrola, Comunicación CMDPDH
comunicacion@cmdpdh.org
Tel: (55) 55642582, ext. 114
Cel: 04455 4013 6188

Share This

Comparte

Comparte este post en tus redes.

Shares
A %d blogueros les gusta esto: